Los deberes del a?o

El Ministerio de Educaci¨®n y Cultura perder¨¢ este a?o pr¨¢cticamente la primera parte de su nombre. La gesti¨®n de la ense?anza dejar¨¢ de ser responsabilidad del Gobierno cuando las diez comunidades que a¨²n no tienen competencia sobre la educaci¨®n no universitaria la asuman, el 1 de enero de 1998, si culminan unas negociaciones en las que est¨¢n en discusi¨®n unos 200.000 millones de pesetas. En la Universidad llegar¨¢ el cambio del cambio de los nuevos planes de estudios, que fueron estrenados con la d¨¦cada. Su revisi¨®n a la baja ha estado motivada por la sobrecarga de trabajo de los estudiantes.La ministra de Educaci¨®n, Esperanza Aguirre, una ultraliberal que no pierde ocasi¨®n de recordarlo, ha ocupado sus nueve meses de mandato en lanzar grandes promesas de cambio que ahora deambulan por un limbo de expertos y comisiones, proyectos y borradores. Sus todav¨ªa escasos hechos no impiden que sus abundantes manifestaciones hayan provocado en el sector de la ense?anza p¨²blica, en la oposici¨®n y en los sindicatos un fuerte temor a la degradaci¨®n del servicio p¨²blico en favor de la ense?anza privada.

Aguirre se ha declarado partidaria de cambiar la selectividad, ampliar el bachillerato de dos a tres a?os, recortar el abanico de asignaturas optativas y reformar la ense?anza de las humanidades en secundaria (especialmente la historia), dar valor acad¨¦mico de la alternativa a la religi¨®n, cambiar el sistema de admisi¨®n de alumnos, recompensar econ¨®micamente a los centros que implanten programas de calidad y reforzar la autoridad de los profesores. Tambi¨¦n anunci¨® cr¨¦ditos sin inter¨¦s para los universitarios y se pronunci¨® en favor de liberalizar el precio de los libros de texto.

Son prop¨®sitos o anuncios incluidos en la lista de deberes del a?o para la Administraci¨®n y la comunidad educativa.

Reforma de la selectividad. El examen es mucho m¨¢s complicado para el Gobierno que para los estudiantes, como ya ha podido comprobar Esperanza Aguirre. Las pruebas de acceso se han convertido en un atolladero para el Ejecutivo, habida cuenta de la inusitada alergia social que provocan. Una de las primeras tentaciones de la ministra fue hacer alegres promesas de cambio. En su momento expres¨® su voluntad de que esta selectividad muriera en 1997, pero ya ha olvidado los plazos. Ahora se contenta con insistir en que no le gusta a nadie. Pero es improbable que una nueva selectividad vea la luz para el pr¨®ximo curso.

En torno a la selectividad hay m¨¢s ocurrencias que planteamientos rigurosos o simple claridad de ideas. Todo el mundo sabe que no selecciona, simplemente da turno para elegir carrera y facultad. Las cifras del Consejo de Universidades demuestran que la criba est¨¢ en COU (en v¨ªas de desaparici¨®n con la implantaci¨®n de la LOGSE). De 100 estudiantes que llegan a COU suspenden aproximadamente 50. De los 50 aprobados, 45 superan la selectividad. En n¨²meros redondos, el COU deja fuera de combate a 50 alumnos y la selectividad s¨®lo a 5, si bien la proximidad del examen endurece decisivamente el curso.

Una selectividad que no selecciona y una oferta de plazas que no es el¨¢stica dejan poco margen para responder a un rechazo social no siempre bien fundado, ya que a menudo se considera la universidad una prolongaci¨®n de la escolaridad obligatoria.

El margen es mayor para perfeccionar las pruebas y adecuarlas a la LOGSE. Con este fin, una ponencia del Consejo de Universidades ha propuesto una modificaci¨®n por etapas al Ministerio de Educaci¨®n, que deber¨¢ tomar la decisi¨®n. La ponencia plantea que el examen punt¨²e m¨¢s que el expediente y sea distinto seg¨²n el bloque de titulaciones elegido. Cuando est¨¦ implantada la LOGSE habr¨ªa dos pruebas: una especie de rev¨¢lida para "homologar" la secundaria y otro examen para "ordenar" el acceso a la universidad.

Planes universitarios. Los estudiantes tendr¨¢n menos clases, asignaturas y ex¨¢menes cuando entren en vigor las propuestas del Consejo de Universidades al Gobierno. El acortamiento de las carreras de cinco a cuatro cursos, especialmente en humanidades y ciencias sociales y jur¨ªdicas, no siempre se ha traducido en una menor duraci¨®n, debido a que se ha empaquetado lo mismo pero en planes m¨¢s cortos.

