La negativa de los m¨¦dicos del SAS a hacer abortos le cuesta 130 millones

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) gast¨® desde enero de 1995 hasta abril pasado m¨¢s de 130 millones de pesetas en conciertos con cl¨ªnicas privadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo dentro de los tres supuestos que prev¨¦ la ley. El SAS se ve obligado a pagar a seis cl¨ªnicas privadas unas 35.000 pesetas de media por cada aborto ya que ni uno solo de los ginec¨®logos que trabajan en los 30 hospitales p¨²blicos de la comunidad aut¨®noma y cobran del SAS est¨¢ dispuesto a realizar este tipo de intervenciones.El consejero de Salud, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa de Arboleya, se?ala en la respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Izquierda Unida, Concha Caballero, que desde enero de 1995 hasta el pasado mes de abril se han practicado en cl¨ªnicas privadas de la regi¨®n un total de 3.609 abortos a mujeres con menos de doce semanas de embarazo. Se suman otras 146 intervenciones realizadas en 1995 a andaluzas cuyos casos se encuadran en el grupo de alto riesgo con m¨¢s de doce semanas de gestaci¨®n.

Todas estas interrupciones voluntarias del embarazo, a excepci¨®n de las que presentan elevado riesgo, se realizan en seis cl¨ªnicas privadas, ubicadas en cuatro provincias, que conciertan sus servicios con la Administraci¨®n sanitaria regional. El SAS desarroll¨® este plan de conciertos en 1992 al encontrarse con que todos los ginec¨®logos que trabajan en la sanidad p¨²blica alegaban objeci¨®n de conciencia para realizar abortos en los hospitales del SAS.

La Administraci¨®n sanitaria regional no puede concretar oficialmente el n¨²mero de ginec¨®logos que cobran de su presupuesto y objetan la realizaci¨®n de abortos ya que ninguno est¨¢ obligado a registrar esa alegaci¨®n. Pero el hecho es que desde 1992 ni una sola andaluza ha podido interrumpir su embarazo en un hospital p¨²blico. La respuesta no concreta d¨®nde se realizan los abortos de alto riesgo, aunque hasta el pasado a?o todas ellas se practicaban fuera de la regi¨®n, sobre todo en Madrid, " ante la imposibilidad de haber concertado los servicios que impliquen alto riesgo".