Con este plan no hay futuro

La pol¨ªtica en las ciudades es, en cierta medida, una pol¨ªtica sobre y para las ciudades. Por ello se puede decir que la pol¨ªtica por excelencia es aquella que tiene por objeto la acci¨®n sobre las ciudades, tanto en lo que conviene a sus aspectos f¨ªsicos como en lo que hace a los modos y maneras de la vida en la comunidad urbana. Todo pol¨ªtico que ejerza conscientemente como tal no puede olvidar nunca que la bondad y la eficacia de su conducta encuentran en la ciudad y sus circunstancias funcionales el exacto reflejo de su trabajo y de sus competencias, atribuidas ¨¦stas por el fen¨®meno de la representaci¨®n democr¨¢tica que le otorgan sus convecinos. El municipalismo es, pues, la base de la acci¨®n Pol¨ªtica de naturaleza democr¨¢tica. Por ello lo que ocurre en nuestras ciudades es el primer escal¨®n por el que medir la eficacia y bondad en la gobernaci¨®n de la cosa p¨²blica en lo que a toda la naci¨®n alcanza. Hoy casi todos los ciudadanos lo somos en la doble acepci¨®n del termino, la universal que afecta a nuestra condici¨®n com¨²n de sujetos de derechos pol¨ªticos que ejercemos a fin de decidir el gobierno de nuestro pa¨ªs y tambi¨¦n la particular, que casi nos afecta a todos por nuestra condici¨®n de residentes en las ciudades. Por ello el escenario primero donde se produce el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos es en la adopci¨®n de decisiones sobre los asuntos de la gobernaci¨®n de la ciudad donde vivimos.La ley de la ciudad, la ley particular m¨¢xima del municipalismo -por cuanto es una ley pol¨ªtica y no s¨®lo administrativa-, es la que se dicta para ordenar la ciudad desde la legitimidad de los poderes p¨²blicos, y esa ley urban¨ªstica se manifiesta, en el plan de ordenaci¨®n del territorio de la ciudad. Y si convenimos que la ordenaci¨®n urban¨ªstica es una pr¨¢ctica pol¨ªtica con dimensi¨®n normativa de naturaleza legislativa, hemos de convenir tambi¨¦n que entonces es en esa pr¨¢ctica donde mejor se han de esforzar los pol¨ªticos municipalistas en manifestar sus intenciones, sus voluntades y su ideario por tanto.

Hoy Madrid es una ciudad que va a estrenar un Nuevo Plan de Ordenaci¨®n, el NPG, al que algunos llaman nuevo y que muchos consideramos ya viejo sin haber asistido a¨²n a su alumbramiento, Y es viejo porque nace sin futuro, porque nace sin historia, porque encuentra novedad en su desorden, en su confusi¨®n y en su ausencia de pol¨ªticas de mejora y transformaci¨®n. Es un ni?o que nace anciano, pues ya es conservador, y no s¨®lo porque lo sean los esp¨ªritus de quienes lo han redactado y apadrinado, sino porque s¨®lo es conservador en lo que respecta a los derechos inmobiliarios de aquellos que encuentran en el mercado del suelo el territorio donde satisfacer su apetito econ¨®mico de naturaleza acumulativa. Es un plan que pretende convertir en mercado el suelo y entiende que la oferta y la demanda funcionan en un escenario donde el precio es el equilibrio entre ambas. Y esto no es cierto, al menos no es cierto para nosotros, los socialistas. Y ello, por dos razones. Una de orden t¨¦cnico, como es que el suelo no es bien de mercado; m¨¢s bien es un escenar¨ªo donde se albergan algunos mercados particulares como son el de la construcci¨®n y los servicios, y ello, porque es un bien escaso condicionado en su nacimiento por un acto administrativo y pol¨ªtico de regulaci¨®n y, adem¨¢s, por una limitaci¨®n funcional -que es la que define su posibilidad- como es la accesibilidad mediante infraestructuras pesadas de promoci¨®n p¨²blica. Otra de orden pol¨ªtico de marcada naturaleza ideol¨®gica, y es ¨¦sta la raz¨®n por la que los socialistas entendemos que la ordenaci¨®n de la ciudad ha de servir, ante todo, para garantizar una convivencia basada en la justicia, en el derecho a la igualdad y en el cuidado, conservaci¨®n y tratamiento de las cosas que son del com¨²n, es decir, de las cosas que son de todos los ciudadanos.

Para nosotros, el plan no es un escenario del mercado de capitales, que se regula desde la norma administrativa. Es, por el contrario, la manifestaci¨®n ordenada de un espacio de libertad en que la libre iniciativa se fomenta en el respeto de los derechos de aquellos que menos tienen. La pr¨¢ctica de la libertad econ¨®mica no la entendemos como la lucha del hombre contra el hombre aderezada con la modernidad del notario y el registrador interpuestos, sino como el fomento de la actividad econ¨®mica privada para que aumente la riqueza del com¨²n y, por tanto, se pueda sostener el desarrollo de pol¨ªticas p¨²blicas de reequilibrio entre los m¨¢s afortunados y los que lo son menos. En ese sentido, procuramos de los planes urban¨ªsticos el que sean equilibrados y presenten unos indicadores sanos, moral y funcionalmente. Que sean equilibrados para que todos tengamos lugar en ellos y sean un escenario de la libertad pol¨ªtica. Que sean sanos, es decir, que fomenten la satisfacci¨®n de los derechos b¨¢sicos de los ciudadanos, y entre estos, derechos el de poder acceder a una vivienda digna no es menos importante que el de una escolaridad gratuita, una sanidad p¨²blica o el que se garantice un sistema de pensiones.

Por todo ello, no podemos dejar de oponernos a un plan urban¨ªstico antiigualitario, privatizador, desequilibrado y, a nuestro juicio, inmoral. Lo entendemos antiigualitario, y es l¨®gico esto en quienes lo redactan, porque propone una soluci¨®n econ¨®mica a la pol¨ªtica de suelo que desfavorece a aquellos ciudadanos de menores rentas.

Lo entendemos privatizador porque propone soluciones de dejaci¨®n competecencial en manos de operadores privados para aquellos servicios p¨²blicos que debiera prestar la Administraci¨®n como forma de retribuci¨®n salarial indirecta a los menos afortunados (proyectos asistenciales, sanitarios, deportivos, etc¨¦tera). Lo entendemos desequilibrado porque en ese escenario neoliberal que se propone en el NPG s¨®lo los grupos de capital pueden concurrir a los procesos de urbanizaci¨®n del suelo tras hacer dejaci¨®n la Administraci¨®n municipal de su competencia promotora por v¨ªa expropiatoria a favor de operadores privados, tanto en lo que respecta a la promoci¨®n de suelo com¨²n urbanizable de naturaleza residencial como de aquel que afecta a las grandes operaciones estructurantes de la ciudad. Lo entendemos inmoral porque viola la costumbre compensatoria que la cultura urban¨ªstica ha establecido sobre el capital inmobiliario, al menos sobre el papel, desde 1956, en que se redactara la primera Ley del Suelo, y este desprop¨®sito, como otros muchos, no se puede emprender desde el cinismo de una conducta que se autorreclama liberal y que en muchos casos s¨®lo esconde la incompetencia o la voluntad de rapi?a.

Por todo ello, los socialistas y los que estamos por el progreso nos oponemos a este viejo plan general, que los neoliberales llaman nuevo. Por farragoso, por contuso, por arbitrario, por especulativo, por desordenado, por antiigualitario y por cobarde. Porque en ¨¦l no hay esperanza, s¨®lo expectativas de lucro. Porque no ofrece proyectos ilusionantes para una ciudad que fue ilusionada. Porque entre sus p¨¢ginas se aloja la tristeza de los que no podr¨¢n acceder a una vivienda y de los que perder¨¢n los servicios p¨²blicos asistenciales. Porque es un paso atr¨¢s en las t¨¦cnicas de ordenaci¨®n urban¨ªstica y porque es una oportunidad perdida de preparar Madrid ante un futuro pr¨®ximo que exige de nosotros una respuesta moderna y solidaria. ante un reto de crecimiento y adaptaci¨®n a una realidad que cambia a veces m¨¢s deprisa que nuestras conciencias y, desde luego, mucho m¨¢s deprisa que nuestras viejas malas costumbres.