Sobre t¨®picos y mendaces

Para salvaguardar su pacto con CiU, el Gobierno del Partido Popular pretende colocar un parche financiero al Estado de las autonom¨ªas en lugar de afanarse en "arreglar el porvenir de Espa?a", como escribiera Eugenio D'Ors. Porque lo que est¨¢ en juego con la revisi¨®n del modelo de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas es el futuro pol¨ªtico de las mismas, la consolidaci¨®n de una arquitectura de Estado. descentralizado cuyo soporte financiero se ha venido dise?ando desde hace m¨¢s de una d¨¦cada con la negociaci¨®n como m¨¦todo y el consenso como principio rector. El debate pol¨ªtico no debe ser adulterado ni simplificado: no estamos discutiendo sobre herramientas, sino sobre el funcionamiento y la idoneidad de la propia m¨¢quina fabricada con ellas. No estamos discutiendo sobre instrumentos financieros, sino sobre la identidad y las metas del Estado espa?ol de las autonom¨ªas, articulado sobre los s¨®lidos cimientos de la Constituci¨®n, de los estatutos de las respectivas comunidades y de la LOFCA vigente.El Gobierno de Aznar y la Generalitat de Pujol parecen haberse conjurado para romper las reglas del juego, ¨ªmponiendo unilateralmente un pacto que ignora el principio constitucional de la solidaridad interterritorial (subrayado por la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas) y no afronta la revisi¨®n global del sistema al sacralizar la corresponsabilidad fiscal como objetivo supremo, cuando no es m¨¢s que un instrumento para alcanzar la autonom¨ªa financiera. Los intereses creados han primado en la toma de decisiones sobre una cuesti¨®n que ata?e medularmente al Estado, a su organizaci¨®n pol¨ªtica, a su ordenamiento jur¨ªdico, a su hacienda y a la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos fundamentales.

Abanderando una falsa exclusiva en su propuesta de corresponsabilidad fiscal, el Gobierno del PP intenta imponer por, las bravas un modelo parcial de financiaci¨®n, que elige, adem¨¢s, una figura impositiva inadecuada, el IRPF, un desprop¨®sito s¨®lo explicable por la obediencia a los intereses de CiU. El IRPF es, en efecto, el impuesto redistributivo por antonomasia, es la figura tributaria que avala el papel del Estado como factor de reequilibrio de las rentas en los distintos territorios que lo integran, es el instrumento de la solidaridad entre Ias naciones y regiones" consagrado por el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n y remarcado por el 156, 157 y 158 de nuestra Carta Magna.

Se falsea el silogismo cuando se vinculan las posiciones de unas y otras comunidades en este debate a la mayor o menor voluntad pol¨ªtica para corresponsabilizarse en los tributos, por un lado, y al mayor o menor compromiso en la generaci¨®n de riqueza que se presume en cada territorio, por otro. Es el resultado de una perversa coalici¨®n: la de t¨®picos y mendaces. Porque ni el IRPF puede ser la ¨²nica prueba indeleble, el ¨²nico signo externo de la corresponsabilidad fiscal, ni puede sostenerse con un m¨ªnimo rigor la supuesta pasividad econ¨®mica de algunas comunidades, verbigracia Andaluc¨ªa.

Sin entrar en el C¨®mo llegamos a ser pobres, la espl¨¦ndida tesis del profesor Pedro Tedde de Lorca que explica la decadencia de Andaluc¨ªa (el porqu¨¦ y en beneficio de qui¨¦n) a partir de mediados del siglo XLX, s¨ª habr¨ªa que refrescar la memoria sobre algunos indicadores actuales para evaluar el peso de la comunidad aut¨®noma andaluza en la Espa?a de hoy. Estamos hablando de la comunidad m¨¢s poblada y la segunda m¨¢s extensa del pa¨ªs; la tercera por su aportaci¨®n al PIB espa?ol; la que menos se ha endeudado por habitante en el ¨²ltimo quinquenio de todas las comunidades hist¨®ricas, y la que m¨¢s ha crecido y m¨¢s empleo ha generado en lo que va de a?o, por poner un ejemplo muy pr¨®ximo.

