Aluvi¨®n de cr¨ªticas pol¨ªticas y Jur¨ªdicas al proyecto de ley de Secretos Oficiales
El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno recibi¨® ayer, en el inicio del curso parlamentario, una abundante cosecha de cr¨ªticas pol¨ªticas, jur¨ªdicas y period¨ªsticas. El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch cree "manif¨ªestamente excesivo" el r¨¦gimen sancionador, que para la Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa es "un verdadero dislate". Seg¨²n la portavoz de IU-IC, Rosa Aguilar, "m¨¢s que una ley de secretos es una ley de manos libres". En el ¨¢mbito jur¨ªdico, mientras la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria advierte del riesgo de "quiebra de los esquemas jur¨ªdicos" la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura rechaza la posibilidad de sancionar hechos no delictivos.
El chaparr¨®n de cr¨ªticas oblig¨® a salir en defensa del proyecto de ley al vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos y al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Ambos recordaron que el articulado puede ser modificado durante su tramitaci¨®n en el Parlamento, una vez que se reciba el dictamen del Consejo General del Poder Judicial.De hecho, Mayor Oreja expres¨® su convencimiento de que "al final" de la tramitaci¨®n parlamentaria, la ley ser¨¢ "razonable y democr¨¢tica". "No hay ning¨²n motivo para que sea una ley m¨¢s complicada ni m¨¢s beligerante contra ninguna libertad" que las de otros pa¨ªses occidentales, a?adi¨® Mayor. Ante las cr¨ªticas de que se trata de un texto aberrante", el ministro replico que "cuando se publique en el BOE, los espa?oles ver¨¢n que no es un proyecto aberrante".
El ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, considera que "hay excesos evidentes, como el tratamiento en relaci¨®n a los medios de comunicaci¨®n". "Me parece que el viraje [del PP] es un poco sorprendente, es excesivo. No se puede pasar de entender que hay que dar todos los documentos secretos a los jueces siempre que se piden, como se entendi¨® en la oposici¨®n, a un mecanismo en el que el periodista no pueda ni procurarse una fotocopia de un documento secreto, sin necesidad de divulgarlo, porque tiene un riesgo de multa [de un mill¨®n de pesetas]".
El ex ministro atribuy¨® al Ejecutivo, m¨¢s que la estrategia del globo sonda con un borrador t¨¦cnico, "la t¨¦cnica del tiro de mortero". "Como en la mili, que se lanzaba 10 grados m¨¢s y 10 grados menos, para finalmente acertar. Pues a lo mejor est¨¢n en eso".
Tribunal Constitucional
Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, anunci¨® que su grupo se plantea incluso llegar al Tribunal Constitucional para evitar la ausencia de control del Gobierno que provocar¨ªa la aprobaci¨®n del texto en sus t¨¦rminos actuales. El l¨ªder de IU, Julio Anguita, agreg¨® que el proyecto es "un ataque al Estado de derecho" en el contexto de una "involuci¨®n democr¨¢tica" amparada por diversas fuerzas pol¨ªticas para "encubrir a delincuentes".El proyecto tambi¨¦n ha sido acogido con cr¨ªticas por las asociaciones judiciales. La conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura considera cuestionable que la Administraci¨®n pueda imponer multas cuando no se ha producido delito. Seg¨²n el portavoz de esta agrupaci¨®n, ?ngel Calder¨®n, si la ley org¨¢nica se aprobara en su actual redacci¨®n, "tendr¨ªa un alcance desmesurado".
El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, considera "muy dif¨ªcil pensar que la prensa revele secretos de manera no delictiva y que, sin embargo, pudiera ser sancionable". Por parte de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, Mar¨ªa Tard¨®n calific¨® de " poco fundada en derecho" la redacci¨®n del proyecto.
La Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa de Espa?a (FAPE), por medio de su secretario general, Jos¨¦ Mar¨ªa Torre, calific¨® de "disparate" el proyecto. "Que se castigue a los funcionarios, que son los que han permitido que se revelen secretos, pero no a los periodistas", dijo. "Conf¨ªo en que este texto se pula y que las personas sensatas que hay en todos los partidos ayuden a corregirlo", a?adi¨®.
El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco ?lvarez Cascos, declar¨® a la cadena COPE que es una "aberraci¨®n" decir que el Gobierno arremete contra los medios de comunicaci¨®n. La futura ley, asegur¨®, "no va contra nadie, sino s¨®lo busca defender el inter¨¦s general de Espa?a y del conjunto de los espa?oles".
El vicepresidente advirti¨® que ser¨¢n sancionados todos los medios de comunicaci¨®n que revelen secretos porque "no hay patente de corso para infringir las leyes".
Alvarez Cascos record¨® que las sanciones administrativas est¨¢n sujetas a las garant¨ªas procesales del ordenamiento jur¨ªdico.
La decisi¨®n de declarar un secreto tambi¨¦n ser¨¢ secreta
El proyecto de ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno no s¨®lo protege los documentos y asuntos declarados secretos por el Consejo de Ministros o por el ministro correspondiente, sino tambi¨¦n la propia decisi¨®n de declarar algo secreto. En definitiva: no se sabr¨¢ ni siquiera qu¨¦ secretos existen.El articulado de la ley, que ayer public¨® El Mundo, prev¨¦ que se sancione como falta administrativa, al margen de que constituya o no delito, la mera posesi¨®n de documentos secretos; por ejemplo, por un periodista, aunque no lo publique.
Las autoridades correspondientes, explica, "notificar¨¢n a los directores o responsables de los medios de comunicaci¨®n social la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevean su posible publicaci¨®n".
Las sanciones previstas por el proyecto son de hasta un mill¨®n de pesetas por poseer documentos secretos, por incumplir las medidas de protecci¨®n de los mismos y por utilizarlos fuera de los cauces legales; y de hasta 100 millones, por divulgarlos, falsificarlos o destruirlos.
Cuando la sanci¨®n afecte a documentos clasificados como "alto secreto" la sanci¨®n la impondr¨¢ el Consejo de Ministros. En los dem¨¢s casos, la potestad corresponde al ministro. Se consideran circunstancia agravante, a la hora de imponer la multa, la reincidencia; entendiendo por ella la comisi¨®n en el t¨¦rmino de seis a?os de m¨¢s de una infracci¨®n de la misma naturaleza".
La potestad de clasificar una materia como secreta corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo: Consejo de Ministros y ministro, seg¨²n los casos. El Congreso, el Senado y el Defensor del Pueblo podr¨¢n conocer asuntos clasificados en los t¨¦rminos previstos por sus respectivos reglamentos y por la ley que regula esta ¨²ltima instituci¨®n. Cuando un juez solicite un documento secreto, el Gobierno tendr¨¢ tres alternativas: negarse a desclasificarlo; entregarlo al juez o emitir una certificaci¨®n con aquellos extremos del documento que sean suceptibles de revelaci¨®n.
Los documentos secretos ser¨¢n de dominio p¨²blico una vez transcurridos 50 a?os desde su clasificaci¨®n; mientras que los confidenciales lo seguir¨¢n siendo 25 a?os. No obstante, el ¨®rgano que clasific¨® un documento puede prorrogar la vigencia del secreto m¨¢s all¨¢ de estos plazos.
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