Repetimos

"El problema de Felipe Gonz¨¢lez es no haber asumido la responsabilidad pol¨ªtica en su momento", declar¨® el jueves pasado el- portavoz del PP en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, Andr¨¦s Ollero. Lo hizo tras conocerse la resoluci¨®n del Tribunal Supremo sobre si el ex presidente deb¨ªa o no ser llamado a declarar en relaci¨®n al caso GAL Un d¨ªa despu¨¦s, el socialista Joaqu¨ªn Leguina discuti¨® esa opini¨®n en la radio. Tal asunci¨®n de responsabilidades, vino a decir, no evita, sino enerva, la exigencia de responsabilidades penales por parte de los amantes de las emociones fuertes. En un libro reciente sobre la criminalidad de los gobernantes, Luis M. D¨ªez Picazo concluye, por el contrario, que "donde la responsabilidad pol¨ªtica funciona mejor suele ser menos necesario llegar a la responsabilidad penal".Hay alg¨²n antecedente que confirmar¨ªa la impresi¨®n de Leguina. Todo el mundo exigi¨® la dimisi¨®n del entonces ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, cuando se descubri¨® un esc¨¢ndalo relacionado con una compra de terrenos por parte de Renfe, empresa p¨²blica que hab¨ªa presidido. El ministro se resisti¨® durante algunas semanas, aduciendo que ¨¦l no conoc¨ªa nada de las supuestas irregularidades, pero finalmente admiti¨® que la responsabilidad era suya y dimiti¨®. Desde sectores que se hab¨ªan se?alado en la exigencia de dimisi¨®n inmediata se pas¨® entonces a reclamar acciones penales con el argumento de que su renuncia demostraba que Garc¨ªa Valverde era culpable: "Si no lo fuera, no habr¨ªa dim¨ªtido", se aleg¨®. Pero, si la renuncia al cargo equivale a reconocerse culpable penalmente, tendr¨ªan raz¨®n quienes sostienen que las responsabilidades pol¨ªticas s¨®lo podr¨¢n ser la consecuencia de una sentencia firme de los tribunales.

Cuando se dice que Gonz¨¢lez debi¨® haber asumido su responsabilidad pol¨ªtica en el caso GAL, ?significa que debi¨® responder a I?aki Gabilondo: "S¨ª, se?or, yo soy el organizador de los GAL"? De eso le acusa Damborenea, y ¨¦sa es la diferencia con otros precedentes que a veces se invocan. Cuando se dice que aqu¨ª ha faltado la gallard¨ªa de Margaret Thatcher declar¨¢ndose personalmente responsable de los disparos que acabaron con las vidas de tres activistas del IRA en Gibraltar ("yo dispar¨¦", parece ser que dijo), se olvida un detalle: que nadie la acusaba de eso y que, por tanto, pod¨ªa decirlo sin temor a implicaciones penales.

Decir "s¨ª, soy culpable", no s¨®lo es m¨¢s de lo que cabe esperar, sino m¨¢s de lo que ser¨ªa justo esperar. Porque esa responsabilidad nunca ser¨¢ directa y, en todo caso, estar¨¢ sometida a consideraciones de naturaleza pol¨ªtica -evitar un mal mayor, como, por ejemplo, un golpe militar- no reducibles a t¨¦rminos jur¨ªdicos: no invocables en un juicio. Pero existe una forma de asumir la responsabilidad que s¨ª cabe esperar de un pol¨ªtico democr¨¢tico en determinadas circunstancias: la renuncia a prolongar su carrera; a la posibilidad de volver a ejercer el poder. Marcharse con los secretos de Estado en la conciencia es una forma de reducir la inevitable tensi¨®n entre el Estado de Derecho y la democracia. Que los savonarolas del momento lo nieguen no impide que tal tensi¨®n sea, como sostiene D¨ªez Picazo, consustancial al constitucionalismo: "El reduccionismo democr¨¢tico Conduce a la raz¨®n de Estado, en virtud de la cual la defensa de los intereses p¨²blicos justificar¨ªa el empleo de medios contrarios a la legalidad"; pero tampoco "parece razonable sacrificarlo todo, incluida la democracia misma, a fin de que se haga justicia. Ambas posturas extremas pueden conducir a una deslegitimaci¨®n del Estado democr¨¢tico de derecho".

La asunci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas mediante la retirada tal vez no evite el proceso penal,, pero al menos dar¨¢ autoridad a los ciudadanos para pedir prudencia a los jueces. Que de entre las varias posibilidades de actuaci¨®n en el marco de la legalidad no elijan necesariamente la que consideren m¨¢s desestabilizadora, la que ocasione un mayor descr¨¦dito de las instituciones o la que es m¨¢s probable que conduzca a callejones sin salida. Y si alguien sigue sosteniendo que los jueces no tienen que ser prudentes ni imprudentes, sino limitarse a aplicar la ley, que lea el auto del juez Garz¨®n que se publica hoy en la primera p¨¢gina de todos los peri¨®dicos.