Andaluc¨ªa est¨¢, adem¨¢s, cumpliendo sus compromisos internacionales (es, entre las que han asumido m¨¢s competencias, la comunidad m¨¢s disciplinada en materia de d¨¦ficit con el objetivo de la convergencia europea); est¨¢ contribuyendo positivamente al crecimiento del pa¨ªs; al equilibrio de nuestra balanza de pagos (por su tasa de cobertura comercial y por las divisas que ingresa su oferta tur¨ªstica); goza de una situaci¨®n socioecon¨®mica, de una estabilidad pol¨ªtica y de una paz social que est¨¢n atrayendo inversiones procedentes de medio mundo y muchos recursos financieros procedentes de Europa. En fin, la poblaci¨®n activa de Andaluc¨ªa, la m¨¢s alta de todas las comunidades espa?olas, ha crecido desde 1980 el doble que la media nacional y la productividad se ha ¨ªncrementado un 40% en este periodo. S¨®lo desde la ignorancia o la mala fe se pude seguir sosteniendo, pues, el t¨®pico, el clich¨¦, el mito de la regi¨®n subsidiada, pasiva, que vive y quiere seguir viviendo del resto del pa¨ªs (de subvenciones y subsidios, en t¨¦rminos comparativos, escribiremos en otro momento).

Es una falacia, igualmente, como dec¨ªamos, pretender convencer a nadie de que la corresponsabilidad fiscal s¨®lo es aut¨¦ntica, pata negra, si pivota sobre el' IRPF. Esta interpretaci¨®n del Gobierno central no resiste la menor cr¨ªtica y s¨®lo se justifica al dictado de CiU. Porque, dig¨¢moslo ya, el Gobierno de Aznar ha lanzado una propuesta que no ha sido capaz ni siquiera de cuantificar, de evaluar con n¨²meros ciertos, sus consecuencias para todas las comunidades aut¨®nomas en el quinquenio para el que se va a establecer este modelo reducido (1997-2001).

La propuesta alternativa de la Junta de Andaluc¨ªa contempla, por el contrario, la revisi¨®n global del sistema y garantiza la suficiencia, la solidaridad y m¨¢s autonom¨ªa financiera por todas y cada una de las comunidades aut¨®nomas.Est¨¢, adem¨¢s, avalada por muchas de las conclusiones y sugerencias del Libro Blanco, el trabajo elaborado por el llamado grupo de expertos que con m¨¢s rigor se ha aproximado hasta ahora a la b¨²squeda de un modelo definitivo para la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas.

El Gobierno andaluz, que asume la corresponsabilidad fiscal como medio apropiado y necesario para el logro de la mayor autonom¨ªa financiera, que es el fin, ha propuesto opciones tributarias alternativas (cesi¨®n de impuestos especiales sobre el tabaco y medios de transporte, as¨ª como participaciones territorializadas en otros impuestos como el propio IRPF, el IVA o el especial sobre hidrocarburos, y en los rendimientos del Organismo Nacional de Loter¨ªas y Apuestas del Estado), en el marco de una revisi¨®n que contempla tambi¨¦n la actualizaci¨®n de variables como. la poblaci¨®n y el esfuerzo fiscal a la hora de determinar la financiaci¨®n global de cada autonom¨ªa en el a?o base (1996), as¨ª como la negociaci¨®n sobre el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI) y las olvidadas asignaciones de nivelaci¨®n de servicios p¨²blicos fundamentales (art¨ªculo 15 de la LOFCA).

La Junta de Andaluc¨ªa quiere di¨¢logo, negociaci¨®n, consenso, pero no est¨¢ dispuesta a aceptar tal como est¨¢ planteado (y tememos que el Gobierno del PP no tiene margen para negociar) un modelo parcial que, al margen de la Constituci¨®n, consagra privilegios para algunas comunidades (entre Catalu?a y Valencia se llevar¨ªan el 65% de la financiaci¨®n adicional del nuevo sistema), perjudica notoriamente a otras (especialmente, a Andaluc¨ªa y Galicia) y logra que Catalu?a alcance un 93% de autonom¨ªa financiera mientras Andaluc¨ªa apenas llega el 41% y Galicia a un 43%. En nuestra propuesta, por el contrar¨ªo, todas las comunidades alcanzan m¨¢s autonom¨ªa financiera (Andaluc¨ªa y Galicia llegan hasta el 60%) y la financiaci¨®n adicional del sistema se reparte m¨¢s homog¨¦neamente, m¨¢s solidariamente (y ¨¦sta es la clave) entre las comunidades.

No nos oponemos a la corresponsabilidad fiscal de las autonom¨ªas, sino a que este argumento sirva de coartada para abrir m¨¢s la brecha entre las comunidades m¨¢s y menos desarrolladas, despreciando el papel reequilibrador del Estado y la propia Constituci¨®n que lo sostiene.

El Gobierno andaluz no puede aceptar un sistema que brinde gratuitamente (perd¨®n, quiero decir con la sabida contraprestaci¨®n) unos ingresos adicionales crecientes a Catalu?a, que representan, ?s¨®lo!, seis veces lo que recibir¨¢ Andaluc¨ªa durante el quinquenio. Entre otras razones ya explicadas, porque los ciudadanos andaluces no pueden ni deben pagar m¨¢s que los dem¨¢s espa?oles para que Aznar pueda seguir disfrutando de las incomodidades de La Moncloa.