El fiscal anticorrupci¨®n quer¨ªa el "caso Soller" pero el Consejo Fiscal lo descart¨®

La Fiscal¨ªa Especial para la Represi¨®n de los Delitos Econ¨®micos Relacionados con la Corrupci¨®n, que encabeza Carlos Jim¨¦nez Villarejo, era claramente favorable a asumir la investigaci¨®n del caso S¨®ller, el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP de Baleares en 1989 a cambio de la concesi¨®n del t¨²nel de S¨®ller. Sin embargo, el Consejo Fiscal, con mayor¨ªa de la Asociaci¨®n de Fiscales de car¨¢cter conservador descart¨® meses atr¨¢s tal opci¨®n y el fiscal general del Estado, Carlos Granados, asumi¨® este criterio.

La decisi¨®n se gest¨® poco despu¨¦s de las pasadas elecciones del 3 de marzo, antes de la toma de posesi¨®n del nuevo Gobierno Aznar, seg¨²n confirmaron ayer fuentes conocedoras del tema.Ejemplo de las previsiones de actuaci¨®n luego frustradas es que Jim¨¦nez Villarejo ya hab¨ªa intercambiado informaciones sobre el contenido del sumario y l¨ªneas de indagaci¨®n pendientes con el fiscal del caso S¨®ller, Juan Carrau, que act¨²a en solitario, sin plena dedicaci¨®n posible y medios limitados.

Requisitos

El informe de la Fiscal¨ªa de Baleares, elaborado por Carrau y avalado por el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, ponderaba que las caracter¨ªsticas penales del esc¨¢ndalo cumpl¨ªan la mayor¨ªa de requisitos de competencia especificados, para la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: especial trascendencia o relevancia; un presunto cohecho en el que intervinieron aparentemente autoridades, funcionarios o altos cargos en un acto injusto; posible relaci¨®n entre la corrupci¨®n, enriquecimiento derivado del abuso de la funci¨®n p¨²blica, y la erosi¨®n de los intereses generales de la colectividad. Uno de los presupuestos esenciales por los que se impuls¨® la nueva Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n fue el de actuar "ante la complejidad, trascendencia y dificultades probatorias de ciertos delitos ( ... ) para garantizar una respuesta m¨¢s eficaz frente a ellos cuando afecten gravemente al inter¨¦s general". Son palabras del fiscal Granados en su instrucci¨®n n¨²mero 1 de enero de 1996, sobre competencias y organizaci¨®n del nuevo organismo que fue creado en abril del pasado a?o."El caso S¨®ller cumpl¨ªa todos los requisitos para ser incorporado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n", indic¨® ayer un fiscal que conoce el informe elevado desde Baleares sobre este esc¨¢ndalo de presunta corrupci¨®n pol¨ªtica, el de mayor relieve que se ha destapado en las islas y que motiv¨® la renuncia del que era presidente del Gobierno balear y del PP, Gabriel Ca?ellas, y la ca¨ªda del secretario general del PP, Jos¨¦ Antonio. Berast¨¢in.

Poca infraestructura

La escasez de infraestructura de la fiscal¨ªa de Baleares para actuar con diligencia en este complejo asunto es evidente. En la fiscal¨ªa insular no existe una moderna dotaci¨®n de sistemas inform¨¢ticos ni tampoco equipos auxiliares de investigaci¨®n. Ni siquiera el fiscal jefe dispone de una secretaria propia. Adem¨¢s, el caso S¨®ller lleva ya dos a?os de instrucci¨®n desde el sumario primigenio, la quiebra de la agencia Brokerval-Inverbroker y la trama de dinero negro que se manej¨®.Esta es una herida abierta en el costado del Partido Popular balear, porque en el proceso est¨¢n ya imputados los m¨¢ximos responsables durante doce a?os de la organizaci¨®n, conservadora y del Gobierno balear: el ex presidente Gabriel Ca?ellas -a quien el jueves respald¨® p¨²blicamente el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes- y el a¨²n consejero Jos¨¦ Antonio Berast¨¢in. Abel Matutes ha reclamado la presunci¨®n de inocencia de ambos y ha dicho que "han prestado grand¨ªsimos servicios".