El Gobierno denegar¨¢ el paro a 155.000 personas en 1997 dentro de Ia lucha contra el fraude

El secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, anunci¨® ayer que el Gobierno prev¨¦ ahorrar 265.000 millones en 1997 dentro del plan de lucha contra el fraude en Seguridad Social y desempleo. De esa cifra 160.000 millones corresponden a ahorro en el gasto de protecci¨®n por desempleo, que se pretende lograr denegando 155.000 solicitudes de seguro de paro. Los restantes 105.000 millones corresponden a irregularidades en la Seguridad Social. Fuentes de Trabajo mostraron su malestar porque se haya dado a conocer datos de un informe interno.

Miguel Angel Rodr¨ªguez revel¨® que el ministro de Trabajo, Javier Arenas, expuso ante el resto de los miembros del gabinete un informe de actuaci¨®n en el que ya se recogen los primeros resultados por las medidas que se est¨¢n empezando a tomar. El secretario de Estado de Comunicaci¨®n explic¨® tras el Consejo de Ministros que Trabajo ha decidido dotar de m¨¢s personal a las unidades encargadas de impedir lo que denomin¨® "fraude social".El plan de lucha contra el fraude en Seguridad Social en 1997 pretende lograr un ahorro que superar¨¢ los 105.000 millones de pesetas. A ellos hay que sumar " 160.000 millones de ahorro en las prestaciones de desempleo ya que se piensan denegar 155.000 solicitudes de seguro de paro", seg¨²n manifestaron fuentes de Moncloa a este peri¨®dico. En total se persigue un ahorro de 265.000 millones. En el Ministerio de Trabajo, por su parte, se mostraron sorprendidos de que Moncloa hubiera dado a conocer datos de lo que consideran un informe interno.

No obstante, ni en Moncloa ni en Trabajo quisieron facilitar m¨¢s detalles sobre el plan ni las razones por las que se va a denegar un n¨²mero tan elevado de prestaciones por desempleo, que supone en tomo al 10% de los actuales beneficiarios de la cobertura, del paro. Presumiblemente una de las causas ser¨¢ la puesta en marcha de medidas incluidas en la ley de acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre ellas que se retirar¨¢ el seguro de paro a quienes rechacen una oferta de empleo de las agencias privadas de colocaci¨®n y la aplicaci¨®n severa de otra medida en vigor, consistente en suprimir el pago del desempleo a quienes no acepten cursos de formaci¨®n ocupacional u ofertas de empleo de las oficinas del Inem.

Rodr¨ªguez tambi¨¦n asegur¨® que se ha comprobado que el n¨²mero de pensiones cuyos titulares superan presumiblemente el nivel de rentas exigido para cobrar el complemento de m¨ªnimos son 174.512. En la prestaci¨®n familiar por hijo a cargo se ha suspendido cautelarmente el pago a 115.000 perceptores y se ha dado la baja definitiva a 52.338 familias. Con ello se ha conseguido un ahorro de 1.413 millones de pesetas. En el control de defunciones de pensionistas y de matrimonios de beneficiarios de pensiones de viudedad se han logrado 65.906 bajas y se han reclamado 175.000 mensualidades a las entidades financieras por un importe total de 9.732 millones de pesetas.Tambi¨¦n se ha detectado que cinco millones de personas reciben del Estado prestaciones por incapacidad laboral con una media de 207 d¨ªas de baja y un coste total de 270.000 millones. Mientras tanto nueve millones de trabajadores dependientes de mutuas tienen una media de 47 d¨ªas de baja laboral por un importe global de 230.000 millones.

Incapacidad laboral

Un convenio contra ese tipo de fraude firmado con Catalu?a ha reducido el gasto en un 3% en un mes y el Gobierno tiene intenci¨®n de suscribir convenios similares con varias autonom¨ªas para tratar de reducir ese gasto. Seg¨²n el portavoz del Gobierno, se pretende aproximar las primeras cifras de incapacidad laboral a las de las mutuas. Paralelamente los ministerios de Justicia y Trabajo van a colaborar para que no se cobren indebidamente pensiones de familiares fallecidos.El ministro de Trabajo declaraba por la tarde en C¨®rdoba que en 1997 quiere mejorar la gesti¨®n en el Inem, luchando contra el cobro fraudulento de prestaciones, y tambi¨¦n en la Seguridad Social, con medidas que impidan el fraude referido al cobro indebido de pensiones y a la morosidad de las empresas con la Seguridad Social, elementos con los que "se reducir¨¢ el gasto p¨²blico en unos 200.000 millones. de pesetas". Javier Arenas no dio m¨¢s detalles del plan de lucha contra el fraude aunque s¨ª hizo un llamamiento a las empresas morosas para que negocien convenios de aplazamiento con la Seguridad Social en el pago de cuotas.