IU y asociaciones ciudadanas critican la ley de videovigilancia

El proyecto de ley de videovigilancia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, recibi¨® los ataques de Izquierda Unida y asociaciones de vecinos y consumidores. Pero las modificaciones introducidas en el primer texto, suavizaron las cr¨ªticas de asociaciones de juristas, aunque persiste la cautela a la hora de hacer valoraciones definitivas. Incluso los socios del PP, CiU, aclararon que estudiar¨ªan "detalladamente el contenido para que en su articulado definitivo se recoja el mayor equilibrio posible entre la protecci¨®n al derecho de intimidad y el derecho a la seguridad ciudadana", seg¨²n dijo ayer el portavoz de CiU en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, Manuel Josep Mar¨ªa Silva.El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja asegur¨® precisamente que "el Gobierno se compromete a garantizar los derechos fundamentales en la aplicaci¨®n de esta ley". El titular de Interior a?adi¨® que, a partir de ahora, ser¨¢ vinculante la opini¨®n del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad correspondiente, al que se consultar¨¢ la aplicaci¨®n de la normativa.

Pero para IU la ley es incostitucional y supone "un retroceso en las libertades democr¨¢ticas de los ciudadanos". Jos¨¦ Navas, portavoz del grupo parlamentario IU-IC en la Comisi¨®n de Interior, asegur¨® que "esto nos retrotrae a ¨¦pocas de legislaci¨®n excepcional. No queremos ser especiales en cuanto al tratamiento restrictivo de nuestras libertades en Euskadi". Navas calific¨® de " atrocidad" hacer responsables a los organizadores de las manifestaciones por los da?os que sus participantes puedan realizar".

Control imposible

Es el mismo temor que hicieron llegar ayer la Confederaci¨®n de Asociaciones de Vecinos del Estado Espa?ol y la de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Ambas organizaciones subrayaron su incapacidad para controlar unos actos a los que pueden sumarse gentes ajenas a las asociaciones convocantes.Diego L¨®pez Garrido, en nombre de Nueva Izquierda coincidi¨® con estos an¨¢lisis. "En toda manifestaci¨®n", argument¨®, "habr¨¢ que determinar antes de proceder a responsabilizar a los organizadores, si ¨¦stos han sido realmente los culpables de los da?os producidos". L¨®pez Garrido matiz¨® que el proyecto " no tiene las distorsiones que, desde el punto constitucional, aparec¨ªan en el texto inicial".

La Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, a trav¨¦s de su portavoz, Mar¨ªa Tard¨®n, se felicit¨® por las modificaciones introducidas en el proyecto de ley tras las consultas con la Judicatura, el Consego General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, consider¨® excesivo el plazo de un mes para la destrucci¨®n de las cintas en las que no haya grabado delito y record¨® que la colocaci¨®n y el uso de las videoc¨¢maras debe partir de la existencia del indicio de un delito.