Tropiezo en el Pe?¨®n
EL MOMENTO elegido por el ministro espa?ol de Asuntos Exteriores para plantear una generosa f¨®rmula de futuro sobre Gibraltar no pod¨ªa haber sido peor escogido. Resultaba evidente que en v¨ªsperas electorales y con John Major con el agua al cuello, el Gobierno conservador brit¨¢nico no iba a ceder un ¨¢pice, ni siquiera para entrar a considerar el tema de la soberan¨ªa, siempre paralizado a pesar de formar parte integral del proceso abierto con el acuerdo de Bruselas de 1984.En su reciente encuentro con su hom¨®logo brit¨¢nico, Malcom Rifkind, Abel Matutes le hizo part¨ªcipe de una idea que ya se aire¨® en 1979 con la UCD y en los primeros tiempos del Gobierno socialista: plantear la reversi¨®n a la soberan¨ªa espa?ola de Gibraltar en un plazo largo -50 a?os o m¨¢s- y entretanto avanzar hacia una administraci¨®n compartida, tanto en la gesti¨®n como en los gastos. La oferta parece generosa, y no resultar¨ªa financieramente gratuita a Espa?a. Probablemente cualquier soluci¨®n a este contencioso termine pasando por un arreglo de este tipo. Pero plantearla justo ahora no s¨®lo no sirve para nada, ni siquiera para abrir un debate sobre esta espinosa cuesti¨®n, sino que puede ser contraproducente. Especialmente cuando los ¨¢nimos de los gibraltare?os y de sus valedores en Londres son otros y el lobby gibraltare?o tiene destacados representantes entre los conservadores brit¨¢nicos, y en particular entre sus euroesc¨¦pticos. Major no se ha recatado al rechazar abiertamente un plan que Matutes le hab¨ªa susurrado s¨®lo a la oreja de Rifkind, dejando as¨ª a Espa?a en posici¨®n desairada.
M¨¢s hubiera valido aguardar a que se hubieran celebrado las elecciones brit¨¢nicas previstas para mayo. No hay que esperar demasiado de un posible Gobierno laborista, pero s¨ª algo m¨¢s. El debate abierto puede causar, adem¨¢s, interferencias en la negociaci¨®n de algunos problemas que se plantean a, Espa?a en su plena incorporaci¨®n a una nueva estructura de mandos en la OTAN de la que Madrid quisiera que desapareciera el mando atl¨¢ntico de bajo rango en el Pe?¨®n, para lo que Londres pide unas compensaciones inaceptables.
El cinismo brit¨¢nico en esta materia es harto conocido. Londres, que dice poner por delante la voluntad de los gibraltare?os, siempre los ha tratado como ciudadanos de segunda. El cinismo crece al comparar esta postura con la falta de reparos con que Londres entregar¨¢ en cinco meses a la suerte de la dictadura china a los seis millones de habitantes de Hong Kong.
De momento m¨¢s vale avanzar en temas concretos que permitan desmontar las actividades ilegales -narcotr¨¢fico, contrabando y blanqueo de dinero- que se realizan desde el Pe?¨®n y que s¨®lo recientemente ha comenzado Londres a reconocer como problema. Y frenar todo paso -desde un DNI propio hasta mayores autonom¨ªas en materia financiera o legislativa- que desde Gibraltar se pretende dar para forjarse una identidad y unos medios con los que aspirar a una independencia -prohibida por el Tratado de Utrecht de 1713- en la Uni¨®n Europea.
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