La Moncloa discute con asesores privados formas de control de los medios audiovisuales

El secretario de Estado para la Comunicaci¨®n, Miguel Angel Rodr¨ªguez, se ha rodeado de un grupo de asesores privados con los que lleva tres meses discutiendo una regulaci¨®n de "la informaci¨®n y programaci¨®n audiovisual difundida por cualquier medio", seg¨²n el texto de ese proyecto que fue conocido ayer. Entre los asesores utilizados, que no est¨¢n contratados por la Administraci¨®n, ni han recibido nombramiento alguno, se encuentran Mauricio Casals, un hombre del diario Abc, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Informaci¨®n de la Complutense, Javier Fern¨¢ndez del Moral, ex miembro de la Asociaci¨®n de Periodistas Independientes (AEPI), autor de una cr¨ªtica muy dura al proyecto gubernativo.

Otros asesores son un ex directivo de RTVE, Eduardo Garc¨ªa Matilla, que ha trabajado para el PP en otras ocasiones; y dos consultores de Price Waterhouse, Fernando Pardo y Juan Vallejo.El punto de partida del trabajo ha sido el documento sobre contenidos televisivos que prepar¨® el Senado durante la legislatura anterior, a trav¨¦s de sesiones p¨²blicas presididas por Victoria Camps. Desde el cambio del Gobierno, las tareas han sido reconducidas al ¨¢mbito reservado de La Moncloa.

El 3 de julio comenz¨® a reunirse Rodr¨ªguez con los asesores. El acta levantada de esa sesi¨®n refleja la insistencia en no emplear la palabra "contenidos" para denominar la ley, ya que ese t¨¦rmino "se suele asociar a censura". Y se fijan una serie de palabras clave a utilizar: "Moral p¨²blica, defensa de la integridad (no discriminaci¨®n por raza, sexo, religi¨®n), libertad del consumidor, protecci¨®n de los ni?os". "Queda en duda" si la radio debe quedar afectada o no por la regulaci¨®n en ciernes, mientras que "cine, publicidad, prensa y producci¨®n audiovisual se excluyen", dice el acta.

En la siguiente reuni¨®n -17 de julio- Miguel Angel Rodr¨ªguez expres¨® sus dudas sobre el organismo o persona que debe decidir si un determinado contenido atenta a los derechos y libertades. "El grupo [de asesores] considera viable la creaci¨®n de un Consejo de lo Audiovisual como autoridad independiente. En cualquier caso MAR mantiene sus dudas", se lee en el acta. MAR est¨¢ identificado en el encabezamiento como "Miguel ?ngel Rodr¨ªguez".

MAR, pide tambi¨¦n "que se concrete de forma m¨¢s o menos tajante aquellos contenidos que claramente no podr¨¢n difundirse". A esta sesi¨®n no asisti¨® Garc¨ªa Matilla y se incorpor¨® Juan Vallejo.

A la altura del 31 de julio ya se hab¨ªan producido consultas a especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo,, quienes advirtieron a los expertos y a la secretar¨ªa de Estado del jard¨ªn en que se estaban metiendo. "Nos reconocen la complejidad del asunto que pretendemos regular y nos indican que adem¨¢s, dado el objeto de la ley que se pretende aprobar, ¨¦sta deber¨ªa aprobarse como ley org¨¢nica" se lee en el texto denominado "consideraciones previas al documento n? 3".

Seg¨²n fuentes de la Moncloa, en reuniones posteriores han sido eliminadas del texto algunas de las m¨¢s divertidas disposiciones que conten¨ªa, como la atribuci¨®n al Gobierno de la capacidad de decidir cuales son los asuntos "de inter¨¦s general" sobre los que ninguna empresa de televisi¨®n podr¨¢ arrogarse una exclusiva. A t¨ªtulo de acontecimientos de inter¨¦s general se mencionan todos aquellos "en los que participen representantes de la naci¨®n, individual o colectivamente, en los campos de la pol¨ªtica, la cultura, el deporte, la econom¨ªa y la pr¨¢ctica judicial y legislativa".

Para la semana pr¨®xima hay prevista una nueva reuni¨®n del grupo asesor con el secretario de Estado. Parece que a la factor¨ªa de ideas de la Moncloa, como empieza a conocerse a la Secretar¨ªa de Estado para la Comunicaci¨®n en medios parlamentarios, se ha sumado recientemente un cargo del Instituto Nacional de Consumo, Oscar L¨®pez, quien no atendi¨® las llamadas realizadas para verificarlo.

Agua al incendio

Miguel ?ngel Rodr¨ªguez y sus principales colaboradores dedicaron ayer buena parte de sus energ¨ªas a reducir el penoso efecto causado por la difusi¨®n de un texto que el diario Abc present¨® como el "proyecto de ley de garant¨ªas del derecho del ciudadano a recibir informaci¨®n veraz", y al que la Moncloa niega el car¨¢cter de tal.El propio Rodr¨ªguez defendi¨® que "del mismo modo que cuando alguien compra un yogur tiene derecho a ver en la etiqueta de qu¨¦ est¨¢ hecho, el consumidor de televisi¨®n tiene derecho a algo similar. Las pel¨ªculas que incluyen escenas de violencia gratuita deben ir precedidas de una advertencia al espectador y no que te encuentres por sorpresa, cuando ya est¨¢s delante del televisor, que a un se?or le est¨¢n sacando la dentadura a patadas. ?sa es la reflexi¨®n que he abierto y que quer¨ªa haber continuado reservadamente, hasta llegar a alguna conclusi¨®n".

Las aportaciones han sido recogidas en un documento que, seg¨²n coment¨® Rodr¨ªguez a este peri¨®dico, no tiene ning¨²n otro valor que el de contener en bruto ciertas consideraciones. "Yo s¨¦ que es muy complicado plasmar en una ley unos criterios de defensa de los derechos fundamentales en los medios audiovisuales. Por eso estaba en la fase de reflexi¨®n, sin haberla terminado siquiera. Est¨¢bamos a un tercio del final de la pel¨ªcula, y con esta filtraci¨®n hasta eso se ha viciado", se lament¨®. "Pero yo voy a seguir adelante", a?adi¨®.