Amenaza y disparate

NADIE QUE haya visto por televisi¨®n el resumen de la intervenci¨®n de Karmelo Landa sobre los presos de ETA dudar¨ªa de que ese dirigente de HB estaba amenazando a alguien cuando dijo que "han expirado todos los plazos y entramos en la cuenta atr¨¢s". Que eso lo diga el portavoz del brazo pol¨ªtico de la organizaci¨®n que tiene secuestrado a un funcionario de prisiones desde hace nueve meses, y cuya liberaci¨®n aparece condicionada al reagrupamiento de los presos, otorga a la amenaza un acento especialmente siniestro. Al abrir diligencias contra ¨¦l la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco no ha hecho sino aplicar la ley.Si, como ha afirmado el otro portavoz de ese partido, Floren Aoiz, se le ha entendido mal, y su intenci¨®n no era amenazar a nadie, que lo aclare as¨ª ante el juez, como tendr¨ªa que hacer cualquier otro ciudadano. Como deber¨ªa hacerlo, por ejemplo, ese otro dirigente de HB que ayer mismo amenaz¨® al diputado vasco del PP Carlos Iturgaiz con seguir acos¨¢ndolo -llevan semanas concentr¨¢ndose ante su domicilio, donde han pintado una diana con su nombre en el centro- hasta que se sienta "tan agobiado como los presos".

Se entiende que HB intente utilizar el asunto del acercamiento-agrupamiento de los presos de ETA para dividir a los dem¨®cratas. Menos entendible es que algunos partidos democr¨¢ticos secunden ese intento. Sobre todo, porque es un conflicto artificial: los partidos est¨¢n de acuerdo en el acercamiento de los presos, aunque haya algunas divergencias sobre los ritmos y modalidades de aplicaci¨®n. El argumento de Mayor Oreja es que el criterio de acercamiento no puede significar el agrupamiento en unos pocos centros -en el Pa¨ªs Vasco s¨®lo hay tres c¨¢rceles- que favorezca el control de los presos por los comisarios pol¨ªticos de ETA. Es un criterio razonable que hasta hace poco compart¨ªa el PNV. Y por mucho que lo repitan unos u otros, no dejar¨¢ de ser falso que el Gobierno est¨¦ incumpliendo la legalidad.

El art¨ªculo 12 de la Ley General Penitenciaria y el 9 del Reglamento Penitenciario recomiendan diversas medidas tendentes a evitar "el desarraigo social de los penados", una de las cuales ser¨ªa su localizaci¨®n en c¨¢rceles pr¨®ximas a su lugar de residencia; pero siempre en la perspectiva de favorecer su reinserci¨®n social, a la que se oponen con todas sus fuerzas los que asesinaron a Yoyes. La ley recomienda al respecto un "tratamiento individualizado" y el traslado al "establecimiento cuyo r¨¦gimen sea m¨¢s adecuado" para la reinserci¨®n de cada recluso (art¨ªculo 63 de la ley y 241 del reglamento). El acercamiento sin reagrupamiento y con tratamiento caso por caso propuesto por Mayor Oreja podr¨¢ ser discutible, pero es respetuoso con esos criterios.

Por otra parte, todos admiten que la competencia penitenciaria es del Gobierno, que ha consultado a las instituciones vascas antes de decidir. En estas condiciones resulta incomprensible el empe?o por convertir el asunto en un conflicto institucional, prodigando frases como que el Gobierno "insulta a los vascos al negarse a acercar a los presos". A no ser que de lo que se trate sea precisamente de debilitar como sea al Gobierno central para obtener ventajas en otras cuestiones que el Ejecutivo vasco est¨¢ negociando.

S¨®lo en ese contexto se explica que alguien tan razonable como el lehendakari Ardanza aproveche la confusi¨®n para insinuar que el Gobierno acent¨²a su d¨¦ficit de legitimidad en Euskadi al no asumir lo decidido por una comisi¨®n del Parlamento vasco. M¨¢s all¨¢ de la negociaci¨®n del concierto, la cuesti¨®n es c¨®mo piensa Ardanza que interpretar¨¢n esa contraposici¨®n entre legitimidades los que mantienen secuestrado a Ortega Lara. Los mismos que han intentado asesinar en al menos cinco ocasiones a su consejero Atutxa.