D¨¦ficit p¨²blico, pol¨ªtica econ¨®mica y pacto social

La econom¨ªa espa?ola viene manteniendo durante a?os unos porcentajes de d¨¦ficit p¨²blico y, por consiguiente, unos incrementos de deuda p¨²blica que no son sostenibles a largo plazo. Esto indica que los presupuestos p¨²blicos se vienen confeccionando de modo que los servicios -en su sentido m¨¢s amplio de gasto p¨²blico que reciben los ciudadanos espa?oles, tiene un coste superior a lo que se paga por ellos, lo que est¨¢ obligando a que el endeudamiento se acelere. En consecuencia, los servicios p¨²blicos que se vienen recibiendo no est¨¢n asegurados para un futuro indefinido, pues no se van a poder mantener en las condiciones con que se financian actualmente.Introducir en un presupuesto p¨²blico un nuevo servicio con cargo a un mayor d¨¦ficit puede ser m¨¢s o menos complejo, pero no debe crear en los ciudadanos la ilusi¨®n de que tal servicio est¨¢ consolidado. La consolidaci¨®n no se da hasta que no est¨¢ resuelta la forma de pagar el servicio en el periodo en el que se percibe. Solamente aquellos servicios que supongan una mayor capitalizaci¨®n f¨ªsica y humana, que garantice un mayor crecimiento futuro y por tanto mayores ingresos p¨²blicos, ser¨ªan susceptibles de financiarse. sistem¨¢ticamente a plazo. Cuando en una econom¨ªa como la espa?ola se da un desequilibrio importante en la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos conviene reconocerlo y corregirlo cuanto antes.

En la discusi¨®n socio-pol¨ªtica de finales de 1995 y principios de 1996 pudo transmitirse el mensaje de que la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico era posible, sin grandes costes para los ciudadanos. Para que esto sea as¨ª se necesita que haya una capacidad de maniobra amplia en materia de reducci¨®n de gastos p¨²blicos superfluos y que exista campo para mejorar la eficiencia del sector p¨²blico. Probablemente eso es as¨ª, pero la reducci¨®n inmediata de gastos superfluos parece muy limitada y el aumento de la eficiencia del sector p¨²blico, siendo un tema que necesita abordarse urgentemente, va a requerir un planteamiento a medio plazo. Asimismo, las ganancias en eficiencia en las empresas p¨²blicas deficitarias tampoco van a ser espectaculares en 1996 y 1997.

La conclusi¨®n de todo lo anterior es que la reducci¨®n inmediata del d¨¦ficit p¨²blico tendr¨¢ que ser costosa para los ciudadanos, bien porque suban los impuestos y las tasas o bien porque manteniendo los mismos impuestos haya que reducir las prestaciones p¨²blicas. Si esto es as¨ª, convendr¨ªa alcanzar un consenso m¨¢s o menos expl¨ªcito entre el poder p¨²blico y los ciudadanos sobre c¨®mo se va a reducir ahora el d¨¦ficit. En esta especie de pacto social, el poder pol¨ªtico tendr¨ªa qu¨¦ presentar un plan de prioridades de gasto p¨²blico y realizar compromisos expl¨ªcitos a medio plazo con fechas concretas sobre una reforma presupuestaria y administrativa. A su vez, los ciudadanos tendr¨ªan que aceptar el coste de la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico.

En esa actitud de consenso se podr¨ªa dise?ar la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico aplicando las medidas que pudiesen ser m¨¢s apropiadas. En este sentido, habr¨ªa que convenir primero qu¨¦ gastos p¨²blicos se pueden reducir o eliminar. Este es, probablemente, el aspecto m¨¢s importante y dif¨ªcil en el tema que nos ocupa, y deber¨ªa de tratarse con rigor y sin prejuicios. Adem¨¢s, la discusi¨®n sobre la composici¨®n del gasto p¨²blico ser¨¢ larga y no convendr¨ªa cerrarla con la confecci¨®n de los Presupuestos de 1997: Si como es lo m¨¢s probable, a partir de un cierto acuerdo sobre los gastos, ¨¦stos contin¨²an siendo en 1997 superiores a los ingresos, habr¨¢ que convenir qu¨¦ impuestos y tasas se aumentan. Los impuestos directos tienen, al menos te¨®ricamente, un car¨¢cter progresivo que hace que, en principio, su aumento tenga efectos redistributivos. Sin embargo, en Espa?a una mayor carga impositiva a trav¨¦s del IRPF que no reduzca las propiedades redistributivas actuales que se le atribuyen, no parece f¨¢cil de implantar. El impuesto directo sobre las empresas tiene tasas muy similares a las de los pa¨ªses de nuestro entorno y tampoco deja mucho margen para una mayor carga impositiva a trav¨¦s del mismo.

