El fiscal pide al Supremo la condena de dos presuntos casos del "caso N¨¦cora"

El fiscal del Tribunal Supremo pidi¨® ayer que se aumenten las penas impuestas a nueve narcotraficantes condenados por la Operaci¨®n N¨¦cora y que se revoque la absoluci¨®n de dos de los principales encausados absueltos, Manuel Charl¨ªn Gama y Alfredo Cordero Gonz¨¢lez. El fiscal pidi¨® a los cinco magistrados del Tribunal Supremo que tengan en cuenta las escuchas telef¨®nicas ordenadas por el juez instructor, Baltasar Garz¨®n. La Audiencia Nacional consider¨® que no eran nulas ni il¨ªcitas, pero s¨ª que carec¨ªan de valor probatorio.

La vista de los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional -que conden¨® a 31 de los 47 procesados por narcotr¨¢fico a penas que suman 304 a?os de c¨¢rcel- fue presenciada por una representaci¨®n de mujeres de colectivos gallegos contra la droga.El recurso de casaci¨®n del fiscal se centr¨® en la vulneraci¨®n del derecho a la tutela judicial efectiva, por no haberse aceptado la validez de las intervenciones telef¨®nicas que, seg¨²n la sentencia de la Audiencia Nacional, carecieron de las m¨ªnimas condiciones procesales para ser aceptadas como prueba.

El representante del ministerio p¨²blico indic¨® que la sentencia de la Audiencia hab¨ªa causado una "percepci¨®n" en la sociedad de que las penas impuestas fueron muy leves en relaci¨®n con la gravedad de los hechos que se enjuiciaron.

El fiscal pidi¨® que sean sentenciados a prisi¨®n los presuntos capos del narcotr¨¢fico gallego Manuel Charl¨ªn Gama y Alfredo Cordero, para los que las Fiscal¨ªa Antidroga pidi¨® 23 a?os de c¨¢rcel, pero que finalmente resultaron absueltos. Se?al¨® que la sentencia de la Audiencia "no ponder¨® la realidad de que los traficantes de droga no hablaban nunca de droga ni de kilos por tel¨¦fono".

Respecto a Laureano Oubi?a y Esther Lago, condenados a 12 a?os de c¨¢rcel y multa de 1.280. millones cada uno por receptaci¨®n y delito fiscal, el representante del ministerio p¨²blico manifest¨® que la sentencia de la Audiencia silencia determinados elementos graves acerca de las "sociedades fachada" que crearon para disimular los beneficios obtenidos con el supuesto tr¨¢fico de drogas. Para ¨¦stos y otros siete condenados pidi¨® que se eleven en un grado la penas impuestas.

Al recurso del fiscal se adhirieron los representantes de los ayuntamientos de Vigo y Madrid, y la Xunta de Galicia. El primero defendi¨® que si las escuchas telef¨®nicas sirvieron para que de las mismas se desglosara un sumario que llev¨® a la condena del narcotraficante Sito Mi?anco a m¨¢s de 20 a?os de prisi¨®n, tambi¨¦n deber¨ªa haberse tenido en cuenta su validez para este proceso.

El defensor de Charl¨ªn, Armando R¨®denas, impugn¨® el recurso del fiscal y pidi¨® la confirmaci¨®n de la absoluci¨®n de su defendido, a quien Garz¨®n mantiene en prisi¨®n por otro proceso.

R¨®denas contest¨® al fiscal que los tribunales "no est¨¢n para satisfacer a la prensa y a la sociedad, sino para intentar hacer la valoraci¨®n oportuna de la prueba". En consecuencia, pidi¨® al Supremo que olvide "si la sentencia ha gustado o no" y dijo que, en los ocho meses de juicio en la Casa de Campo de Madrid, a las acusaciones no se les neg¨® ninguna de las numerosas pruebas que pidieron, pese a lo cual el tribunal estim¨® que las escuchas no ten¨ªan validez probatoria.

El defensor de Charl¨ªn se refiri¨® al punto m¨¢s conflictivo de la instrucci¨®n, el c¨²mulo de intervenciones telef¨®nicas que, seg¨²n dijo, constitu¨ªan una "aut¨¦ntica prospecci¨®n" por parte del juez. "Era tal el caos que ten¨ªan a nivel de instrucci¨®n, que el juez, por dos veces, solicit¨® a la Jefatura de Polic¨ªa que, le aclarase exactamente cu¨¢l era el proceso de informaci¨®n que se estaba llevando a cabo".

Los letrados de Alfredo Cordero, Jos¨¦ Luis Abal Agra, Baltasar Vilar, Eulogio Romero, Jos¨¦ Luis Vi?as, Gerardo Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Rey se opusieron a los recursos de las acusaciones, que solicitaron se les. impusiera la pena superior en un grado en atenci¨®n a la suma gravedad de los hechos.

Los defensores se?alaron que no basta tener el "convencimiento moral" de que se est¨¢ implicado' en los hechos, sino que hay que destruir con pruebas v¨¢lidas la presunci¨®n de inocencia.