Cuando la propia justicia incumple la ley

Hace m¨¢s de 10 a?os, Francisca Llabr¨¦s Pujol era auxiliar administrativa en la secretar¨ªa de la Secci¨®n 4 a de lo Penal de la Audiencia de Barcelona. En esas dependencias, algunos magistrados y compa?eros suyos fumaban, y Francisca no pod¨ªa soportar el humo. No se trataba del malestar habitual de los no fumadores hacia los pertinaces consumidores de nicotina, sino de una alergia aguda al humo. En otras palabras, Francisca enfermaba.Primero fueron peticiones y ruegos. Pero en 1985, tras aprobarse en Catalu?a la ley que prohib¨ªa fumar en las oficinas p¨²blicas, Francisca decid¨ª¨® plantear lo que ella consideraba l¨®gico: "Que en el Palacio de Justicia se cumpliera esta ley". Iniciar esa guerra le cost¨® acabar siendo expulsada en 1989 por acuerdo del Consejo de Ministros.

Siete a?os y medio m¨¢s tarde., el Tribunal Supremo ha anulado aquel acuerdo, y el Ministerio de Justicia est¨¢ tramitando el abono de los salarios que la funcionaria no ha percibido. Francisca calcula que debe cobrar unos 13 millones de pesetas. "Lo injusto es que el dinero tenga que salir del erario p¨²blico y no de las personas que impidieron que yo ejerciera mi derecho al exigir el cumplimiento de una ley. Estoy segura de que, si hubiera sido la reclamaci¨®n de cualqu¨ªer empleado, los tribunales le hubieran dado la raz¨®n. Lo malo es que yo me enfrent¨¦ a los jueces", relata.

El Supremo no entra en el fondo de la cuesti¨®n en su sentencia de mayo, sino que anula el acuerdo del Consejo de Ministros con un complejo razonamiento t¨¦cnico-jur¨ªdico sobre la validez de las decisiones de la Sala de Gobierno de la Audiencia de Barcelona. La funcionaria dirigi¨® su primera solicitud al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona -figura ya desaparecida- el 27 de enero de 1986.Ped¨ªa el traslado a la secretar¨ªa de gobierno de la Audiencia, "donde el consumo de tabaco era inferior". La respuesta fue negativa. Un mes m¨¢s tarde insisti¨®, y esta vez la contestaci¨®n fue el traslado al archivo general- de la Audiencia. All¨ª estuvo casi un a?o, hasta que la directora del archivo comunic¨® a la presidencia de la Audiencia que Francisca no pod¨ªa estar en ese departamento por ser auxiliar administrativa. Pero, sobre todo, porque la funcionaria no estaba de acuerdo con las condiciones higi¨¦nicas de su puesto de trabajo, donde los insectos y la suciedad eran inseparables de los viejos legajos judiciales. La versi¨®n de la afectada es que las compa?eras del archivo dieron con una particular forma de hacerle luz de gas: encender cigarro tras cigarro.

El asunto se enmara?¨®, y la Sala de Gobierno acab¨® abriendo un expediente de incapacitaci¨®n a Francisca. Eso ocurri¨® en marzo de 1987, y el fiscal propuso trasladar a la funcionaria a la oficina de informaci¨®n del Palacio de Justicia. Pero ?correspond¨ªa o no a un auxiliar administrativo ocupar ese puesto?, se pregunt¨® la Sala de Gobierno. Como ten¨ªan dudas, decidieron consultar al Ministerio de Justicia. La respuesta fue que s¨ª.

Empez¨® entonces un galimat¨ªas judicial entre los recursos de la funcionaria y las respuestas de la Sala de Gobierno. Reclamaciones y acuerdos pasearon por los despachos del Ministerio de Justicia y los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante ocho meses, Francisca se neg¨® a ir a trabajar: "Era un desaf¨ªo, como me dijo un juez, y ten¨ªa raz¨®n. Pero yo estaba decidida". Finalmente, el Consejo dio la raz¨®n a la funcionaria el 4 de mayo de 1988 y dispuso su regreso al archivo. All¨ª se incorpor¨®, pero la Sala de Gobierno ya le hab¨ªa abierto un expediente disciplinario por abandono injustificado".

La propuesta de separaci¨®n de servicio se tom¨® el 11 de julio de 1988, y el acuerdo del Consejo de Ministros se produjo en marzo de 1989. Desde esa fecha, Francisca dej¨® de ser funcionaria de Justicia. "Decid¨ª ir hasta el final y recurr¨ª la expulsi¨®n al Tribunal Supremo, al tiempo que solicitaba que me reincorporasen a un juzgado de M¨¢laga, pues, all¨ª traslad¨¦ mi domicilio hace seis anos cuenta.

El Supremo declar¨® nula la expulsi¨®n, y el 28 de agosto el Ministerio de Justicia dispuso su reincorporaci¨®n. Pero en Barcelona. "De nada ha servido pedir una plaza en M¨¢laga", explicaba la funcionaria el lunes ante el Palacio de Justicia. Ese d¨ªa tom¨® posesi¨®n y pidi¨® autom¨¢ticamente el cese. Su vida, ocho a?os despu¨¦s, est¨¢ en M¨¢laga, y no en Barcelona.