Jugar con fuego

COMO ERA de prever, el caso de los 200.000 millones que supuestamente ha perdido Hacienda por la tambi¨¦n supuesta prescripci¨®n de 600 inspecciones fiscales ha derivado en una pol¨¦mica enconada. El grav¨ªsimo desastre fiscal anunciado por Rato y Costa, coreado por Aznar como una agresi¨®n colateral a los funcionarios que sufren la congelaci¨®n de sus salarios, -concluy¨® moment¨¢neamente el lunes pasado, en sus aspectos t¨¦cnicos, con una sentencia del Tribunal Supremo que deja a los trompeteros de la cat¨¢strofe en posici¨®n rid¨ªcula.La sentencia del Supremo, esa que supuestamente iba a sentar jurisprudencia junto- con la de febrero de 1996, reduciendo as¨ª en 200.000 millo?es los ingresos de la Hacienda p¨²blica, ni sentar¨¢ jurisprudencia ni tan si quiera tiene que ver con el caso anterior. Se limita a certificar que el per¨ªodo de inspecci¨®n no puede ser interrumpido durante m¨¢s de seis meses, algo que ya impone el reglamento de, la Inspecci¨®n. El debate de los 200.000 millones es otro: si ese plazo m¨¢ximo incluye o no el per¨ªodo de l¨ªquidaci¨®n.

Es probable que otras sentencias aclaren definitivamente esta cuesti¨®n y, en virtud de ellas, se produzcan, en efecto, prescripciones de muchas actas. Pero la conocida el lunes en ning¨²n caso justifica la alarma por la prescripci¨®n inminente. La pregunta es casi autom¨¢tica: ?es posible que Hacienda estuviera tan mal informada de un litigio en el que es parte, hasta el punto de generar, cuando menos prematuramente, esta alarma social? ?Desconoc¨ªa Hacienda los t¨¦rminos exactos del recurso? No dice mucho a favor de la competencia de sus actuales gestores esta monumental equivocaci¨®n sobre el motivo de una supuesta sentencia decisiva.

A pesar de que la sentencia desmiente moment¨¢neamente las acusaciones pol¨ªticas sin pruebas lanzadas por Aznar y Rato, quienes sugirieron de forma m¨¢s que impl¨ªcita la idea de que el Gobierno anterior habr¨ªa favorecido supuestamente a sus amiguetes mediante retrasos que acabaran en prescripciones, ni el Gobierno ni el Partido Popular parecen dispuestos a reconocer su precipitaci¨®n y mantienen las acusaciones iniciales como si estuvieran fundamentadas. Ayer, en el Congreso, el portavoz del PP en la Comisi¨®n de Econom¨ªa, Ram¨®n Aguirre, ejerci¨® de ventajista pol¨ªtico cuando anunci¨® que el Gobierno no har¨¢ p¨²blicos los nombres de los afectados porque supondr¨ªa una ilegalidad. ?Menos mal! Al menos anuncia que cumplir¨¢ la ley. De esta forma tan previsible, el acusado, en este caso el Gobierno anterior, queda incapacitado para defenderse de unas acusaciones -hasta ahora sin pruebas- para las que no se han tenido en cuenta tales escr¨²pulos de legalidad. El portavoz del grupo Popular, Luis de Grandes, volvi¨® a rematar que "el comportamiento tiene toda la apariencia de favorecer a algunos".

Probablemente tiene raz¨®n Felipe Gonz¨¢lez cuando asegura que "estamos ante una situaci¨®n muy delicada" porque "es la primera vez que se utiliza pol¨ªticamente a Hacienda". Pero no la tiene cuando propone como soluci¨®n una proposici¨®n de ley que autorice "por esta vez" el levantamiento del secreto fiscal para que se conozca la supuesta lista de amigos beneficiados por el Gobierno socialista. Aqu¨ª tambi¨¦n hay ventajismo, porque el expresidente no ignora que tal cosa es imposible: el secreto protege al contribuyente y obliga a Hacienda hasta que haya sentencia judicial. El Parlamento puede cambiar las leyes cuanto guste, pero en un Estado de derecho no puede darles car¨¢cter retroactivo.

La soluci¨®n m¨¢s correcta se tom¨® ayer en la Diputaci¨®n Permanente del Congreso, cuando se aprob¨® la pr¨®xima comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, para que explique la pol¨¦mica de los 600 expedientes en peligro de prescripci¨®n, aunque le habr¨ªa correspondido a Rato esta comparecencia ante la C¨¢mara, puesto que en la concepci¨®n del PP un secretario de Estado no forma parte del Gobierno.

Costa tiene una dif¨ªcil tarea: debe explicar el fundamento de las acusaciones; aclarar si el equipo anterior hizo o no las advertencias oportunas a los nuevos res ponsables de la Agencia Tributaria; y explicar, si se hubieran hecho, por qu¨¦ no se ha agilizado desde entonces la gesti¨®n de los expedientes afectados. Y sobre todo, qu¨¦ medidas activas ha tomado Hacienda -la actual- para minimizar el efecto de las modificaciones legales en favor de una inspecci¨®n fiscal m¨¢s reducida.