El Gobierno conservador franc¨¦s negocia por primera vez con los emigrantes africanos en huelga de hambre

Los 300 africanos sin papeles encerrados en la iglesia de Saint-Bernard, en Par¨ªs, han logrado al fin que el Gobierno les mire a los ojos. El primer ministro, Alain Jupp¨¦, acort¨® sus vacaciones y reuni¨® ayer a nueve ministros afectados por el caso, de Interior a Asuntos Sociales pasando por Justicia o Acci¨®n Humanitaria, y orden¨® al titular del Ministerio del Interior, Jean Louis Debr¨¦, que recibiese de inmediato a Ababacar Diop, el portavoz de quienes el d¨ªa antes eran descritos por Debr¨¦ como "alborotadores" o "violadores de la ley que yo aplico".

Ababacar Diop, senegal¨¦s, ex futbolista, inform¨¢tico, vive en Francia desde 1988, pero las leyes Pasqua de 1994 le han convertido en un clandestino. Salpica sus declaraciones con citas de Descartes o Victor Hugo y, lo que es m¨¢s doloroso, de frases entresacadas del programa electoral del presidente Jacques Chirac: "Una Francia para todos". Ayer, al llegar a la puerta del Ministerio del Interior, un periodista le record¨® que Jean-Louis Debr¨¦ hab¨ªa declarado hace menos de cuatro d¨ªas que "negociar ser¨ªa una cobard¨ªa". Diop, siempre colgado de su tel¨¦fono port¨¢til, opt¨® por sonre¨ªr y no responder. Luego, una vez finalizada la entrevista, se limit¨® a comunicar a la prensa que los 10 huelguistas de hambre, incluido el hospitalizado anteayer, persist¨ªan en su negativa a alimentarse: "Seguimos en el punto cero".El Gobierno, v¨ªctima de un radicalismo verbal que no ha ido acompa?ado de acci¨®n alguna, ha visto como en el asunto de los emigrantes ilegalizados perd¨ªa la batalla de la opini¨®n p¨²blica. Ahora, cuando un 56% de los franceses quiere que el Gobierno negocie, ¨¦ste intenta recuperar la iniciativa haciendo concesiones y buscando en qui¨¦n descargar responsabilidades. Ayer, Interior pidi¨® un dictamen al Consejo de Estado sobre este caso.

Las llamadas leyes Pasqua han creado un vac¨ªo legal en ciertos casos al modificar las normas de acceso a la nacionalidad francesa. Adem¨¢s, sus contradicciones han abierto la puerta a la arbitrariedad. Unos 117 de los 300 africanos encerrados han visto rechazada su demanda de asilo, pero entre los 48 que s¨ª han obtenido permiso de residencia figuran personas cuya situaci¨®n legal era id¨¦ntica a las que les fue denegado.

El Consejo de Estado, aparte de un respiro relativo de 10 d¨ªas, puede ofrecerle una v¨ªa de escape al Gobierno, ya sea dando una cobertura legal indiscutible a su decisi¨®n de expulsar a los africanos, ya sea, como es m¨¢s que probable, poniendo en cuesti¨®n no tanto la ley como los decretos de aplicaci¨®n de la misma, una argucia jur¨ªdica que evitar¨ªa un nuevo rid¨ªculo a Debr¨¦ pero tambi¨¦n a Charles Pasqua, haciendo recaer todas las culpas en la confusa prosa administrativa de un funcionario.

Hace dos meses s¨®lo 300 personas acudieron a una manifestaci¨®n de solidaridad con los africanos. Ayer, en Par¨ªs, el cortejo reuni¨® a miles de ciudadanos que, al ritmo de los tam-tam y encabezados por un grupo de mujeres vestidas con el bub¨² tradicional, desfilaron por el centro de la ciudad hasta la iglesia de Saint-Bernard.