Los inspectores de Hacienda acusan a Costa de empa?ar su labor y desmoralizar al contribuyente

Malestar entre los inspectores de Hacienda y desmoralizaci¨®n entre los contribuyentes. ?ste es el poso que, despu¨¦s de la batalla pol¨ªtica, quedar¨¢ de la denuncia efectuada por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, sobre una presunta amnist¨ªa fiscal de 200.000 millones resultado de la gesti¨®n socialista. Los inspectores rechazan que hubiera negligencia. Los actuales responsables de Hacienda insisten en que no se pueden mantener los expedientes abiertos m¨¢s de dos a?os, como refleja un informe de auditor¨ªa interna sobre los a?os 1992, 1993 y 1994 que encarg¨® la Administraci¨®n socialista.

El pasado martes Juan Costa removi¨® el foro pol¨ªtico al afirmar que el Estado pod¨ªa dejar de ingresar 200.000 millones por 600 expedientes de fraude fiscal que iban a prescribir por una inminente sentencia del Tribunal Supremo. Costa culp¨® al Gobierno socialista de haber dejado vencer los plazos, mientras pol¨ªticos del PP acusaban al PSOE de haber favorecido a sus "amiguetes".El hecho es que hay 600 expedientes por fraude fiscal, que est¨¢n en el alero. Pero, ?por qu¨¦ Hacienda se apresura a dar esos expedientes por perdidos cuando todav¨ªa no hay una segunda sentencia del Supremo que lo ratifique?

La primera sentencia del Supremo data de febrero del pasado a?o. Hacienda no la hizo p¨²blica entonces, sino que que una consultora quien la difundi¨®. En esa sentencia se dictamina que la inspecci¨®n puede durar un periodo sin definir siempre que no est¨¦ paralizada m¨¢s de seis meses. El tiempo que exceda contabiliza a efectos de prescripci¨®n del posible delito.

El cambio es trascendental. Con el Reglamento actual, la paralizaci¨®n de la inspecci¨®n s¨®lo afectaba a una primera fase; es decir, desde el momento en que el inspector actuario detecta un fraude, lo investiga, lo argumenta y hasta que presenta una propuesta al inspector jefe porque el afectado ha se?alado su disconformidad. En esta primera fase no pod¨ªa haber una interrupci¨®n del trabajo durante m¨¢s de seis meses. Si lo hubiera y se tratara de una deuda generada hac¨ªa m¨¢s de cinco a?os habr¨ªa prescrito; es decir, Hacienda no podr¨ªa exigirla.

Proceso de seis meses

La sentencia del Supremo va m¨¢s all¨¢ y dice que la interrupci¨®n de seis meses abarca todo el proceso: desde que el inspector empieza su trabajo y hasta que el inspector jefe dictamina con un acta definitiva. En esta segunda fase -entre la propuesta y el acta definitiva- es donde se ha producido el cuello de botella. Seg¨²n un informe de auditor¨ªa interna de la Agencia Tributaria sobre el periodo 1992-94, en la Oficina Nacional de Inspecci¨®n (ONI) -donde se vigila a las empresas que facturan m¨¢s de 5.000 millones- el plazo de resoluci¨®n era de m¨¢s de dos a?os.El grueso de las graves acusaciones de Costa es que, por esta falta de diligencia, 600 expedientes fiscales han caducado (el 90% de la ONI). Se trata de deudas anteriores a 1991, que tardaron m¨¢s de seis meses en resolverse por el jefe de la inspecci¨®n y que en su mayor¨ªa est¨¢n ahora recurridas.

El punto d¨¦bil de la argumentaci¨®n de Costa es que falta una segunda sentencia del Supremo para que se siente jurisprudencia. S¨®lo as¨ª la decisi¨®n del Supremo es firme, es decir, crea jurisprudencia, y s¨®lo entonces Hacienda puede dar por perdida la batalla. En el equipo actual de Hacienda se considera que esa segunda sentencia es inminente -seguramente ratificar¨¢ la primera- y que hay hasta 14 pronunciamientos de otros tribunales de inferior rango -entre ellos dos de la Audiencia Nacional del a?o 1994 y otra de 1996- con el mismo criterio.

Seg¨²n medios del PP, Costa no ha querido cargar con la responsabilidad pol¨ªtica de unos expedientes generados en la etapa socialista. Esa bomba de relojer¨ªa no deb¨ªa estallar en las manos del partido gobernante, cuando precisamente se le acusa desde el PSOE de "favorecer a los amigos ricos con regalos fiscales".

?Favoreci¨® el PSOE a sus amigos?, La directora de la ONI desde septiembre de 1994, Encarnaci¨®n Vivancos, nombrada por Pedro Solbes y cesada por el PP, lo niega. Asegura que ese informe de auditor¨ªa interna lo encarg¨® el equipo de Solbes precisamente a ra¨ªz de las primeras sentencias de la Audiencia Nacional. Tambi¨¦n se detect¨® que, tras el anuncio de que la nueva Ley General Tributaria iba a rebajar las sanciones por fraude fiscal, las actas se formaban en disconformidad.

Por estas dos causas, los expedientes se agolparon, pero Vivancos afirma que se tomaron medidas. En concreto, "dimos salida a todo lo pendiente por primas ¨²nicas, se pusieron medios inform¨¢ticos y humanos para resolver los casos en 90 d¨ªas y dej¨¦ s¨®lo pendientes 1.000 millones de pesetas".

Otra cosa es que esas actas definitivas fueran recurridas ante los tribunales, sobre todo a ra¨ªz de las sentencias de la Audiencia Nacional y, en especial, de la ¨²ltima del Supremo. Y aqu¨ª, en los tribunales, es donde se ha reproducido el cuello de botella. En ocho meses de gesti¨®n, el actual equipo del PP ha seguido en la misma t¨®nica al estar la pelota en los tribunales. El actual director de la Agencia Tributaria, Jes¨²s Bermejo, asegura que nada m¨¢s llegar al cargo se plante¨® como prioridad "agilizar los procedimientos con instrucciones tajantes".

El Registro de Economistas Asesores Fiscales afirm¨® ayer que en la ¨²ltima ¨¦poca del Gobierno socialista se tomaron medidas para resolver el problema de la paralizaci¨®n de expedientes. Apife, la asociaci¨®n que agrupa a los inspectores de Hacienda critic¨® en una nota el malestar creado por las acusaciones de Costa que, obviamente, empanan su labor. Se?alan que en todo momento se han atenido a la legalidad vigente y que han rechazado injerencias pol¨ªticas. Otros inspectores consultados creen que Hacienda tira piedras contra su propio tejado al desmoralizar a los contribuyentes que pagan todos sus impuestos.