?Para¨ªso fiscal?
EL GOBIERNO ha recurrido las normas forales aprobadas por las diputaciones vascas por las que se establecen diversas ventajas fiscales, y en particular una reducci¨®n de 2,5 puntos en el impuesto de sociedades. Algunas comunidades vecinas ya hab¨ªan recurrido o anunciado recursos por considerar que esa rebaja supone romper el principio de unidad de mercado y establecer en el Pa¨ªs Vasco una especie de para¨ªso fiscal, en perjuicio de sus intereses.El Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad plena capacidad para establecer su propio r¨¦gimen tributario, pero siempre "atendiendo a la estructura general impositiva del Estado". Ese condicionante deriva a su vez de los principios de "equilibrio econ¨®mico", "solidaridad" y "ausencia de privilegios econ¨®micos o sociales" entre los distintos territorios que garantiza la Constituci¨®n (art¨ªculo 138, entre otros). En la pr¨¢ctica, la Administraci¨®n vasca ha utilizado su capacidad normativa en la materia para introducir diversas deducciones y otras ventajas fiscales tendentes a captar inversiones y dinamizar su econom¨ªa. Ello ha dado ocasi¨®n a decenas de recursos, la mayor¨ªa de los cuales han sido ganados por las instituciones vascas.
Si pese a ello -y pese a que el PP apoyara las nuevas normas en las diputaciones vascas-, el Gobierno ha mantenido su amenaza de presentar recurso es porque el conflicto se plantea en el marco de la negociaci¨®n para la renovaci¨®n por un periodo de cinco a?os del concierto econ¨®mico que rige las relaciones de orden tributario entre el Estado y el Pa¨ªs Vasco. Ese sistema ha resultado extraordinariamente beneficioso para Euskadi, actuando como colch¨®n amortiguador de los efectos del acusado declive de su econom¨ªa desde 1980.
El nacionalismo vasco intenta prolongar ese efecto mediante la mejora del concierto, reclamando, entre otras medidas, capacidad normativa en el IRPF -que ya tiene Navarra, pero no Euskadi- y la concertaci¨®n de la recaudaci¨®n de impuestos especiales sobre alcohol, tabacos e hidrocarburos (lo que supondr¨ªa unos ingresos adicionales de unos 150.000 millones). Tal vez los nacionalistas han encontrado m¨¢s resistencias de las que esperaban tras el pacto que firmaron Aznar y Arzalluz en v¨ªsperas de la investidura del primero, y cuyo punto central era precisamente la renovaci¨®n del convenio. Otro punto del acuerdo era la retirada de los recursos pendientes, por lo que Ardanza piensa que la presentaci¨®n del ahora anunciado "quiebra el esp¨ªritu del pacto de investidura".
El enrarecimiento en las relaciones entre el PNV y el Gobierno central producido en las ¨²ltimas semanas -en tomo a los papeles de Cesid y al traslado de los presos de ETA, fundamentalmente- no es ajeno seguramente a las vicisitudes de esa negociaci¨®n. La impresi¨®n dominante en el Pa¨ªs Vasco es que el recurso es, a su vez, una pieza negociadora del Gobierno a retirar en el momento oportuno. Tal vez sea as¨ª, pero lo cierto es que tanto Aznar -en la campa?a electoral - como Rato, antes del verano, mostraron su desacuerdo con la medida anunciada por las diputaciones vascas. Lo ha c¨ªan respondiendo a las presiones de las comunidades vecinas, gobernadas por los populares, pero tambi¨¦n, seguramente, por el temor de que Pujol aprovechase una actitud demasiado permisiva o generosa con los nacionalistas vascos para subir el list¨®n de sus propias exigencias. Un argumento del nacionalismo catal¨¢n en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas fue que el gasto p¨²blico en Catalu?a hab¨ªa sido en 1994 de unas 100.000 pesetas por persona, mientras que en las comunidades forales, Pa¨ªs Vasco y Navarra, superaba las 225.000.
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