Las universidades podr¨¢n modificar los cr¨¦ditos acad¨¦micos: enlugar de diez horas de clase, consistir¨¢n en un m¨ªnimo de siete horas de clase y el resto, de actividades complementarias. No obstante, cada universidad decidir¨¢ en qu¨¦ medida aligera sus cr¨¦ditos.

Cuando se aplique la reforma, desaparecer¨¢n las microasignaturas, producto de los intereses corporativos de los profesores y cuyas consecuencias son unos programas inflados y ex¨¢menes cada dos por tres. No habr¨¢ materias con menos de 45 horas, y se recomienda que ning¨²n curso supere las nueve asignaturas.

Pero la reforma quedar¨¢ en manos de las universidades, que, en virtud de su autonom¨ªa, podr¨ªan consolidar o frustrar esta renovaci¨®n, impulsada por el secretario general del Consejo de Universidades, Francisco Michavila.

Transferencias auton¨®micas. El Gobierno afronta una ¨¢spera negociaci¨®n para entregar la gesti¨®n de la educaci¨®n no universitaria a las 10 comunidades que a¨²n no tienen estas competencias: Arag¨®n, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. Se culminar¨¢ as¨ª un proceso de descentralizaci¨®n cuyo ¨²ltimo tramo se traduce en estas cifras: 2,8 millones de alumnos, 140.000 profesores y una dotaci¨®n anual de un bill¨®n de pesetas, con un suplemento en discusi¨®n de casi 200.000 millones, seg¨²n las exigencias auton¨®micas.

Las 10 comunidades, de las que s¨®lo Castilla-La Mancha y Extremadura est¨¢n gobernadas por el PSOE, coinciden en exigir que el ministerio complete las infraestructuras, equipamientos y dotaci¨®n de personal de la red. de institutos que se necesitan para un buen funcionamiento de la secundaria. En su defecto, los gobiemos regionales piden dinero.

La respuesta del Ejecutivo central es que la red de centros elaborada por el PSOE (239 institutos pendientes de construcci¨®n) est¨¢ inflada y no responde a las necesidades reales. El MEC entregar¨¢ pr¨®ximamente una primera oferta a sus interlocutores auton¨®micos, que mientras tanto afilan l¨¢pices y ponen pilas a las calculadoras.

P¨²blica / privada. La contundente, ideolog¨ªa privatizadora exhibida por Esperanza Aguirre ha disparado la alerta roja entre los sindicatos, no s¨®lo en el ¨¢mbito de la educaci¨®n. Antonio Guti¨¦rrez (CC 00) ha advertido que el malestar por la pol¨ªtica educativa desembocar¨¢ en el m¨¢s grave conflicto social del pa¨ªs, y C¨¢ndido M¨¦ndez (UGT) ha acusado al Gobierno del "desarbolamiento del sistema p¨²blico, dejando la ense?anza al alcance de los recursos econ¨®micos de cada cual".

A juicio de la oposici¨®n, los populares no van m¨¢s lejos que el PSOE en su apoyo a los centros privados que reciben dinero del Estado, pero olvidan las necesidades de los p¨²blicos, realizando una escasa inversi¨®n en institutos de secundaria y desatendiendo los programas destinados a combatir el fracaso escolar y los aspectos que dan calidad a la ense?anza, como los departamentos de orientaci¨®n, los Centros de Profesores y Recursos (CPR), las nuevas tecnolog¨ªas, las licencias por estudios o los programas de innovaci¨®n.

Seg¨²n el an¨¢lisis de la izquierda, uno de los aspectos que demuestra la inclinaci¨®n del PP hacia la escuela privada es la subvenci¨®n de 7.000 millones destinada a plazas de ni?os de 3 a 6 a?os en centros privados concertados. Se trata de un nivel educativo no obligatorio. Comisiones Obreras estima que con esta medida, que se aplicar¨¢ en septiembre, el PP culti

contin¨²a en la p¨¢gina 25va la cartera de clientes de los centros privados en menoscabo de los p¨²blicos.

Bachillerato. Se modificar¨¢ parcialmente la LOGSE para que la plena implantaci¨®n de los dos cursos de bachillerato se retrase dos a?os, hasta el curso 2001-2002, con el previsible consenso de partidos y comunidades.

