Para que nos reunimos
Ma?ana, lunes, va a reunirse la Mesa de Ajuria Enea. La convocatoria obedece a la petici¨®n expresa de tres de sus miembros, que, de acuerdo con las reglas que la propia Mesa se ha impuesto, no pod¨ªa ser desatendida por su presidente.La petici¨®n, por su parte, ha venido motivada por dos acontecimientos recientes: de un lado, la resoluci¨®n judicial de excarcelar sin fianza al procesado Rodr¨ªguez Galindo y, de otro, la decisi¨®n pol¨ªtica de denegar a los jueces la desclasificaci¨®n y posterior entrega de una serie de documentos del Cesid que, previamente, mediante otra decisi¨®n pol¨ªtica, hab¨ªan sido clasificados como secretos. Estos dos acontecimientos, con todas sus circunstancias y consecuencias, constituir¨¢n el orden del d¨ªa de la reuni¨®n.
En esta ocasi¨®n, la propia convocatoria de la Mesa se ha visto rodeada de pol¨¦mica. Ha sido calificada de inoportuna, equivocada, improcedente, perjudicial y hasta disparatada. Para algunos, o bien los acontecimientos rese?ados no competen en absoluto a la Mesa, o bien el clima de discrepancia pol¨ªtica existente en torno a ellos desaconsejar¨ªa una reuni¨®n que, en su opini¨®n, estar¨ªa abocada de antemano a fracaso.
No voy a pronunciarme sobre las cr¨ªticas, que cada cual es libre de emitir, ni voy a anticipar los contenidos concretos de una reuni¨®n, cuyo resultado depender¨¢ de la actitud y de la aportaci¨®n de cada uno de sus miembros. Pero, estando las cosas como est¨¢n, me ha parecido conveniente recurrir a este instrumento excepcional de dirigirme a la opini¨®n p¨²blica mediante un art¨ªculo de prensa, de modo que, despejados ciertos malentendidos, queden centrados tanto el sentido como la raz¨®n de ser de la reuni¨®n y propiciado el clima m¨¢s adecuado para su correcto desarrollo y positivo desenlace.
La Mesa de Ajuria Enea se debe a su carta fundacional, que no es otra que el Acuerdo para la Normalizaci¨®n y Pacificaci¨®n de Euskadi. En ¨¦l "nos comprometemos a velar Por que la necesaria defensa del Estado de derecho [...] se produzca siempre dentro del m¨¢s estricto respeto a la legalidad y de los derechos humanos en general, sinti¨¦ndonos legitimados para denunciar [ ... ] los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio".
No ser¨¢ ma?ana la primera vez que la Mesa de Ajuria Enea apele a este compromiso fundacional para pronunciarse sobre la trama de los GAL y sus implicaciones pol¨ªticas y judiciales. Lo ha hecho ya en repetidas ocasiones y, m¨¢s concretamente, en su declaraci¨®n del 11 de enero del presente a?o, en la que se exig¨ªa tanto el esclarecimiento total de los hechos delictivos del pasado como la consecuente determinaci¨®n de las responsabilidades contra¨ªdas y a¨²n no depuradas hasta el presente.
No es ¨¦sta, por lo dem¨¢s, una actitud que responda a ning¨²n deseo de venganza ni a voluntad alguna de aprovechar este asunto para un acoso interpartidario, que no tendr¨ªa cabida en materia tan delicada como ¨¦sta. La Mesa se mueve, m¨¢s bien, en este caso, por una convicci¨®n profunda y por un noble objetivo. La convicci¨®n de que la eventual impunidad futura de los delitos cometidos ser¨ªa tan nefasta para el proceso de pacificaci¨®n como la misma comisi¨®n en el pasado de los delitos que ahora se trata de esclarecer y enjuiciar. Y el objetivo de que las normas en que se articula concretamente nuestro Estado de derecho sirvan de verdad para hacerlo funcionar y no para entorpecerlo y obstaculizarlo.
