Funcionarios, 12-D

LA AMENAZA de huelga general de los funcionarios para el pr¨®ximo 12 de diciembre es una respuesta a la congelaci¨®n de sus salarios -tercera en esta d¨¦cada-, pero tambi¨¦n a la demostrada voluntad del Gobierno de Aznar de evitar toda negociaci¨®n. en esta materia y dar por hecho que la enunciaci¨®n de un deseo equivale a un pacto sellado. En los ¨²ltimos seis a?os los funcionarios han perdido un 11% de poder adquisitivo como resultado de diversos ajustes realizados por los gobiernos socialistas y, m¨¢s all¨¢ de la congelaci¨®n decretada para 1997, la perspectiva de los ejercicios siguientes es igual de sombr¨ªa. Su protesta no carece, pues, de argumentos, por m¨¢s que a estas alturas del a?o tenga escasas posibilidades de cosechar resultados inmediatos. Parece que no aspira tanto a conseguir una poco veros¨ªmil rectificaci¨®n de un Presupuesto que est¨¢ ya en puertas del Senado como a dejar constancia de la capacidad de movilizaci¨®n de unos sindicatos que reclaman compensaciones en las mesas de negociaci¨®n abiertas o por abrir.Al malestar de la clase funcionarial hay que a?adir en este caso la extra?a pol¨ªtica del Gobierno -verificable en varios departamentos-, que consiste en enunciar las reglas que afectan a colectivos importantes sin intenci¨®n o voluntad de negociar su aplicaci¨®n con quienes van a sufrirlas (o disfrutarlas). En el caso concreto de la congelaci¨®n salarial de los funcionarios, el Gobierno se limit¨® a comunicar el crecimiento cero de los salarios y suspender las v¨ªas de negociaci¨®n sobre este asunto. Quiz¨¢ esperaban los estrategas del Gobierno que la simple comunicaci¨®n bastase para convencer a los funcionarios de que "es necesario un esfuerzo"; pero, como en el caso reciente de la miner¨ªa, la invocaci¨®n de las soluciones que proponen los ministerios no basta para que sean admitidas por los destinatarios.

?Debe el Gobierno dar marcha atr¨¢s y negociar una subida salarial para los empleados de la Administraci¨®n o, por el contrario, ha de mantenerse firme en su decisi¨®n? En t¨¦rminos presupuestarios -estrictamente econ¨®micos-, la vuelta atr¨¢s es sumamente complicada. El coste (consolidado) de los funcionarios de la Administraci¨®n central y de la Seguridad Social asciende a 4,4 billones de pesetas. Una revisi¨®n puramente testimonial de un punto tendr¨ªa un coste de 44.000 millones, que ascender¨ªa a 80.000 millones en el caso muy probable de que el ejemplo fuera seguido por ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. Demasiado para un Presupuesto d¨¦bil. que s¨®lo alcanza el objetivo de d¨¦ficit (3% del PIR) si se cumplen las hip¨®tesis m¨¢s favorables de crecimiento. Adem¨¢s, el Gobierno se ver¨ªa obligado a afrontar otros ajustes internos de gasto y la previsible reacci¨®n de los nuevos colectivos afectados.

Pero, si es dif¨ªcil la marcha atr¨¢s, cabe al menos no empeorar las cosas. Eso es lo que intent¨® ayer el ministro Rajoy al plantear un pacto a tres a?os que pasar¨ªa por mantener la congelaci¨®n en 1997 a cambio de un compromiso del Gobierno de subidas equivalentes al IPC en los dos ejercicios siguientes. En definitiva, una garant¨ªa de que los futuros ajustes no se guir¨¢n recayendo sobre los funcionarios. Los sindicatos mantienen, pese a todo, su exigencia de revisar los salarios de 1997, pero ahora hay sobre la mesa al menos una propuesta que no consiste s¨®lo en pedir sacrificios inmediatos sin ning¨²n horizonte de compensa ci¨®n. La mesa de negociaci¨®n que se abre el 3 de diciembre, aunque no est¨¦ destinada expresamente a cuestiones salariales, debe servir como m¨ªnimo para . asegurar que los recortes del gast¨® presupuestario en ejercicios sucesivos no sigan castigando de forma monotem¨¢tica y exclusiva a los empleados de la Administraci¨®n. Otra cosa ser¨ªa un desprop¨®sito social. El Gobierno tiene que poner todos los medios para planificar la aportaci¨®n real del cap¨ªtulo I de los Presupuestos Generales del Estado a la contenci¨®n del d¨¦ficit durante los pr¨®ximos a?os para evitar la reedici¨®n del actual conflicto.

Estas razones, m¨¢s la general de involucrar a los agentes sociales en la definici¨®n de los ajustes econ¨®micos que requiere la uni¨®n monetaria, avalan la tesis de que la negociaci¨®n, con la definici¨®n de contenidos que se decida, es la v¨ªa m¨¢s pr¨¢ctica y quiz¨¢ menos costosa a la larga para solucionar un conflicto innecesario. Ser¨ªa bueno que, quiz¨¢ por primera vez, el equipo de Aznar aprenda a coordinar las urgencias econ¨®micas con el ritmo pol¨ªtico de la negociaci¨®n y el compromiso; de lo contrario, como demuestran las estruendosas vueltas atr¨¢s en la miner¨ªa o en algunas privatizaciones, estar¨¢ condenado a deshacer permanentemente lo que dice que va a hacer.