El acceso al porno llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos de mayor¨ªa conservadora

El acceso a los contenidos pornogr¨¢ficos vuelve este mi¨¦rcoles a la imponente sala de vistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Free Speech Coalition, la patronal del sector de entretenimiento para adultos, impugna la validez de una ley de Texas que, con el objetivo de proteger a los menores, exige una verificaci¨®n de la edad para obtener acceso a sitios web con contenido sexual expl¨ªcito. Alegan que se viola el derecho a contenidos protegidos por la Constituci¨®n y, con ello, la libertad de expresi¨®n. Un total de 19 Estados bajo control del Partido Republicano han aprobado leyes similares, de modo que la decisi¨®n del Tribunal, de mayor¨ªa conservadora, tendr¨¢ repercusiones en buena parte del pa¨ªs.

La pol¨¦mica ley HB 1181 establece que ¡°una entidad comercial que, consciente e intencionadamente, publique o distribuya material en un sitio web de internet, incluidas las redes sociales, del que m¨¢s de un tercio sea material sexual perjudicial para menores, deber¨¢ utilizar m¨¦todos razonables de verificaci¨®n de la edad¡± que se describen en la norma.

Entre las posibilidades est¨¢ una copia de un documento de identidad, pero tambi¨¦n otros sistemas digitales como un reconocimiento facial con inteligencia artificial o un registro a cargo de terceros. La ley no permite a los verificadores de identidad conservar informaci¨®n personal sobre los usuarios.

Los principales sitios web de pornograf¨ªa, incluidos Pornhub, PornTube y YouPorn, han preferido bloquear a los usuarios de los Estados donde esas leyes est¨¢n en vigor, en lugar de invertir en sistemas o servicios de comprobaci¨®n de la edad. A quienes se atrevieron a desafiar la ley tejana, las autoridades les pusieron una multa tras otra.

Muy pocos han implantado un sistema de verificaci¨®n. El requisito no afecta a motores de b¨²squeda ni a redes sociales como X, que con Elon Musk ha dado cabida a la pornograf¨ªa, porque menos de un tercio de su contenido entra en esa calificaci¨®n.

La ley entr¨® en vigor en septiembre de 2023. Pornhub y otras organizaciones demandaron a Texas, obteniendo inicialmente una orden judicial que paraliz¨® su aplicaci¨®n ese mismo mes. Sin embargo, el fiscal general de este Estado del sur, Ken Paxton, recurri¨® ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. Primero obtuvo una suspensi¨®n de la decisi¨®n judicial en noviembre de ese a?o, lo que le permiti¨® hacer cumplir la norma.

En marzo del a?o pasado, en una sentencia de 78 p¨¢ginas, ese mismo tribunal anul¨® parcialmente la orden judicial original, dictaminando que los criterios de comprobaci¨®n de la edad son constitucionales. ¡°El requisito de verificaci¨®n de la edad est¨¢ racionalmente relacionado con el inter¨¦s leg¨ªtimo del gobierno en evitar el acceso de los menores a la pornograf¨ªa¡±, dice la sentencia, que concluy¨® que la ley no viola la Primera Enmienda de la Constituci¨®n, que protege la libertad de expresi¨®n.

La doctrina del Supremo

La patronal de las empresas del sector del porno y organizaciones de derechos civiles recurrieron ante el Supremo, que acept¨® el caso, llamado Free Speech Coalition contra Paxton. La doctrina del Supremo, fijada en anteriores casos, establece que los Estados pueden restringir racionalmente el acceso de los menores a material sexual, pero que tales restricciones deben resistir un escrutinio estricto si obstaculizan el acceso de los adultos a contenidos constitucionalmente protegidos.

Por otra parte, su doctrina distingue entre contenido sexual no obsceno y obsceno, no estando este ¨²ltimo protegido constitucionalmente. El Supremo define esa categor¨ªa de forma restrictiva como aquella que no solo ¡°apela al inter¨¦s lascivo¡±, sino que adem¨¢s ¡°representa o describe de forma manifiestamente ofensiva una conducta sexual¡± y ¡°carece de valor literario, art¨ªstico, pol¨ªtico o cient¨ªfico serio¡±. El material obsceno est¨¢ prohibido y criminalizado en Texas por otras leyes y no es objeto del recurso actual.

En casos como Reno contra la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles (ACLU), de 1997, y Ashcroft contra ACLU, de 2002, el Supremo dio la raz¨®n a los promotores de sitios pornogr¨¢ficos y asociaciones de derechos civiles. Sin embargo, la composici¨®n del Tribunal ha cambiado. Ahora tiene una supermayor¨ªa conservadora de seis de los nueve jueces que no ha dudado en separarse de precedentes asentados durante d¨¦cadas en asuntos como el aborto o la discriminaci¨®n positiva por raza en el acceso a las universidades.

Texas defiende que sus restricciones son similares a las que se aplican a los menores para impedir que consuman tabaco o alcohol o alquilen un coche, pero los recurrentes replican que esas no son actividades protegidas por la libertad de expresi¨®n y que tienen naturaleza diferente.

¡°A la mayor¨ªa de la gente no le preocupar¨ªa demasiado que se le relacionara con el alquiler de un coche o la compra de vino. Por el contrario, como concluy¨® el tribunal de distrito y confirma el sentido com¨²n, interponer la verificaci¨®n de la edad antes de que los visitantes puedan acceder a contenidos sexuales en l¨ªnea tiene un ¡®efecto sustancialmente amedrentador¡¯ y ¡®disuade el acceso de los adultos¡¯, dado el riesgo de que ¡®revelaciones, filtraciones o hackeos¡¯ puedan ¡®revelar deseos y preferencias ¨ªntimas¡±, sostienen en su ¨²ltimo escrito presentado ante el Supremo.

Tambi¨¦n subrayan que con la ley los menores pueden igualmente tener acceso a pornograf¨ªa a trav¨¦s de buscadores o redes sociales (que no dediquen a la materia m¨¢s de un tercio de su contenido) y que no se excluye de su ¨¢mbito siquiera a contenidos con valor cultural, cient¨ªfico o educativo apropiado solo para adultos. Sugieren que hay alternativas menos gravosas, como filtros de contenidos para menores que se pueden instalar en los dispositivos.

El aluvi¨®n de leyes de verificaci¨®n de identidad forma parte de una oleada reaccionaria contra la pornograf¨ªa de la que es claro exponente el llamado Proyecto 2025, el programa conservador de m¨¢ximos dise?ado para servir de orientaci¨®n a las pol¨ªticas republicanas ante la presidencia de Donald Trump.

¡°La pornograf¨ªa debe prohibirse. Las personas que la producen y distribuyen deber¨ªan ser encarceladas. Los educadores y bibliotecarios p¨²blicos que la difunden deber¨ªan ser clasificados como delincuentes sexuales registrados. Y las empresas de telecomunicaciones y tecnolog¨ªa que facilitan su difusi¨®n deber¨ªan ser clausuradas¡±, dice el texto de dicho documento. Este mi¨¦rcoles se celebra la vista oral del caso y la sentencia puede retrasarse hasta junio, cuando se cierra el curso judicial.