La tercera desamortizaci¨®n

Ha sido el ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien ha calificado de "tercera desamortizaci¨®n" la venta masiva de instalaciones del Ej¨¦rcito. Tras las dos grandes desamortizaciones del Siglo XIX, las de Mendiz¨¢bal y Madoz, que sacaron al mercado los bienes de la Iglesia y los municipios, se trata ahora de enajenar la ingente cantidad de suelo inmobilizado en manos muertas militares. En total, m¨¢s de 1.500 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 13,4 millones corresponden a edificios."Se trata de desamortizar un patrimonio sin expoliar a las Fuerzas Armadas", asegur¨® Serra en el Senado el pasado 7 de octubre. El Ministerio de Defensa es el mayor latifundista de Espa?a. En Ceuta y Melilla, sus propiedades suponen un tercio del t¨¦rmino municipal. En la Pen¨ªnsula, dicho. porcentaje ronda. el 0,5% de la superficie de muchas provincias; aunque hay notables excepciones como Zaragoza (2,1%), C¨¢diz (1,7%), Madrid o Toledo (1,1%).

La reducci¨®n de los ej¨¦rcitos, que en 1984 ten¨ªan 373.000,efectivos y ahora cuentan con s¨®lo 215.000, ha supuesto el abandono de cientos de cuarteles y ser¨¢n muchos m¨¢s los que queden en desuso, cuando se aplique su anunciada profesionalizaci¨®n.

El prop¨®sito de Serra es aprovechar los ingresos generados por la venta de inmuebles para ayudar a sufragar la modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas, qu¨¦ seg¨²n sus c¨¢lculos requiere de 300.000 a 700.000 millones anuales. Esta pretensi¨®n tropieza, sin embargo, con el inter¨¦s de los ayuntamientos por hacerse gratuitamente con los edificios que abandona el Ej¨¦rcito, muchos de ellos ubicados en pleno casco urbano, donde hay un d¨¦ficit dram¨¢tico de suelo para equipamientos sociales.

Como ya le sucediera al PSOE, el PP ha llegado al Gobierno central tras hacerse con el control de la mayor¨ªa de las autonom¨ªas, provincias y municipios, lo que genera una tensi¨®n entre intereses contrapuestos.

La ¨²ltima muestra de esta tensi¨®n es la proposici¨®n de ley, presentada el 11 de diciembre en el Congreso por el Grupo Popular, para modificar parcialmente la ley de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Dicha propuesta pretende modificar el nudo gordiano de la ley: la prohibici¨®n de ceder gratuitamente las propiedades. Esta prohibici¨®n legal ha sido tradicionalmente esgrimida por los responsables de Defensa para resistir las presiones de sus compa?eros de partido en los ayuntamientos.

Seg¨²n la proposici¨®n del PP, que ser¨¢ debatida por el pleno del Congreso en febrero, las instalaciones militares "podr¨¢n cederse gratuitamente mediante orden del Ministerio de Defensa, para fines de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social [...] despu¨¦s de haberse agotado todas las posibles v¨ªas de enajenaci¨®n" y siempre que se trate de bienes "cuya enajenaci¨®n no represente inter¨¦s econ¨®mico cierto a juicio del Ministerio de Defensa".

El texto agrega que Defensa se reservar¨¢ el derecho a recuperar sus propiedades si volviera a necesitarlas o no fuesen destinadas al uso previsto en los correspondientes convenios con ayuntamientos gobiernos aut¨®nomos o entidades de inter¨¦s social.

El PP quer¨ªa introducir esta reforma como enmienda a la llamada ley de acompa?amiento de los presupuestos, lo que habr¨ªa permitido su entrada en vigor a partir del 1 de enero. Sin embargo, los ministerios de Defensa y Econom¨ªa no dieron su visto bueno y el Grupo Popular, que la considera un compromiso electoral ineludible, la ha presentado unilateralmente.

La proposici¨®n suscita algunas dudas, pues no especifica qu¨¦ entiende por agotar "todas las posibles v¨ªas de enajenaci¨®n" o por carecer de un "inter¨¦s econ¨®mico cierto".

En todo caso, la iniciativa del PP supone que, en muy pocos meses, va a modificarse dos veces el apartado 4? del art¨ªculo 2 de la citada ley de la gerencia, que ha permanecido inmutable durante 12 a?os.

En efecto, la ley de acompa?amiento ya contiene una primera reforma de dicho apartado, esta vez a iniciativa del Ministerio de Defensa, pero no para permitir la cesi¨®n gratuita de cuarteles, sino para qu¨¦ los ingresos generados por su venta puedan destinarse no s¨®lo a inversiones en infraestructura sino tambi¨¦n a la compra de armas y equipos.

