Garz¨®n advierte en un auto que los diputados deben declarar sobre los documentos del Cesid

El juez del caso O?ederra, Baltasar Garz¨®n, dict¨® ayer un auto en el que advierte a "funcionarios, parlamentarios, jueces y personas en general" que tienen obligaci¨®n de colaborar con la Justicia y poner a su disposici¨®n cualquier contenido delictivo que pudieran haber conocido en los documentos del Cesid que el Gobierno se niega a desclasificar. Garz¨®n, que pese a este auto no ha citado a ning¨²n diputado de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales, critica duramente al Gobierno y le acusa de "entorpecer" la labor de los magistrados y de instaurar "una especie de manto de impunidad" en torno a la actividad presuntamente delictiva de algunos funcionarios por su negativa a levantar el secreto de documentos sobre la guerra sucia contra ETA. En su criterio, algunos de estos papeles del Cesid constituyen delito en s¨ª mismos, y otros constituyen pruebas importantes.

El auto de Garz¨®n, juez instructor de un caso de cuatro asesinatos de los GAL, argumenta que el Consejo de Ministros, al negarse a desclasificar los papeles del Cesid, no ha podido decir, "porque legalmente no pod¨ªa hacerlo", que quedan declarados secretos los delitos que los documentos contienen, sino que la declaraci¨®n de secreto afecta ¨²nicamente al documento en s¨ª mismo, al soporte, y porque afecta a la seguridad del Estado. El juez del caso O?ederra agrega que, si se interpretase de otro modo esta cuesti¨®n, tendr¨ªa que plantearse "la posibilidad de un encubrimiento de conductas delictivas [por parte del Ejecutivo] castigado como delito en el art¨ªculo 451 del C¨®digo Penal". "Como ello no es aceptable", expone Garz¨®n, "no puede quedar vedada la investigaci¨®n de los contenidos a los que tales documentos se refieren".Garz¨®n anticipa los argumentos jur¨ªdicos que, previsiblemente, utilizar¨¢ si decide llamar a declarar a los parlamentarios miembros de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales que supuestamente tuvieron conocimiento de los documentos que el magistrado pretende autentificar. Existe, dice, la obligaci¨®n de investigar los delitos contenidos en los documentos del Cesid y los parlamentarios, funcionarios y jueces tienen el deber de colaborar con la Justicia en lo que sepan, sin que haya necesidad de reclamar de nuevo los documentos al Gobierno. De esta forma se respetar¨ªa la decisi¨®n del Consejo de Ministros, se?ala el auto, ya que no se entregar¨ªa el soporte f¨ªsico del documento y, al mismo tiempo, se cumplir¨ªa con lo establecido en el art¨ªculo 118 de la Constituci¨®n, que resalta la necesidad de colaborar con la Justicia."

"?Es copia?"

La forma de cumplir este tr¨¢mite ser¨ªa que el juez ense?ase a los parlamentarios de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales los documentos que est¨¢n incorporados en el sumario, que son supuestas copias de los originales que el Gobierno ha confirmado que existen en el Cesid. La pregunta ser¨ªa: ?El documento que le muestro es copia del original que usted ha visto por raz¨®n de su cargo?

El parlamentario no tendr¨ªa que revelar el documento secreto, sino validar que se trata de una copia del original. Su testimonio proporcionar¨ªa valor de prueba a una supuesta copia del documento original.

En el escrito, Garz¨®n solicita tambi¨¦n al ministro de Defensa, Eduardo Serra, que adopte las medidas necesarias para evitar la destrucci¨®n, p¨¦rdida o deterioro de estos documentos del Cesid, al menos mientras no se resuelvan de forma definitiva los recursos interpuestos contra la decisi¨®n del Ejecutivo.

Garz¨®n, en su auto, se?ala que la decisi¨®n del Gobierno de no levantar la condici¨®n de secreto a los papeles del Cesid no ayuda a aclarar la situaci¨®n procesal, sino que la confunde profundamente. El juez, que califica de "entorpecedora" la actuaci¨®n del Ejecutivo, precisa que ¨¦sta "coadyuva a la instauraci¨®n de una especie de manto de impunidad en tomo a la actividad presuntamente delictiva de algunos funcionarios o personas al amparo de, o utilizando, los servicios secretos, a la vez que contribuye a la constataci¨®n de una especie de impotencia del Poder Judicial, que comprueba como resulta casi inviable la investigaci¨®n de determinadas conductas y penetrar en ciertas zonas que de hecho se convierten en cotos de actividad incontrolada".

El magistrado discrepa del criterio del Gobierno y mantiene que "unos datos referidos exclusivamente a Pedro G¨®mez Nieto y Felipe Bayo Leal, ambos imputados en esta causa", no pueden afectar materialmente a la Seguridad del Estado como pretende el Consejo de Ministros, "porque lo cierto es que s¨®lo tienen un valor meramente informativo e inocuo para aquella Seguridad, que no debe confundirse con la de algunas personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el Estado".

Documentos de tres clases

Tres Garz¨®n diferencia entre los documentos del Cesid en funci¨®n de su contenido y de la respuesta dada por el Gobierno. Unos constituyen delito en s¨ª mismos, como la denominada acta fundacional de los GAL, la nota de despacho en la que se anunciaba el inminente inicio de actividades de ese grupo, los documentos relativos a armas que pudieron ser utilizadas en atentados que se investigan, y otros relativos a posibles acciones contra los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas. ?stos han de seguir investig¨¢ndose.

Otros aportan datos sobre la ejecuci¨®n de hechos delictivos que se investigan en la causa, pero de los que no se conoce el elemento material que los contiene -previsiblemente en el Cesid, afirma el juez-, por lo que no podr¨¢n indagarse en lo sucesivo.

El tercer grupo los forman los documentos de cuyo contenido se dispone pero que el Gobierno ha dicho que nunca han estado en el Cesid. El juez concluye que, en tal caso, no son secretos y por ello recuerda al que tenga los originales su obligaci¨®n de aportarlos. Se trata de conversaciones mantenidas entre dos imputados; la elaboraci¨®n de un anagrama de los GAL por personas del Cesid bajo las ¨®rdenes del coronel Perote, y la experimentaci¨®n con pentotal (suero de la verdad) en drogadictos y mendigos para utilizarlo posteriormente en el secuestro del etarra Josu Ternera. Sobre este ¨²ltimo hecho, Garz¨®n ha pedido a la Sala de Conflictos del Supremo que le remita los documentos que obran en la causa que instruye el juez militar Jes¨²s Palomino.

Respecto al documento sobre un presunto pacto con la mafia, el juez aclara que no quiere saber qui¨¦n y c¨®mo elabor¨® la informaci¨®n del Cesid, sino si en alg¨²n momento, en el curso de actividades presuntamente delictivas, "que no son propias del Cesid", se pens¨® en un pacto con las mafias del tr¨¢fico de drogas para combatir ilegalmente el terrorismo.