Hablemos de autonom¨ªa

A principios del pasado mes de octubre se produjo un conflicto en el acto de apertura de curso de la Universidad de Alicante entre el presidente de la Comunidad de Valencia, Eduardo Zaplana, y el rector de Universidad, Andr¨¦s Pedre?o. Ese conflicto ha dado lugar a cierto debate p¨²blico sobre la autonom¨ªa universitaria. La actitud de las autoridades pol¨ªticas hacia la ense?anza en general, y hacia la educaci¨®n superior en particular, puede ser indicativa del concepto estrat¨¦gico de sociedad y de democracia que se transmite. Considero que ese debate es de gran inter¨¦s para los ciudadanos, y quisiera contribuir modestamente al mismo, sin polarizarlo s¨®lo alrededor del conflicto de Alicante, y centr¨¢ndolo en consideraciones m¨¢s generales que afectan a todas las universidades espa?olas. La" autonom¨ªa universitaria est¨¢ recogida en la Constituci¨®n Espa?ola, lo cual no es frecuente en los pa¨ªses de nuestro entorno europeo, aunque es cierto que en pocos se ha producido un intento de subordinaci¨®n de la universidad al poder pol¨ªtico como el que se produjo en Espa?a durante la larga dictadura franquista: recu¨¦rdese el espect¨¢culo bochornoso de profesores expulsados por sus opiniones, o el de muchos estudiantes expedientados por su actividad pol¨ªtica. Es comprensible que los padres de la Constituci¨®n de, 1978 se vieran impulsados a reconocer la autonom¨ªa y que incluso antes, el ministro de Educaci¨®n Villar Palas¨ª y su subsecretario, Ricardo D¨ªez Holchleitner, constataran abiertamente el agotamiento del modelo que se ven¨ªa manteniendo, hasta tal punto que llevaran adelante el proyecto de crear universidades m¨¢s acordes con las de los pa¨ªses democr¨¢ticos. As¨ª nacieron, en el a?o 1968, las universidades Aut¨®noma de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, con cierta capacidad de autogobierno en lo relativo a la contrataci¨®n de profesores y a la gesti¨®n presupuestaria. Estas universidades aprovecharon con eficacia las posibilidades que se les ofrec¨ªan y se situaron entre las m¨¢s prestigiosas del pa¨ªs por sus niveles de ense?anza y de investigaci¨®n. Tras un breve periodo de tiempo, aquellas libertades incipientes fueron denostadas y reprimidas, pero la semilla ya estaba sembrada. Pocos a?os m¨¢s tarde esa capacidad de autogobierno se recuper¨® y se extendi¨® a la elecci¨®n de cargos acad¨¦micos, incluido el de rector. A lo largo de este proceso, la universidad p¨²blica espa?ola, que durante la ¨¦poca franquista se hab¨ªa devaluado tremendamente, comenz¨® una lenta pero fruct¨ªfera recuperaci¨®n, que se generaliza en el a?o 1983 con la promulgaci¨®n de la Ley de Reforma Universitaria, mediante la cual todas las universidades p¨²blicas espa?olas alcanzaban las mismas cotas de autonom¨ªa. A pesar de ciertos errores de la Ley de Reforma, que en la actualidad est¨¢n en proceso de revisi¨®n, creo que no puede negarse que en el breve periodo en el que las universidades espa?olas vienen gozando de cierto autogobierno, su contribuci¨®n a la sociedad ha sido muy positiva. Con recursos econ¨®micos muy escasos han atendido a un crecimiento espectacular en el n¨²mero de estudiantes, han mejorado en la calidad de la ense?anza y en los equipamientos docentes, laboratorios y bibliotecas, han extendido considerablemente la investigaci¨®n, han acometido la reforma de los planes de estudio y la puesta en marcha de nuevas carreras, han modernizado sus infraestructuras y se han adecuado ejemplarmente a las peculiaridades auton¨®micas sin perder su car¨¢cter previo y universal. Conviene reflexionar sobre c¨®mo hubiese podido hacerse todo esto en la situaci¨®n anterior: con intervenci¨®n previa de los expedientes de gasto, con una planificaci¨®n -o, mejor dicho, falta de planificaci¨®n- de los cuerpos docentes, tutelada desde el Ministerio de Educaci¨®n o en ausencia de democracia interna y, por tanto, de consenso en la comunidad universitaria. Mi conclusi¨®n es que habr¨ªan hecho menos, peor y de forma m¨¢s costosa. Quiero subrayar que mi opini¨®n es que la universidad y a no es, afortunadamente, lo que era hace 30 a?os. Tenemos una universidad mejor, de m¨¢s calidad en la docencia y en la investigaci¨®n, preocupada por los problemas de nuestro pa¨ªs y nuestra sociedad, pero que, indudablemente, ya no es el basti¨®n de la lucha pol¨ªtica, porque existen cauces democr¨¢ticos. en el pa¨ªs que entonces no exist¨ªan. Volviendo a este conciso relato, las universidades espa?olas se incorporan, tras ese breve rodaje por la autonom¨ªa, a la convocatoria de la Universidad de Bolonia en 1988, para la firma de la Carta Magna de las Universidades Europeas. En. este documento el concepto de autonom¨ªa figura como el primero de sus principios fundamentales; autonom¨ªa entendida como independencia moral y cient¨ªfica frente a cualquier poder pol¨ªtico y econ¨®mico, para producir y transmitir de manera cr¨ªtica la cultura y la ciencia. Esta idea encierra de modo sint¨¦tico la necesidad de autonom¨ªa para que la universidad pueda cumplir los fines que la sociedad le exige, no s¨®lo frente al poder pol¨ªtico, sino tambi¨¦n