S¨®lo 60 de las 8.000 personas que acudieron a la oficina 'antisubasteros' lograron piso

S¨®lo unas 60 de las cerca de 8.000 personas que han acudido a la oficina antisubasteros de la plaza de Castilla lograron adjudicarse un piso, seg¨²n c¨¢lculos de ese departamento. Tan reducido porcentaje -menos del 1%- obedece a los muchos obst¨¢culos que hallan las personas de buena fe interesadas en pisos baratos para burlar a los ama?adores de pujas -los subasteros- y sortear las trabas legales.Los juzgados de la regi¨®n subastaron, s¨®lo el a?o pasado, m¨¢s de 3.000 inmuebles -pisos, garajes...-, que salen a licitaci¨®n a precios muy inferiores al mercado. Gran parte de esos inmuebles, sin embargo, siguen estando acaparados por subasteros, provistos de inmobiliarias, y acreedores: los bancos.

El hecho de que apenas un 0,7% de las personas que acudieron a esa oficina consiguiera el piso no es imputable a este departamento, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. El 2 de febrero har¨¢ dos a?os que naci¨® esta oficina, a cuyo frente figuran dos abogadas, fruto de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Comunidad y el Colegio de Abogados. Se le asignaron dos cometidos: informar a los ciudadanos, personalmente o mediante anuncios en peri¨®dicos (ver p¨¢ginas 8, 9 y 10 de este sumplemento) de los inmuebles que los juzgados sacan a subasta -d¨ªa, hora, extensi¨®n del piso, cargas... -; y explicarles los pasos que deb¨ªan dar para intervenir en una puja. Los objetivos se han cumplido, pero no el fin ¨²ltimo, que gente necesitada obtenga un piso barato.

Pensaron los dise?adores de esta oficina que acabar¨ªan con los subasteros, haci¨¦ndoles competencia, si consegu¨ªan nevar a las pujas a ciudadanos de buena fe. No ha sido as¨ª. El ojo avizor de los profesionales (cerca de una veintena est¨¢n condenados por ama?ar pujas) no descansa. No pueden impedir que alguien participe en una subasta, pero s¨ª disponen de dinero para pujar al alza y aburrirle. Sus chanchullos, adem¨¢s, se ven favorecidos por la actual legislaci¨®n.

?Qu¨¦ ocurre? La mayor¨ªa de las 8.000 personas que ha desfilado por la oficina (sin contar otras 2.200 que pidieron informaci¨®n por tel¨¦fono) son parejas j¨®venes y con poco dinero. Para participar en una puja, la ley impone que se consigne un 25% del precio de salida del inmueble antes de la puja. Si, por ejemplo, una pareja tiene suerte y logra burlar a los subasteros, el resto del dinero debe depositarlo en un plazo de ocho d¨ªas desde la adjudicaci¨®n. Si no, se anula la adjudicaci¨®n y la pareja pierde el dinero consignado.

Al tratarse de gente con escasos recursos, lo normal es acudir al banco y pedir un cr¨¦dito hipotecario. Aqu¨ª surge una de las grandes pegas: los bancos son extremadamente reacios a conceder un cr¨¦dito hipotecario para un piso de subasta. Pero si lo consigue, la pareja debe franquear otro obst¨¢culo: el plazo de ocho d¨ªas resulta insuficiente para formalizar el papeleo bancario y conseguir el dinero. A todas estas trabas, se suma, adem¨¢s, otra: el piso subastado no se puede ver. Suele estar habitado por el antiguo propietario, el deudor (el bicho, dicen los subasteros), y hay que esperar a que el juez ordene el desalojo. Como el deudor no tiene ad¨®nde ir, hay que hacerlo por la fuerza. El desalojo, pues, suele tardar seis o siete meses. Es decir, esa pareja habr¨ªa comprado un piso que ni siquiera ha visto y comenzar¨ªa a pagar el cr¨¦dito antes incluso de ocuparlo. Los subasteros tienen menos problemas: les sobra tiempo y dinero, y lo mismo les da esperar, seg¨²n dijo uno a este peri¨®dico, "seis meses o un a?o".

Jueces de Madrid pr¨®ximos a las subastas de pisos entienden que la ¨²nica forma de acabar con los profesionales y favorecer el reparto de los pisos de subastas pasa por una reforma legal que, por un lado, ampl¨ªe el plazo de ocho d¨ªas, y, por otro, permita que los pisos sean subastados una vez que est¨¦n vac¨ªos, de tal forma que el adjudicatario salga del juzgado con la llave en la mano.