En el cap¨ªtulo de impuestos indirectos, una subida. del tipo impositivo del IVA aparece como una medida razonable, pues su efecto en la inflaci¨®n ser¨ªa meramente transitorio si se diese el compromiso de los agentes de no indiciar las rentas en relaci¨®n al aumento de los precios generada por el cambio impositivo. A su vez, el aumento del IVA no resta competitividad a la: producci¨®n nacional frente a la extranjera. Sin la actitud mencionada de consenso social, la subida de los impuestos indirectos puede llevar a una espiral inflacionista, pero reacciones similares cabr¨ªa esperar si el aumento de impuestos indirectos se sustituye, en todo o en parte, por el incremento o implantaci¨®n de nuevas tasa en los servicios p¨²blicos, por la subida de impuestos directos o por la reducci¨®n de prestaciones sociales. El alza en estos momentos de los impuestos indirectos repercutir¨ªa en la tasa con que se medir¨¢ si se cumple o no el criterio de con vergencia correspondiente a la inflaci¨®n, establecido en el Tratado de Maastricht. No obstante, se podr¨ªa defender ante los socios europeos que, para los pa¨ªses que hubiesen modificado el IVA, se desconta r¨¢ el efecto del cambio del IVA en el IPC, o que el cumplimiento del criterio de con vergencia se midiera por la tasa de crecimiento medio del IPC en el primer trimestre de 1998 respecto al mismo periodo de

Los impuestos indirectos especiales, como su nombre indica, tienen una naturaleza y justificaci¨®n espec¨ªfica, y en el sistema fiscal no se introducen como un instrumento general de recaudaci¨®n. No obstante, el impuesto sobre los carburantes se est¨¢ convirtiendo cada vez m¨¢s en un medio de recaudaci¨®n que afecta a todos, los ciudadanos. El incremento de este impuesto es otra de las medidas factibles para aumentar los ingresos p¨²blicos.

La introduci¨®n o subida de tasas sobre determinados servicios p¨²blicos de car¨¢cter general (transporte, educaci¨®n, sanidad, etc¨¦tera) puede ser, en algunos de ellos, algo complejo para ser implantado con prontitud, especialmente si se quieren mantener determinados niveles de solidaridad y lograr un cierto equilibrio entre la mejora de infraestructuras y los impuestos que afecten a sectores productivos como el transporte.

En los p¨¢rrafos anteriores se han comentado las principales medidas que podr¨ªan discutirse en un ambiente social consciente de la necesidad de alcanzar un consenso. Ante la ausencia de un pacto social para: la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, el poder pol¨ªtico la realizar¨¢ aplicando las medidas que menor contestaci¨®n social susciten. Detectar adecuadamente esto ¨²ltimo podr¨ªa contemplarse como un modo de sustituir el pacto social, y, en parte, el haber ido anunciando de forma sucesiva que diferentes medidas para reducir el d¨¦ficil eran susceptibles de ser incorporadas en los presupuestos de 1997, ha podido. servir para captar qu¨¦ tipos de medidas eran las m¨¢s controvertidas. Sin embargo, este procedimiento puede acarrear el peligro de acaba perjudicando m¨¢s a los grupos sociales que, por diferentes razones, tengan menor poder de contestaci¨®n.

En conclusi¨®n, la econom¨ªa espa?ola no s¨®lo necesita una pol¨ªtica econ¨®mica global y coordinada para reducir los desequilibrios que frenan sus posibilidades de crecimiento firme en el futuro, sino que es tambi¨¦n necesaria su aceptaci¨®n por parte de los ciudadanos y que todo ello se enmarque en compromisos a medio plazo sobre reformas dif¨ªciles, como la administrativa. Sin esta doble coordinaci¨®n p¨²blica y privada y de acciones a corto y medio plazo, los efectos de las pol¨ªticas econ¨®micas ser¨¢n menos efectivos y m¨¢s lentos e inciertos.