El equipo de Educaci¨®n cree que dos a?os de Bachillerato son pocos. Es decir, que deber¨ªan ser tres. La alternativa ser¨ªa ganar un a?o a costa de los cuatro a?os de secundaria obligatoria y gratuita. Los socialistas responden que ello provocar¨ªa una situaci¨®n absurda: un a?o de bachillerato obligatorio y dos opcionales. O peor: cambiar sustancialmente la LOGSE. Son palabras mayores, hoy por hoy fuera del alcance de un Gobierno minoritario, particularmente cuando sus socios nacionalistas son firmes partidarios d¨¦ esta ley. Formaci¨®n profesional. Es una asignatura tan complicada como importante, y no hay indicios de que el Gobierno est¨¦ en condiciones de aprobarla. Sigue sin haber una buena oferta que descargue de estudiantes a la universidad y d¨¦ respuesta a las necesidades de las empresas. Cuesta dinero desarrollar una buena Formaci¨®n Profesional, y el ministerio se inclina por frenar su implantaci¨®n para ajustarla al de la secundaria obligatoria y el bachillerato. Actualmente, s¨®lo uno de cada tres alumnos de FP cursa una titulaci¨®n del nuevo sistema, que tambi¨¦n resultar¨¢ afectado por el retraso de la implantaci¨®n del bachillerato.

El ministerio trabaja para suavizar los requisitos exigidos a los centros privados para impartir estos estudios y ha reducido los equipos de expertos que gestionaban el sistema en los servicios centrales del departamento.

2? de secundaria. El segundo de los cuatro cursos de la ESO se implantar¨¢ plenamente en septiembre. Es previsible que vuelvan a surgir problemas, ya que en el territorio todav¨ªa administrado por el ministerio no hay bastantes institutos para acoger a los alumnos de secundaria, muchos de los cuales tendr¨¢n que seguir en sus colegios de primaria. A la falta de institutos, equipamientos y profesores, se sumar¨¢n las protestas en municipios rurales contra los traslados de alumnos a otras localidades. Acomodar alumnos de secundaria en colegios es una salida, pero no una soluci¨®n, ya que no permite afrontar en condiciones clases como las de idiomas, Ciencias de Naturaleza o Tecnolog¨ªa.

Humanidades. Aguirre ya ha decidido cu¨¢l ser¨¢ su orgullo como ministra: la reforma de las humanidades en secundaria, especialmente la historia. Ha denunciado "el calamitoso estado de la ense?anza de la historia", su "arrinconamiento" y el "pavoroso empobrecimiento del mensaje en esta rnateria". A tenor de sus frecuentes apelaciones a Julio C¨¦sar, Felipe II y el Descubrimiento de Am¨¦rica, ya han surgido en los institutos voces cr¨ªticas que le reprochan una concepci¨®n asocial de la historia, que para ella ser¨ªa un conjunto de vidas ejemplares de grandes personajes.

La historia se ense?a en los cuatro cursos de secundaria obligatoria en la asignatura de Ciencias Sociales, en la que tambi¨¦n se estudia geograf¨ªa, sociolog¨ªa o econom¨ªa. En los libros de ciencias sociales, la historia ocupa aproximadamente la mitad del programa. Pero Aguirre nunca se refiere al contenido de los textos, sino a los ep¨ªgrafes de la norma de contenidos comunes para toda Espa?a. En este ¨ªndice no se cita el Descubrimiento, pero ser¨ªa dif¨ªcil encontrar ni?os que no lo hayan estudiado, a no ser que se hayan saltado la lecci¨®n.

A los socialistas les cost¨® dos a?os de duras negociaciones auton¨®micas pactar ese documento. La ministra ha proclamado su decisi¨®n de cambiarla y ha encargado un dictamen a la Academia de la Historia. Sea cual sea su decisi¨®n, es previsible que en este camino sufra alg¨²n tropez¨®n auton¨®mico, especialmente en Catalu?a.

Las posibilidades de reforzar la presencia de la historia y las dem¨¢s materias human¨ªsticas (literatura, lat¨ªn, griego o filosof¨ªa) son b¨¢sicamente tres. La primera es ampliar el horario semanal de clase, algo casi descartable. La segunda es hacerlo a costa de la m¨²sica, la tecnolog¨ªa o la educaci¨®n pl¨¢stica o visual, lo que abrir¨ªa otros frentes de conflicto. Tambi¨¦n se podr¨ªa robar tiempo a las optativas, pero la mayor¨ªa de estas horas est¨¢n ocupadas por el segundo idioma. La tercera, espec¨ªfica para la historia, ser¨ªa reorganizar internamente los programas de Ciencias Sociales. Ser¨ªa la opci¨®n menos complicada, pero tambi¨¦n la menos hist¨®rica para la ministra. Adem¨¢s, obligar¨ªa a modificar los libros, en contra de las declaraciones de Aguirre, partidaria de reducir estos cambios para que los padres ahorren.

