Aznar mantendr¨¢ su decision de no entregar los documentos pese al auto de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional no va a hacer cambiar a Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El Gobierno no va a revisar su decisi¨®n de no levantar el secreto de los famosos papeles del Cesid, el servicio secreto militar espa?ol, que podr¨ªan, acaso, ayudar a aclarar la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL). Aznar fue contundente ayer: "El Gobierno ha tomado una decisi¨®n que no tiene previsto someter a revisi¨®n". Los socialistas salieron en tromba con su secretario general, Felipe Gonz¨¢lez, para apoyar al Gobierno en su decisi¨®n sobre los papeles del Cesid y, de paso, pedir al poder judicial que respete al ejecutivo.

Aznar dej¨® claro que no se revisar¨¢ la negativa a entregar los documentos a los jueces, a reserva de que se produzca un mandato expreso, porque "otra cosa", dijo en una conferencia de prensa con el jefe de Estado de Venezuela, Rafael Caldera, "son las decisiones de los tribunales".La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dict¨® el martes un auto en el que defiende que los documentos secretos puedan ser utilizados como prueba ante los tribunales y considera "impensable" que se dejen (le castigar delitos graves "por la sola voluntad, irrevisable, de un poder del Estado". Secunda as¨ª al juez Javier G¨®mez de Lia?o, instructor del caso Lasa-Zabala, cuya petici¨®n de documentos fue rechazada el 2 de agosto por el Ejecutivo.

"Normalidad"

La iniciativa del tribunal fue recibida por el Gobierno, coment¨® Aznar, "con la misma normalidad" con que acoge otras resoluciones judiciales. A continuaci¨®n cit¨® a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, qui¨¦n tambi¨¦n afirm¨® anteayer que todo delito debe ser castigado. "Naturalmente, es la justicia la que debe encargarse de que ning¨²n crimen, si es que lo hay, quede impune", recalc¨® el presidente del Gobierno.

?Y que pasar¨¢ si el Tribunal Supremo se pronuncia tambi¨¦n a favor de la desclas¨ªficaci¨®n de los famosos documentos? Aznar fue algo evasivo en su respuesta: "L¨®gicamente, el Gobierno lo estudiar¨¢ y ver¨¢ qu¨¦ es lo que el Tribunal Supremo hace en su momento, pero no vamos a revisar la decisi¨®n tomada".

El jefe del Gobierno justific¨® largo y tendido la "decisi¨®n tomada" antes de :sus vacaciones de no levantar el secreto de los documentos, que, a?adi¨®, "no era la m¨¢s f¨¢cil". Se adopt¨® "desde el an¨¢lisis de la conveniencia para el pa¨ªs" y con el prop¨®sito de "prestar un servicio a la democracia y a nuestro pa¨ªs".

Los socialistas multiplicaron, a su vez, las declaraciones de aprobaci¨®n y apoyo al Gobierno de Aznar en esta materia. Cristina Alberdi, ex ministra y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial, lleg¨® a sugerir sanciones para los jueces que critiquen al Ejecutivo, en referencia al auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los socialistas y los populares siguen de la mano en todo lo que se refiere a secretos de Estado. Unos y otros han recibido con id¨¦ntico desagrado tanto el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el apoyo del fiscal al juez Javier G¨®mez de Lia?o, instructor del caso Lasa Zabala, para que llame a declarar a los diputados de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales del Congreso.

Gonz¨¢lez dijo ayer que el Gobierno "tiene sus responsabilidades y sus obligaciones", aunque piensa que en este caso "ha hecho lo que debe hacer". Al propio tiempo, pidi¨® a los tribunales "que respeten al Ejecutivo". Opiniones que expres¨® envueltas en palabras de respeto y apoyo a la justicia para que adopte libremente las decisiones que crea oportunas.

La ex ministra de Asuntos Sociales tom¨® otro camino m¨¢s directo. Alberdi asegur¨® que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial proh¨ªbe que los jueces "hagan elogios y cr¨ªticas al Gobierno". A su juicio, el incumplimiento de este principio "deber¨ªa llevar aparejadas sanciones, pero ocurre que en el Consejo General del Poder Judicial se ha sido, para enjuiciar la labor de los jueces, muy flexible, sin considerar que tambi¨¦n la justicia tiene sus obligaciones y entre ellas est¨¢ abstenerse tanto de la cr¨ªtica como de la loa". A?adi¨®: "Siempre me he quejado de la falta de sanciones a quienes incumplen este deber, que es exactamente lo que han hecho los autores de este auto".

El portavoz del grupo socialista, Joaqu¨ªn Almunia, tambi¨¦n se refiri¨® al asunto para opinar que a quien corresponde dictaminar sobre los papeles del Cesid es a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que debe decidir si admite a tr¨¢mite o no un recurso de la acusaci¨®n particular en el caso Lasa-Zabala contra la decisi¨®n del Gobierno. Almunia defiende que sea esta sala la que "siente jurisprudencia" o, en su caso, establezca si el caso debe llegar al Tribunal Constitucional.

"Considerar que la voz m¨¢s autorizada es la del auto de la Audiencia Nacional es, como poco, excesivo, y quien se apoya en este auto para defender sus tesis es poco respetuoso con el Estado de Derecho", declar¨® el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. "No voy a admitir", agreg¨® Almunia, "que desde la Audiencia Nacional o desde ning¨²n otro tribunal se ponga en cuesti¨®n el funcionamiento mismo de la justicia en Espa?a".