La Agencia de Protecci¨®n de Datos investiga las videograbaciones del metro

El director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn-Casallo, ha resuelto dirigirse al Consorcio Regional de Transportes para recabar datos sobre el destino y el tipo de control que la compa?¨ªa ejercer¨¢ sobre las grabaciones obtenidas en el subsuelo. Esta iniciativa surge despu¨¦s de que el consejero de Transportes, Luis Eduardo Cort¨¦s, hiciese p¨²blico que el nuevo plan de seguridad del metro prev¨¦ la instalaci¨®n de unas 800 c¨¢maras con capacidad para grabar a los usuarios. A partir de la respuesta de Transportes, Protecci¨®n de Datos dar¨¢ el visto bueno o vetar¨¢ las grabaciones.

, El consejero de Transportes defendi¨® el martes la medida como un "avance de la ciencia". "No es lo mismo la calle que el metro. Esto es como el sistema que tienen en los cajeros autom¨¢ticos. Si hici¨¦semos un refer¨¦ndum entre los viajeros, estoy seguro de que estar¨ªan encantados", dijo Cort¨¦s.Frente a este optimismo, algunas fuentes jur¨ªdicas mostraron sus dudas. "La grabaci¨®n implica una captaci¨®n de datos de car¨¢cter personal. Esto no est¨¢ prohibido en tanto que se realiza en un espacio p¨²blico y su fin es la seguridad. Pero el destino de estas grabaciones ha de estar sujeto a control", afirm¨® a este peri¨®dico un magistrado del Supremo.

En un sentido m¨¢s cr¨ªtico se expres¨® ayer la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, una entidad que ya en 1994 se mostr¨® beligerante con el fallido proyecto del alcalde de Madrid de instalar c¨¢maras en las calles con mayor ¨ªndice de delincuencia. "El riesgo reside en grabar, sobre todo, aquellas situaciones en las que no hay indicios de delito. Entonces se corre el peligro de que se viole la intimidad de las personas, de que se haga un uso indebido de estas grabaciones. Para evitarlo hay que controlar el proceso de obtenci¨®n de las im¨¢genes y destruirlas inmediatamente, siempre y cuando no contengan indicios de delito", afirm¨® el vicepresidente de la citada asociaci¨®n, Luis Otero.

En la misma l¨ªnea se manifest¨® el portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, para quien la videovigilancia inhibe el ejercicio de aquellos derechos y libertades que se ejercen en lugares p¨²blicos. S¨®lo en aras de protegerlas cabe, en opini¨®n de Alonso, recortarlas. "El uso de c¨¢maras debe rodearse de un fuerte aparato de garant¨ªas, para que los ciudadanos puedan estar seguros de que no habr¨¢ una utilizaci¨®n indebida de las im¨¢genes que nada tengan que ver con hechos il¨ªcitos. Tambi¨¦n se ha de asegurar la r¨¢pida destrucci¨®n de lo registrado", dijo Alonso.

El plan de seguridad entrar¨¢ en vigor el 1 de marzo. En un principio s¨®lo un 15% de las c¨¢maras podr¨¢ grabar, aunque la Comunidad espera que a Fin de a?o este porcentaje llegue al 40% de las 2.000 terminales.