Asignaturas optativas. La ministra se ha embarcado en una pol¨¦mica de tono menor, a poco que se hagan cuentas. En diciembre sugiri¨® en el Congreso que las optativas de secundaria son un coladero por el "alt¨ªsimo nivel de notas positivas" y porque "se convierten a veces en complementos l¨²dicos-recreativos faltos de toda profundidad".

Al margen de la consideraci¨®n pedag¨®gica que merezca su opini¨®n, s¨®lo afecta a una de las dos optativas de 40 curso de ESO: es decir, dos horas semanales. En conjunto, 70 de las 4.025 horas de clase de la secundaria obligatoria. La mayor¨ªa de las otras horas de optativas est¨¢ ocupada por el segundo idioma.

Religi¨®n. El PP ha vacilado con la Religi¨®n. Sensible a los ruegos de la Conferencia Episcopal, en su momento quiso que fuera optativa, pero evaluable y computable para la nota media; es decir, con influencia en la nota de acceso a la universidad. Finalmente, tras algunas confusiones y declaraciones ambiguas sobre su "dignificaci¨®n" acad¨¦mica, el prop¨®sito de Aguirre es que quienes no elijan Religi¨®n tengan una alternativa de valores laicos.

Actualmente se imparte Cultura Religiosa en 3? y 4? de ESO y en lo de bachillerato. En el resto de los cursos no hay una asignatura, sino actividades alternativas (entre varias decenas, el PP se ceb¨® con el parch¨ªs y otros juegos de mesa. Contra esta normativa hay planteado un recurso de inconstitucionalidad de inspiraci¨®n laica por parte de la CEAPA (padres de alumnos de centros p¨²blicos).

Los anteriores equipos de Educaci¨®n rechazaron que la Religi¨®n tuviera una asignatura alternativa evaluable, entre otras cosas porque se convertir¨ªa en una de las m¨¢s importantes del curr¨ªculum, ya que se dar¨ªa desde los primeros cursos de primaria hasta los ¨²ltimos de secundaria. Esta asignatura superar¨ªa en horas a otras materias de mayor valor acad¨¦mico. Esa hip¨®tesis no parece asumible por la comunidad escolar.

Admisi¨®n de alumnos. El ministerio se propone cambiar ligeramente la admisi¨®n de alumnos en los centros. Modificar los principales criterios (proximidad, hermanos en el centro y renta) ser¨ªa bastante complicado legalmente, por lo que la opci¨®n m¨¢s probable es que se ampl¨ªen las zonas de influencia de cada centro, pero sin llegar a una especie de distrito ¨²nico. por ciudad, que conllevar¨ªa graves problemas administrativos para gestionar las admisiones. Tambi¨¦n se retocar¨¢ el baremo de los criterios de admisi¨®n.

Profesores. Entre los docentes cunde el des¨¢nimo por lo que consideran desprecio de la titular de Educaci¨®n hacia la ense?anza p¨²blica. Al margen de las decisiones concretas, las manifestaciones cr¨ªticas de Aguirre sobre las horas de trabajo de los profesores de secundaria en comparaci¨®n con las suyas; sobre la "jerga burocratizante" de los expertos en gesti¨®n educativa, y sobre los docentes que, seg¨²n ella, se apoltronan en los despachos de los Centros de Profesores y Recursos para no volver a las aulas han contribuido poco a mejorar su imagen entre los docentes.

En Espa?a hay 30.000 profesores no universitarios interinos. La coordinadora que los agrupa ha convocado huelga para el 29 de enero. Los interinos, muchos de los cuales ya tuvieron oportunidad de convertirse en funcionarios, reclaman un puesto fijo y que se les contrate para las plazas que la Administraci¨®n ha dejado sin cubrir en institutos.

En la universidad, uno de los problemas es regular la situaci¨®n de los 24.000 profesores asociados (el 35% de los docentes de universidades p¨²blicas). La figura de los profesores asociados, que inicialmente eran profesionales especializados que impart¨ªan temporalmente docencia, se ha desvirtuado en muchos casos, hasta convertirse en remedo de la antigua categor¨ªa de PNN. Hay en marcha iniciativas para cambiar el perfil legal de los asociados y dotarles de estabilidad.