frente a otros poderes econ¨®micos 0 corporativos. Naturalmente, autonom¨ªa no significa falta de sometimiento al marco jur¨ªdico general o ausencia de control por parte de la sociedad, sino que estas facultades se ejerzan con el respeto que la instituci¨®n universitaria se debe a s¨ª misma y demanda de su entorno. La autonom¨ªa universitaria se basa en un equilibrio extremadamente delicado, permanentemente vulnerable a presiones del exterior, desde grupos de presi¨®n que pretenden limitar la libertad de decisi¨®n universitaria y tambi¨¦n desde el seno de la propia comunidad universitaria. En este sentido, pretender llevar la autonom¨ªa a los departamentos universitarios, a las facultades o escuelas o, en definitiva a grupos m¨¢s o menos peque?os o de clan, redunda igualmente en perjuicio de la universalidad de la instituci¨®n. U olvidarse de que la autonom¨ªa universitaria se basa en que esta instituci¨®n se debe a la sociedad y no a los que trabajan en ella, lo que ser¨ªa otra forma de privatizaci¨®n. La autonom¨ªa universitaria se ejerce en el seno de la instituci¨®n utilizando los cauces de opini¨®n y representaci¨®n plasmados en sus estatutos y reconociendo la capacidad de armonizaci¨®n que reside en sus ¨®rganos colegiados y unipersonales. La relaci¨®n entre las universidades y el poder pol¨ªtico, o dicho de modo m¨¢s suave, la Administraci¨®n que nos tutela, s¨®lo puede basarse en una comprensi¨®n mutua y profunda del papel de cada intuici¨®n, en el respeto y en el di¨¢logo. Esta relaci¨®n no deber¨ªa ser dif¨ªcil de alcanzar (no olvidemos que la propia universidad aporta de entre sus miembros una parte importante de los cargos de la Administraci¨®n, del poder legislativo o de importantes ¨®rganos constitucionales). Por poner un ejemplo, en el que he tenido el honor de participar, la transferencia de las universidades de Madrid a la Comunidad Aut¨®noma, se ha realizado en un clima propiciador del mayor respeto y consideraci¨®n rec¨ªprocos, y se ha empezado a encontrar eco a demandas acad¨¦micas y presupuestarias pendientes, francamente desatendidas hasta hace pocos meses. La creaci¨®n de la nueva universidad p¨²blica de Madrid, Rey Juan Carlos, ha alcanzado el consenso un¨¢nime de las dem¨¢s y un compromiso de franca colaboraci¨®n. Por otro lado, el Consejo de Universidades es un marco adecuado para la expresi¨®n de la leg¨ªtima pretensi¨®n del Gobierno de tener una pol¨ªtica nacional para la ense?anza superior y, adem¨¢s, debe cumplir la tarea de coordinar la oferta acad¨¦mica de las universidades. Es interesante reflexionar sobre la financiaci¨®n de las universidades en este con texto. Existe un estereotipo muy extendido sobre la autonom¨ªa universitaria, entendida como necesariamente limitada por el hecho de que la mayor parte del presupuesto universitario procede de las arcas p¨²blicas y, por tanto, "que el que paga manda". Sin embargo, basta un ejemplo, para valorar este prejuicio: el presupuesto del Tribunal Constitucional, el de los ¨®rganos jurisdiccionales o el del Defensor del Pueblo, tambi¨¦n procede de los presupuestos generales del Esta do, y a todas estas instancias, como es bien sabido, se les exige independencia frente al poder pol¨ªtico. Por tanto, la subvenci¨®n p¨²blica a la universidad, no s¨®lo no est¨¢ re?ida con el principio de autonom¨ªa, sino que, por el contrario debe asegurarlo. La gesti¨®n y financiaci¨®n de las universidades por organizaciones confesionales o por empresas limita m¨¢s la libertad. La creencia generalizada de que el Estado financia a las universidades p¨²blicas no es a mi juicio totalmente correcta. A quien financia es a los estudiantes universitarios. Examinar el sistema brit¨¢nico puede contribuir al mejor entendimiento de esta idea. En dicho sistema, cada estudiante ingresa ¨ªntegramente el precio de coste de la ense?anza y, posteriormente, el Gobierno o las administraciones locales, conceden una beca al estudiante por una parte, o por la totalidad del coste de las tasas y gastos de residencia. El desconcierto de este sistema conduce a sostener juicios tan aparentemente cotradictorios como "que las universidades inglesas son muy caras" o que "casi todos los estudiantes universitarios ingleses pagan muy poco". A mi juicio, la considerad¨®n m¨¢s objetiva es que los niveles de financiaci¨®n de la ense?anza superior, y de la investig¨¢ci¨®n, son a¨²n en Espa?a bastante inferiores a los de los pa¨ªses desarrollados, entre los que queremos encontrarnos. Pienso que nuestra prosperidad futura depende, sobre todo, de que esta idea se acepte y, progresivamente, se aumenten los gastos en educaci¨®n y ciencia. Considero que una mayor y mejor informaci¨®n sobre ¨¦stos y otros extremos relacionados con el sistema universitario espa?ol y otros europeos, podr¨ªa contribuir a centrar y atemperar el debate. En cualquier caso, en mi opini¨®n, hablar de autonom¨ªa universitaria ser¨¢ siempre invocar la libertad y los espacios para su ejercicio, no s¨®lo en la universidad, sino en nuestro pa¨ªs.

Ra¨²l Villar es catedr¨¢tico de F¨ªsica y rector de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.