Los acontecimientos que han motivado la reuni¨®n de ma?ana -excarcelaci¨®n sin fianza de un procesado por el caso GAL y denegaci¨®n a los jueces de los documentos reclamados- no son ajenos a ese compromiso fundacional de la Mesa ni a esa convicci¨®n y objetivo que todos sus miembros comparten. Todo lo contrario. Inciden de lleno en ellos. Es, pues, l¨®gico que la Mesa se re¨²na para. valorarlos y, sobre todo, para establecer pautas de comportamiento con vistas a un futuro que, en el caso que nos ocupa, est¨¢ todav¨ªa abierto y no deber¨ªa cogernos desprevenidos cuando vaya ocurriendo.
El silencio y la inhibici¨®n de la Mesa ser¨ªan, por el contrario, inexplicables, y hasta irresponsables. Los acontecimientos que ma?ana van a tratarse han creado ya, por s¨ª mismos, perplejidad e inquietud en los sectores m¨¢s activos y vigilantes de la sociedad. No han sido la Mesa ni su convocatoria las que han removido unas aguas supuestamente remansadas. Grupos pacifistas, fiscales, jueces, pol¨ªticos y medios de comunicaci¨®n hab¨ªan expresado, ya antes, opiniones profundamente divergentes. No se ha tratado de dos decisiones pac¨ªficas, sino muy controvertidas. Decisiones, adem¨¢s, que afectan a ¨¢reas tan sensibles para el sistema democr¨¢tico como la pacificaci¨®n y el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Exigir, en estas circunstancias, el silencio de la Mesa de Ajuria Enea equivaldr¨ªa a condenarla. a la m¨¢s absoluta irrelevancia pol¨ªtica y social, es decir, a la negaci¨®n de su misma raz¨®n de ser, que no es otra que la de actuar de referente para la normalizaci¨®n y pacificaci¨®n de Euskadi desde el fortalecimiento del Estado de derecho.
La Mesa se reunir¨¢ ma?ana, por otra parte, en un clima previo de profunda discrepancia entre sus miembros. A quienes quieran ver en esta circunstancia una raz¨®n para no reunirla, yo les recordar¨ªa que las discrepancias entre los miembros de la Mesa tienden a exacerbarse cuando no se re¨²nen y a amainar cuando lo hacen. La de ma?ana no tiene por qu¨¦ ser una excepci¨®n a esta regla, avalada por una experiencia de ocho largos a?os.
Y no lo ser¨¢. Quiz¨¢ discrepemos en la valoraci¨®n de las dos decisiones que han motivado la convocatoria. Pero estoy seguro de que, mirando a futuro, vamos a ser capaces de acordar criterios para que las normas que hoy articulan nuestro Estado de derecho sean mejores, de modo que principios tan b¨¢sicos del sistema democr¨¢tico como la igualdad de todos ante la ley, la responsabilidad del ejercicio de la funci¨®n p¨²blica, la transparencia de los actos del Gobierno, el derecho de todos a que la justicia ejerza sin trabas sus funciones y, sobre todo, la inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas no se vean obstaculizados en su realizaci¨®n pr¨¢ctica por una interpretaci¨®n torticera de la seguridad del Estado", que cada vez m¨¢s ciudadanos comienzan a temer que pueda acabar convirti¨¦ndose en una mera coartada de impunidad para quienes ejercemos. el poder desde sus diversas instancias.
Si lo logramos, habremos contribuido a avanzar en la resoluci¨®n de un conflicto de intereses que, no lo olvidemos, todo Estado democr¨¢tico tiene planteado y ninguno ha sabido todav¨ªa resolver a plena satisfacci¨®n. Habremos contribuido tambi¨¦n a recuperar la confianza ciudadana en el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Y habremos hecho, sobre todo, un gran servicio a la normalizaci¨®n y pacificaci¨®n de nuestro pa¨ªs.
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