Cuesta abajo

A comienzos de verano escrib¨ª un art¨ªculo para la prensa vasca titulado ?Individuales o colectivos? Versaba sobre derechos humanos, tratando de introducir cierta razonable separaci¨®n de bienes en ese matrimonio de conveniencias ungido por la muletilla "derechos individuales y colectivos", semejante ya como frase hecha en el Pa¨ªs Vasco al "se?oras y se?ores" de los oradores cl¨¢sicos. Record¨¦ cosas sabidas: que los derechos humanos son siempre individuales por su dimensi¨®n moral -(derivada de nuestra disposici¨®n a reconocernos en otro poni¨¦ndonos en su lugar, algo imposible de hacer con una colectividad o una instituci¨®n); que tales derechos individuales no pueden estar supeditados ni a los m¨¢s decentes proyectos pol¨ªticos -llamados a veces "derechos" por quienes quieren acelerar su triunfo sin someterse a las urnas-, pues el objetivo de su proclamaci¨®n es servir de l¨ªmite democr¨¢tico y baremo ¨¦tico de tales proyectos; que hablar de derechos "individuales y colectivos" no es m¨¢s que una reverencia a la raz¨®n de Estado -sea el Estado vigente o el que aspira a sustituirle-, la cual s¨®lo reconoce a los primeros mientras no interfieran con los segundos. Escrib¨ª el art¨ªculo, alivi¨¦ mi alma y me qued¨¦ tan tranquilo.Lleg¨® agosto, mes de abusos, m¨¢s cruel que el abril del poeta y con unos idus que r¨ªete de los de marzo (en agosto se aprovechan de que todos estamos un poco "idus"). Tras la negativa a desclasificar los papeles del Cesid por, parte del Gobierno (cuyos miembros tan partidarios se mostraban de desclasificarlos antes de ocupar esa alta magistratura) se nos vino -encima el anteproyecto de la ley de secretos oficiales, cuya desfachatez olig¨¢rquica es notable incluso para los tiempos que corren. Los argumentos que se han avanzado a favor de no desclasificar los documentos del Cesid reclamados por los jueces para esclarecer el caso GAL (y no para derribar el Gobierno socialista que ya no hay o para desestabilizar la democracia, que consiste precisamente en separar el poder judicial del ejecutivo) son tan indignos como la decisi¨®n misma de no desclasificarlos. Seg¨²n dicen, si tal tipo de revelaciones pudieran hacerse se imposibilitar¨ªa la existencia de servicios secretos. Bueno, si los servicios secretos s¨®lo pueden funcionar con el permiso t¨¢cito de cometer o encubrir impunemente cr¨ªmenes contra los ciudadanos, el hecho de que dejaran de existir. ser¨ªa un notable progreso. En Italia ya han tenido que desmantelarlos una vez hace pocos a?os, tras haberse convertido en competidores terroristas de los grupos que dec¨ªan combatir... Es un argumento parecido al de quienes sostienen que un poco de tortura es imprescindible al buen funcionamiento de la polic¨ªa.

Tambi¨¦n se ha mencionado en contra de la desclasificaci¨®n la impresi¨®n de poca seriedad que dar¨ªamos ante otros Estados, como si la seriedad de los Estados democr¨¢ticos consistiese en amparar los abusos de poder bajo un manto de silencio, con cara de p¨®quer. No estoy seguro de que si el testimonio de G¨®mez Nieto sobre la tortura y asesinato de Lasa y Zabala llegase a los tribunales la CIA fuera a retiramos el saludo, pero creo en todo caso que merece la pena arriesgarse al disgusto.

