El tribunal de cuentas navarro denuncia irregularidades en la construcci¨®n de la autov¨ªa Pamplona-Vitoria

Las obras p¨²blicas en Navarra siguen bajo sospecha. Despu¨¦s de que Gabriel Urralburu y Antonio Arag¨®n, ex presidente y ex consejero de ese departamento durante la etapa socialista, hayan sido procesados por presunto cohecho, un informe de la C¨¢mara de Comptos (Tribunal de Cuentas navarro, cuyos or¨ªgenes se remontan al siglo XIV) denuncia ahora graves irregularidades en la Adjudicaci¨®n y la ejecuci¨®n de la autov¨ªa Irurun-Alsasua, realizada durante el primer Gobierno de UPN (de 1990 a 1995), presidido por Juan Cruz All¨ª, y cuyo gasto total asciende a 13.004 millones de pesetas.

Si la autov¨ªa del Leizar¨¢n que une Pamplona con San Sebasti¨¢n ha sido una tumba de secretos inconfesables para algunos dirigentes del Partido Socialista de Navarra (PSN), la de la Barranca, que enlaza Pamplona con Vitoria, puede causar quebraderos de cabeza a Uni¨®n del Pueblo Navarro (UPN), formaci¨®n regionalista federada con el PP que hoy gobierna Navarra bajo la batuta de Miguel Sanz.El informe de la C¨¢mara de Comptos denuncia la actuaci¨®n del ex consejero de Obras P¨²blicas Jos¨¦ Ignacio L¨®pez Border¨ªas, que adjudic¨® tramos contra el parecer de los t¨¦cnicos; destaca el incremento del 33,3% del precio de la obra, 10.367 millones, sobre el inicial, y critica el sistema de adjudicaci¨®n realizado. Aunque se emple¨® el concurso, los criterios de selecci¨®n y los baremos se establecieron a posteriori, una vez conocidas las ofertas de los licitantes.

Los auditores se?alan asimismo que se registraron 22 modificaciones contractuales en los cuatro, tramos de la obra, de 25,9 kilo metros, que constituye el cierre de la conexi¨®n de alta capacidad Pamplona-Vitoria. Una de ellas consisti¨® en el cambio de firme r¨ªgido a flexible en el tramo I

Sobre este ¨²ltimo punto, el informe, firmado, por el presidente de la C¨¢mara, Francisco Javier Tu?¨®n, indica que el contratista aleg¨® que con ese cambio ser¨ªa m¨¢s probable el cumplimiento de los plazos de construcci¨®n.

Los auditores, son especialmente cr¨ªticos con algunas de las decisiones de L¨®pez Border¨ªas, hoy se nador por UPN en Madrid. En el tramo I, la adjudicaci¨®n (31 de di ciembre de 1990) se realiz¨® por el consejero "en contra de la valoraci¨®n efectuada por el informe t¨¦cnico de las propuestas presentadas y sin que quede adecuadamente justificado dicho cambio en la elecci¨®n del adjudicatario".

"Curiosamente", se?ala, "la adjudicaci¨®nindica basarse en los informes t¨¦cnicos, que, sin embargo, colocan a la empresa que resulta adjudicataria en los ¨²ltimos lugares con una diferencia sustancial con el propuesto en primer lugar por el citado informe t¨¦cnico". La ajudicataria fue la UTE Irurtun, formada por las empresas Navasfalt, Elkarte, Oloquiegui, Asfaltos de Biurrun y Trabit. Se le adjudic¨® en 1.578 millones.

El informe se?ala que en los tramos III y IV, L¨®pez Border¨ªas adjudic¨® (22 de febrero de 1993) al concursante propuesto por el director del Servicio de Caminos sin que se expresaran las razones concretas ni se adjuntara la puntuaci¨®n obtenida por los distintos licitadores. El tramo III se adjudic¨® en 2.446 millones a la UTE Arbizu, formada por Cubiertas Mzov, Urbanizaciones Iru?a, Construcciones Azp¨ªroz y Saralegui, Obras Especiales de Navarra y Excavaciones Luciano Elkarte. Y el IV lo fue a Agrom¨¢n en 1.953 millones. El tramo II lo obtuvo (31 de diciembre de 1990) Dragados y Construcciones en 1.795.

"El procedimiento de selecci¨®n de contratista de los cuatro tramos evidencia un alto grado de discrecionalidad por parte de la Administraci¨®n ( ... ) agravado en algunos casos por la adjudicaci¨®n en contra de los informes t¨¦cnicos o con ausencia de los mismos", dice el informe fiscalizador.

La seguridad en la construcci¨®n de esta autov¨ªa es otro de los apartados en los que han buscado los t¨¦cnicos del Tribunal de Cuentas. El Gobierno Foral acord¨® el 4 de julio de 1991 extender estos servicios a esta obra por su proximidad con, la autov¨ªa de Leizar¨¢n, cuyas obras fueron objeto de numerosos atentados de ETA. Y, al igual que en esta ¨²ltima, tambi¨¦n se han detectado irregularidades.

L¨®pez Border¨ªas adjudic¨® la seguridad a dos empresas diferentes. A Prosehi, con un gasto de 186 millones, y a Guadiamar-Vanguardia de Seguridad, con 289. De Prosehi los auditores se?alan que obtuvo el contrato mediante una adjudicaci¨®n directa realizada el 22 de octubre de 1991 sin haberse solicitado propuestas econ¨®micas a otras empresas y "meses despu¨¦s de que viniera prestando sus servicios".

"Curiosamente, el contrato aprueba un gasto de 50 millones que a dicha fecha ya se hab¨ªa triplicado, y el 23 de octubre de 1992 se aprueba una modificaci¨®n incrementando el gasto en 100 millones que a dicha fecha ya estaban gastados, comunic¨¢ndose en este momento a la empresa la denuncia del contrato por parte del Gobierno de Navarra", se se?ala.

Se destaca, asimismo, la inadecuada redacci¨®n de los pliegos de condiciones, que en algunos aspectos limita la posibilidad de sanciones por una incorrecta prestaci¨®n de servicios. Asimismo, el informe se?ala que la liquidaci¨®n final de esta empresa supone un incremento de un 25,6% sobre el presupuesto aprobado y sus modificaciones.

Sobre la desviaci¨®n entre el precio total certificado y la adjudicaci¨®n inicial, los auditores aclaran que el 33,3% se reduce hasta un 10,6% al incluir las modificaciones y hasta un 6,3% por un cambio legislativo en la aplicaci¨®n del tipo de IVA.

El informe de 43 folios redactado por la C¨¢mara ha ca¨ªdo como una bomba en el actual Gobierno de UPN, que, como es preceptivo, ha recibido una copia para que realice las alegaciones oportunas y cuyo consejero de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Ignacio Palacios, acaba de tomar nuevas medidas para dar una mayor transparencia y control. a la obra p¨²blica.

Hace varios a?os, L¨®pez Border¨ªas tuvo que dar algunas explicaciones p¨²blicas sobre el origen de su patrimonio inmobiliario.