El Gobierno y el PSOE se acusan de favorecer a grupos de comunicaci¨®n afines en la TV digital

, El Gobierno y el PSOE protagonizaron ayer en el Congreso un aut¨¦ntico choque de trenes. El motivo: la convalidaci¨®n del real decreto-ley 1/1997, por el que el Gobierno intenta regular las emisiones de televisi¨®n por sat¨¦lite. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, y el portavoz socialista, AIfredo P¨¦rez Rubalcaba, se acusaron mutuamente de intentar favorecer a grupos de comunicaci¨®n afines. Uno de los argumentos del ministro, -"los intereses generales los va a definir el Gobierno, no se van a definir desde ninguna plataforma, ni desde ning¨²n grupo de comunicaci¨®n"-, fue interpretado por los socialistas' en el sentido de que el Gobierno "est¨¢ legislando contra un grupo de comunicaci¨®n que no les es af¨ªn".El pleno del Congreso convalid¨® el decreto-ley por 197 votos a favor (PP, CiU, PNV, IU y Coalici¨®n Canaria), 132 votos en contra (PSOE) y siete abstenciones (del Grupo, Mixto y de Iniciativa per Catalunya, integrada en IU). El decreto ser¨¢ finalmente tramitado como proyecto de ley con el voto favorable de 334 diputados. La portavoz popular, Ana Mato, intent¨® explicar el apoyo de su grupo a la tramitaci¨®n del decreto como proyecto de ley "como una prueba de transparencia" del Gobierno y no como el fruto de la presi¨®n recibida desde CiU e IU.

El ministro de Fomento justific¨® la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n del real decreto-ley por la necesidad de incorporar a la legislaci¨®n la directiva 95/47 de la Comisi¨®n Europea, sobre la transmisi¨®n de se?ales de televisi¨®n; la defensa de los consumidores y la libertad de mercado. Pero no tard¨® en calentarse. Bast¨® que el portavoz socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, atribuyera la celeridad en la promulgaci¨®n de la norma al hecho de que el 24 de diciembre el Gobierno conociera que los derechos del f¨²tbol iban a estar en otra plataforma distinta a la que impulsa el Ejecutivo.

Por esa raz¨®n, seg¨²n Rubalcaba, el Gobierno, en un acto "ins¨®lito", pidi¨® un informe sobre el decreto-ley al Consejo de Estado en cinco d¨ªas, un dictamen al Consejo Asesor de Telecomunicaciones en 48 horas y no se consult¨® a los consumidores.

Para Rubalcaba, de todo el proceso seguido por el Gobierno se deduce que "ha vulnerado todas las normas que deb¨ªa respetar, aprobando un decreto inconstitucional a sabiendas de que lo era, para perseguir a los medios que se resisten a ser correa de transmisi¨®n", todo lo cual es una demostraci¨®n de que el Gobierno "ha puesto el poder del Estado al servicio de unos intereses particulares y en contra de otros intereses". "?C¨®mo si no explicar", se pregunt¨®, "que un Gobierno en el que se sienta alg¨²n que otro jurista, alg¨²n que otro inspector fiscal, gentes que se proclaman liberales, gentes que se proclaman amantes del mercado, se hayan comportado como un conjunto de iracundos arbitristas? ?C¨®mo explicar si no que un miembro del Gobierno, inteligente, pretenda ofender a los espa?oles diciendo que una sola plataforma digital es pluralismo y dos monopolio?".

La respuesta de Arias Salgado tambi¨¦n fue dura. Su acusaci¨®n m¨¢s gruesa fue la siguiente: "Dos d¨ªas antes de las elecciones del 3 de marzo de 1996 el Consejo de Ministros [socialista] aprob¨® la operaci¨®n de concentraci¨®n de empresas entre Telef¨®nica y Canal +. Para comprender el alcance de esta decisi¨®n hay que referirse al acuerdo Telef¨®nica y Canal + de julio de 1995, un acuerdo secreto al que ni siquiera pudo acceder en su integridad el Tribunal de Defensa de la Competencia y que es, probablemente, el acuerdo m¨¢s inmoral de la democracia espa?ola".

En la cerrada defensa del decreto-ley que realiz¨® Arias Salgado, el ministro cometi¨® un error al atribuir a la comercializaci¨®n de los descodificadores de Canal + un IVA reducido del 7% hasta la aprobaci¨®n del decreto-ley, cuando, en realidad, ya tributaban al 16%, el tipo normal. Pero tambi¨¦n hizo un importante reconocimiento: Arias Salgado admiti¨® que todav¨ªa no existe en el mercado un descodificador que responda a las especificaciones contenidas en el decreto-ley ahora convalidado.