Y por encima de todo, claro est¨¢, se invoca la seguridad del Estado qu¨¦ es -seg¨²n concluy¨® una criatura ministerial- "la seguridad de todos los ciudadanos" (?tambi¨¦n la de Lasa y Zabala?). Pues no, f¨ªjese. En gran medida la seguridad de los ciudadanos depende de los controles establecidos y efectivos sobre el Estado, es decir sobre sus gestores. El Estado no es un cuerpo m¨ªstico en el que reina la comunicaci¨®n de los santos, sino un tinglado institucional por cierto provechoso, pero cuyos administradores son tanto m¨¢s buenos cuanto menos malos se les deja impunemente ser. De nuevo el conflicto entre derechos colectivos e individuales- el Estado tiene derecho a defender su seguridad, pero est¨¢ limitado por los derechos individuales de los ciudadanos, cuya protecci¨®n es la aut¨¦ntica raz¨®n del Estado. A favor del Estado obsesionado por su seguridad cuenta que suele ser' m¨¢s f¨¢cil pedirle responsabilidades concretas que al "pueblo" obsesionado por sus derechos hist¨®ricos... salvo que se le permita dictar leyes que lo impidan, como la de secretos oficiales proyectada.

Esa ley "mira al futuro", como dice Aznar, pero sacando escarmiento del pasado. No trata de prevenir un nuevo caso GAL, como ser¨ªa lo propio, sino la revelaci¨®n de otro caso GAL y el castigo penal del ya habido. Y que conste que el GAL no es s¨®lo un grupo terrorista que desapareci¨® hace 10 a?os, sino sobre todo una forma de actuar de las fuerzas de seguridad del Estado que debe ser contundentemente atajada para que tales fuerzas sigan defendiendo tambi¨¦n y ante todo la seguridad de los ciudadanos.

- Se ha hecho p¨²blica la preocupaci¨®n por la relaci¨®n que pueda haber entre la violencia juvenil en Euskadi y la ense?anza que se imparte en ikastolas (escuelas) y otros centros educativos. Sin duda tal v¨ªnculo existe en bastantes ocasiones, aunque sea eventual y nada tenga que ver con la ense?anza en euskera. No es tanto que se haga en las aulas promoci¨®n directa de la violencia como que se fomentan los mitos que refuerzan en demasiados casos su legitimaci¨®n. Hay por ejemplo una forma de explicar la historia, que recuerda mucho esos cuentos "pol¨ªticamente correctos" caricaturizados con acierto por James Finn Garner: ya saben, "historia de tres cerditos empe?ados en la defensa de su hogar y de su cultura contra un enorme lobo malo con ideas expansionistas". No vendr¨ªa mal otro florido pensil sobre la instrucci¨®n nacionalista en el Pa¨ªs Vasco o en Catalu?a, tal como el muy celebrado sobre la ense?anza nacionalista del franquismo. Pero el verdadero problema educativo no es lo que se defiende, sino lo que no se defiende: la constituci¨®n plural y modificable, la diferencia entre el derecho a sustentar proyectos pol¨ªticos y el derecho a verlos aceptados aunque disgusten a la mayor¨ªa, la legitimidad de la fuerza coactiva del Estado de derecho frente a quienes esperan su legitimidad de uso sublevatorio de la fuerza, la justa resistencia contra el capricho de borrar por las bravas la convivencia cultural de siglos en nombre de una identidad definida s¨®lo por sus antagonismos, etc¨¦tera. En las ikastolas, en los institutos y en la universidad hay gente decidida a defender esos principios esenciales, con no poco riesgo personal. Son ellos los damnificados por el no esclarecimiento del GAL y por las leyes destinadas a encubrir los abusos del Estado. Los esfuerzos educativos de quienes se enfrentan a la justificaci¨®n radical de la violencia quedan saboteados por el "realismo sucio" de los pol¨ªticos.

El joven vasco crece entre los partidarios de la ideolog¨ªa pol¨ªtica del kalimotxo, que imponen su identidad quemando vivos a quienes se les oponen, y el se?or ministro que les informa de que el Estado, para ser serio, cuando la hace no la paga sino que la calla... y la acalla. En ambos casos predomina lo colectivo sobre los derechos humanos, entendiendo por derechos colectivos el derecho de quienes hablan en nombre de lo colectivo a atropellar a los simples individuos humanos. Y no es raro entonces que el joven as¨ª maleducado acabe convertido en terrorista kalimotxales. O en ministro.

Fernando Savater es catedr¨¢tico de Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid.