El Consejo de Estado exige al Gobierno o¨ªr a 97 ex altos cargos socialistas

El Consejo de Estado ha dado un tir¨®n de orejas al Gobierno en su intento de alterar las condiciones de regreso a la Administraci¨®n de los ex altos cargos socialistas cesados tras el relevo del Ejecutivo. Ha sido por razones formales. Le exige, entre otras cosas, que escuche a los 97 ex altos cargos socialistas, funcionarios de profesi¨®n, que regresaron a la Administraci¨®n a los mismos puestos que ejerc¨ªan antes de dedicarse a las tareas pol¨ªticas y con los salarios correspondientes a esos puestos. Las condiciones las estableci¨® una resoluci¨®n del Consejo de Ministros socialista del 15 de febrero, poco antes de las elecciones generales de marzo.

El Gobierno del PP ha calificado estas condiciones de "blindaje de altos cargos socialistas". Ha contribuido a ello, sin duda, la fecha de la resoluci¨®n del Consejo de Ministros socialista, a s¨®lo tres semanas de la celebraci¨®n de las elecciones del pasado 3 de marzo. El Gobierno del PP se ha escudado en las condiciones fijadas por esa resoluci¨®n para explicar el aumento de los niveles m¨¢s altos de la Administraci¨®n en el ¨²ltimo semestre. Los 97 altos cargos reingresados son todos ellos funcionarios de los niveles m¨¢s altos de la Administraci¨®n: 28, 29 y 30.Los socialistas han replicado que la resoluci¨®n del 15 de febrero no genera ning¨²n nuevo derecho sino que se limita a establecer procedimientos de aplicaci¨®n a los casos concretos que se recogen en las leyes de funcionarios de 1964 y las medidas vigentes de 1984. Con estas garant¨ªas legales han conseguido los 97 ex altos cargos reingresar a sus puestos anteriores en la Administraci¨®n y percibir el complemento espec¨ªfico que tambi¨¦n cobraban antes de dedicarse a la pol¨ªtica. De no haberse resuelto estas garant¨ªas legales, los socialistas alegan que podr¨ªan haberse prolongado sus situaciones de provisionalidad de manera indefinida.

El dictamen del Consejo de Estado, que preside el ex ministro de UCD I?igo Cavero, no se pronuncia sobre el contenido de la pol¨¦mica entre populares y socialistas, esto es, sobre si ha habido o no "blindaje" en la resoluci¨®n gubernamental socialista del 15 de febrero. Pero ha rechazado el expediente del Gobierno del PP por no cumplir una serie de formalidades b¨¢sicas, c¨®mo no haber oido a los 97 ex altos cargos afectados.

El Servicio Jur¨ªdico del Ministerio de Administraciones P¨²blicas emiti¨® el pasado 19 de septiembre un informe contrario a la resoluci¨®n del "blindaje". "El contenido reglamentario de la disposici¨®n as¨ª como la ausencia de competencia para dictarla implican la nulidad de pleno derecho de la resoluci¨®n de 15 de febrero de 1996, seg¨²n lo establecido en el art¨ªculo 62.2 de la LRJPAC", dice el expediente del Servicio Jur¨ªdico de Administraciones P¨²blicas.

El 6 de noviembre, el Servicio Jur¨ªdico del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda manifiesta su conformidad con lo se?alado por el de Administraciones P¨²blicas, aunque propone que la revisi¨®n de oficio de la resoluci¨®n del 15 de febrero exige "una orden conjunta del Ministerio de Administraciones P¨²blicas y del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, debiendo proponerse la nulidad de la resoluci¨®n del 15 de febrero tambi¨¦n conjuntamente por ambos departamentos".

A continuaci¨®n se incorpora al expediente una "segunda propuesta de resoluci¨®n", sin fecha y firma, que se formula como un proyecto de orden conjunta de los dos ministerios, el de Administraciones P¨²blicas y el de Econom¨ªa y Hacienda.

El dictamen del Consejo de Estado se?ala que el expediente remitido presenta "ciertas singularidades que vedan la emisi¨®n actual de un dictamen de fondo sobre la validez o nulidad, en todo o en parte, de la resoluci¨®n del 15 de febrero de 1996".

El Consejo de Estado propone al Gobierno que cumplimente "los tr¨¢mites previstos para el supuesto de una norma emanada de m¨¢s de un departamento y no exclusiva del ministerio que toma la iniciativa". A este resto propone que se pida la opini¨®n de la asesor¨ªa jur¨ªdica del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, as¨ª como de la Presidencia del Gobierno al afectar a dos ministerios.

Tambi¨¦n exige que se pida un informe de la Comisi¨®n de Personal, de las dos secretar¨ªas de Estado que dictaron la resoluci¨®n del 15 de febrero, que se escuche a los afectados y a las organizaciones representativas de los funcionarios. El dictamen del Consejo dice "que se conceda audiencia a quienes pudieran tener la condici¨®n de interesados por hab¨¦rseles aplicado la resoluci¨®n cuya nulidad de pleno derecho se pretende declarar y, en su caso y si las circunstancias lo aconsejan, a las organizaciones represenativas de los funcionarios".

El Gobierno del PP no ha decidido a¨²n qu¨¦ har¨¢, una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado. No obstante, el Ejecutivo ya ha extra¨ªdo una lecci¨®n del dictamen el Consejo. En el proyecto de Ley de Gobierno ha decidido que los expedientes dirigidos a organismos consultivos, como el Consejo de Estado, que afecten a m¨¢s de un ministerio tendr¨¢n que pasar por el Consejo de Ministros.