Gana Cascos

EL PRESIDENTE Aznar respald¨® ayer a su ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, abiertamente desautorizado la v¨ªspera por el grupo parlamentario del PP, con su portavoz a la cabeza. El respaldo moral de Aznar no cambia el hecho de que el plan de reordenaci¨®n del sector del carb¨®n propuesto por Piqu¨¦ en el marco del protocolo el¨¦ctrico haya sido abandonado. En el pleito entre criterios de racionalidad econ¨®mica y de oportunidad pol¨ªtica que se ha dirimido estos d¨ªas en el seno del Gobierno y de la direcci¨®n del PP ha vencido la pol¨ªtica. Es decir, ?lvarez Cascos, que intervino para intentar calmar a los mineros, pero tambi¨¦n a los dirigentes locales del PP -en Asturias y Le¨®n, sobre todo-, inquietos ante las repercusiones electorales que podr¨ªa tener el asunto.El protocolo el¨¦ctrico aspira a definir un modelo de competencia en el sector similar a los existentes en otros pa¨ªses. Una de las condiciones esenciales para ello ser¨ªa,, liberar a las empresas el¨¦ctricas de la carga de tener que adquirir carb¨®n nacional, cuyo precio es muy superior al de mercado: hasta seis veces m¨¢s caro si se toma como referencia el producido en las minas de Hunosa. Ese sobreprecio se traslada tal cual a la factura, lo que significa que el consumidor subvenciona a un sector que ya recibe subvenciones directas a la explotaci¨®n. Pero si se liberalizase totalmente el mercado, las minas espa?olas, o la mayor¨ªa de ellas, se ver¨ªan abocadas al cierre. El objetivo ser¨ªa, por tanto, dise?ar una pol¨ªtica energ¨¦tica capaz de abaratar la electricidad a un coste social asumible.. No es un problema exclusivo de Espa?a. La miner¨ªa del carb¨®n es deficitaria en muchos pa¨ªses, comenzando por Alemania. Pero se considera que las subvenciones que la mantienen pueden justificarse por razones sociales y de autonom¨ªa energ¨¦tica.

El problema es, entonces, de medida: determinar cu¨¢l es el sobrecoste que razonablemente puede asumir la sociedad espa?ola para mantener en activo el sector del carb¨®n. Del incesante debate por tierra, mar y aire producido estos ¨²ltimos d¨ªas -y que ha puesto de relieve la eficacia comunicacional de los diversos sectores interesados- se deduce que el problema de Asturias es diferente, y m¨¢s grave, que el de Le¨®n o Teruel. Las minas leonesas, por ejemplo, que pertenecen a empresas privadas y ocupan a unos 8.000 trabajadores, producen a un precio superior al de mercado, pero m¨¢s soportable en el marco de una pol¨ªtica de solidaridad interregional por un pa¨ªs como Espa?a. No est¨¢ claro que lo mismo pueda decirse del carb¨®n asturiano.

El acuerdo alcanzado ahora consiste fundamentalmente en suprimir del protocolo el¨¦ctrico toda referencia a la reducci¨®n de las subvenciones al carb¨®n, mantener ¨¦stas durante 1997 y negociar a partir de ahora el futuro del sector, incluyendo eventuales inversiones alternativas. A no ser que se pretenda renunciar al objetivo de reducci¨®n de costes energ¨¦ticos -decisivo para mejorar la productividad de la industria espa?ola-, ello significa que los Presupuestos del Estado asumir¨¢n la parte de sobrecoste que hasta hoy pagaban los consumidores. La electricidad ser¨¢ m¨¢s barata, pero el Estado habr¨¢ de aumentar en unos 100.000 millones de pesetas al a?o las subvenciones a la miner¨ªa del carb¨®n. Va a contrapelo de las prioridades de reducci¨®n del gasto y del d¨¦ficit p¨²blico de la actual pol¨ªtica presupuestaria.

Las cosas son, sin duda, m¨¢s complicadas de como se ve¨ªan desde la oposici¨®n. Los anuncios de privatizaci¨®n generalizada del sector p¨²blico, incluyendo Hunosa, con que irrumpi¨® el ministro Piqu¨¦ eran muy rotundos. Pero hay cosas que no son factibles o s¨®lo se pueden hacer paso a paso, mediante negociaciones parciales. De lo contrario, se corre el riesgo de estar rectificando permanentemente la intenci¨®n inicial.