Demagogia y negligencia

EL GOBIERNO inici¨® ayer un repliegue ordenado del jard¨ªn en que se hab¨ªa metido. Tanto el secretar¨ªo de Estado de Hacienda, Juan Costa, como el vicepresidente Rato reconocieron impl¨ªcitamente -en distinto grado- la inconveniencia de las acusaciones pol¨ªticas vertidas contra el Gobierno anterior por supuesto amiguismo en relaci¨®n a la prescripci¨®n de una deuda fiscal de unos 200.000 millones de pesetas. Costa fue el primero en recoger velas y desactivar la ofensiva pol¨ªtica contra la oposici¨®n montada sobre pretendidos favores tributarios a amigos del PSOE, cuando acept¨® no tener "ninguna prueba de que los expedientes se paralizaran por una decisi¨®n pol¨ªtica. Si la tuviera, estar¨ªa obligado a comunicarlo a la Fiscal¨ªa". Aunque lo mezcl¨® con otras consideraciones, tambi¨¦n Rato lo reconoci¨®. Si hubiesen empezado por ah¨ª, la sociedad espa?ola se habr¨ªa ahorrado la instrumentaci¨®n pol¨ªtica de la informaci¨®n tributaria -que, debe recordarse, es secreta-, la irritaci¨®n gratuita de los funcionarios, la confusi¨®n de los ciudadanos y el esc¨¢ndalo de los contribuyentes.Con sus declaraciones, el vicepresidente y su subordinado han desactivado, esperemos que definitivamente, la acusaci¨®n de amiguismo y han de-jado en un lugar muy rid¨ªculo a pol¨ªticos del PP que hablaron de "regalos fiscales a amiguetes", e incluso ensayaron, por boca del mism¨ªsimo presidente, con ligarlo a los recortes presupuestarios de los sueldos de los funcionarios. La denuncia de esa demagogia no cancela, ni mucho menos, la sospecha de que la inspecci¨®n fiscal ha estado gestionada de forma deficiente, con importantes perjuicios para los ciudadanos que pagan sus impuestos. Una cosa es rechazar las acusaciones de connivencia con el fraude en beneficio de los "amiguetes" -es decir, de haber ordenado paralizar los expedientes- y otra descartar negligencias en el funcionamiento de la Agencia Tributar¨ªa y considerar que la p¨¦rdida de los 200.000 millones (si llegara a producirse) se debe simplemente a un cambio en la interpretaci¨®n. jur¨ªdica del periodo de inspecci¨®n impulsada por el Tribunal Supremo. Parece muy cierto que esta imprevisi¨®n administrativa existe, desde el momento en que hay 600 expedientes de inspecci¨®n pendientes de decisi¨®n de los tribunales en los que supuestamente se han vulnerado las normas de interrupci¨®n inspectora.

Durante a?os, la inspecci¨®n financiera ha mostrado escasa sensibilidad a las sentencias de los tribunales d¨¦ justicia; insensibilidad que, agravada por la escasa capacidad pol¨ªtica para reaccionar con presteza ante las nuevas exigencias jur¨ªdicas, ha producido importantes atascos y demoras en la gesti¨®n de expedientes complejos. Tampoco hay que olvidar la poca atenci¨®n que se ha prestado a la Oficina Nacional de Inspecci¨®n (ONI), un organismo creado especialmente para controlar la gesti¨®n fiscal de los grandes contribuyentes y que concentra casi el 90% de los expedientes afectados por los contenciosos ante los tribunales.

Estos factores, m¨¢s el de la escasez de inspectores y subinspectores para desarrollar los ambiciosos programas de lucha contra el fraude, explican casos tan ins¨®litos de ineficiencia como el de actas que se liquidan a?os despu¨¦s de ser firmadas o las

interrupciones, durante m¨¢s de un a?o, en las inspecciones practicadas a las empresas, como revelan las sentencias recientemente conocidas. Ser¨ªa de gran importancia que los responsables actuales de la inspecci¨®n tomaran buena cuenta de los errores que no se deben repetir en el futuro y apliquen sus esfuerzos a mejorar la gesti¨®n en esos y otros puntos delicados.