Seg¨²n la memoria del proyecto, "se abre la posibilidad de destinar fondos procedentes de la venta de inmuebles, en el caso de que se obtuvieran ingresos excedentes una vez cubiertas las necesidades de infraestructura, a la adquisici¨®n y mantenimiento de armamento y material".

La afirmaci¨®n peca seguramente de optimista, pues durante los ¨²ltimos a?os jam¨¢s se han producido ingresos "excedentes", sino todo lo contrario. Desde su creaci¨®n, en 1984, la Gerencia de Infraestructura ha enajenado un millar de instalaciones, por las que ha ingresado 64.000 millones de pesetas, unos 5.000 millones anuales.

Aunque la aprobaci¨®n de la ley fue pol¨¦mica, pues rompe el principio de caja ¨²nica del Estado y permite a Defensa administrar sus propios ingresos, la realidad ha estado muy lejos de las expectativas. Y es que el proceso de enajenaci¨®n es muy complejo.

Primero, hay que desafectar la instalaci¨®n de que se trate, que deja de ser considerada de inter¨¦s para la Defensa. Esta medida puede generar un derecho de reversi¨®n a los antiguos propietarios, si el inmueble fue expropiado o donado para uso militar. Luego hay que recalificar el terreno, y aqu¨ª entran en juego los municipios, ya que su valor de mercado depende del uso que se le atribuya en el correspondiente plan de ordenaci¨®n urbana.

Como consecuencia de ello, de los m¨¢s de 27 millones de metros cuadrados desafectados entre 1991 y 1995, s¨®lo 9,3 millones han sido efectivamente enajenados. La operaci¨®n m¨¢s rentable fue la venta de los cuarteles de los Docks, en el centro de Madrid, por los que el Ministerio de Defensa obtuvo 14.000 millones de pesetas. Actualmente, la gerencia dispone de unas 550 instalaciones disponibles para su venta, que ocupan m¨¢s de 42 millones de metros cuadrados. El departamento debe aprobar un nuevo Plan de Infraestructura, pues la vigencia del ¨²ltimo acaba con el a?o 1996, que especifique el destino de sus casi 3000 propiedades.

Cuarteles abandonados

Seg¨²n una respuesta del Gobierno al diputado de IU Felipe Alcaraz, Defensa tiene muy avanzadas las negociaciones, con los respectivos ayuntamientos, sobre los siguientes cuarteles: Primo de Ribera (Jerez), Diego Salinas (San Roque), Campamento Ben¨ªtez (M¨¢laga), Marqu¨¦s de Estella (Estella), Alfonso XIII (Sevilla), Cr¨ªa Caballar (Ceuta), Lepanto y Franquesas (Barcelona) y Benal¨²a (Alicante). Tambi¨¦n hay conversaciones, aunque con litigios pendientes, respecto a las instalaciones de Son Simonet (Palma de Mallorca), San Lamberto (Zaragoza) y Molinos Gallegos (Cartagena).Hay cuarteles vac¨ªos, pero a¨²n no desafectados, en Murcia (Jaime 1 El Conquistador), Lorca (Sancho D¨¢vila y Carraclaca), Ir¨²n (Infanter¨ªa Ventas), Castell¨®n (Tetu¨¢n XIV y Centro de Reclutamiento), Sevilla (Daoiz y Velarde y San Fernando), Alcal¨¢ de Guadaira (Lago Rom¨¢n) y Tenerife (Las Ra¨ªces y La Mina).

Las propiedades abandonadas por Defensa constituyen un heterog¨¦neo lote cuya venta no siempre resulta f¨¢cil. Entre ellas hay 16 aer¨®dromos, 12 polvorines, 11 campos de tiro, 48 inmuebles, 30 carreteras, 10 almacenes, un parque automovil¨ªstico y un garaje, 19 bater¨ªas de costa, cuatro antiguos hospitales, un refugio antia¨¦reo, tres polideportivos, seis fuertes o castillos, dos f¨¢bricas de armas, dos muelles, una ca?ada real y dos h¨ªpicas.

El inter¨¦s comercial de Defensa no se limita, sin embargo, a los inmuebles. La citada ley de acompa?amiento faculta al Gobierno para vender o permutar equipos en uso por parte de la Fuerzas Armadas ante "la r¨¢pida obsolescencia del material de Defensa [como consecuencia de las innovaciones tecnol¨®gicas"].