Que se lo piensen

EL GOBIERNO tiene motivos para estar agradecido a Rosa Aguilar, diputada de Izquierda Unida (IU), por la denuncia p¨²blica que hizo el jueves de la supuesta pertenencia del fiscal Luis Poyatos a una secta de ultraderecha. Lo de menos es si la tal secta es realmente muy ultra y si Poyatos pertenece, o m¨¢s bien perteneci¨® en el pasado, a la misma. Lo que cuenta es que esa denuncia ha proporcionado al Gobierno un pretexto para paralizar su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El portavoz del Gobierno, Rodr¨ªguez, se limit¨® a comunicar tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros celebrada ayer que el asunto no fue planteado por la ministra de Justicia dado que "estaba incompleto" el expediente profesional que debe acompa?ar a la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Fiscal.La excusa sirve al Gobierno para darse una semana m¨¢s de plazo antes de tomar -una decisi¨®n. Porque no es cierto, como tambi¨¦n dijo el portavoz, que el papel del Gobierno en el nombramiento del fiscal de la Audiencia se limite a la ratificaci¨®n de una decisi¨®n tomada por el ministerio fiscal. La decisi¨®n, que es sustancialmente pol¨ªtica, corresponde al Gobierno. Y hab¨ªa motivos Pol¨ªticos, con independencia del asunto de la secta, para que el Ejecutivo rechazara poner a alguien como Poyatos al frente de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional. Este ¨®rgano jurisdiccional tiene entre sus manos asuntos de evidente dimensi¨®n pol¨ªtica, especialmente todos los relacionados con el terrorismo. Colocar de fiscal jefe a a guien en cuyo curr¨ªculo figura la pertenencia, entre 1967 y 1970, al siniestro Tribunal de Orden P¨²blico (TOP) del franquismo ser¨ªa hacer un impagable favor a los abogados -en sentido estricto y en el metaf¨®rico- de los terroristas; y a los terroristas mismos, que iniciaron su carrera porque alguien les dijo que "todo sigue igual" que antes de la muerte de Franco.

Por supuesto que la amnist¨ªa que sell¨® la reconciliaci¨®n al comienzo de la transici¨®n fue rec¨ªproca, y por eso, a la vez que los presos pol¨ªticos sal¨ªan de las c¨¢rceles y se borraban sus antecedentes, quienes los hab¨ªan detenido y enviado a prisi¨®n pudieron seguir ocupando puestos en la Administraci¨®n. Pero una cosa es proseguir su carrera profesional y otra facilitar desde el Gobierno el acceso a un puesto tan delicado como el de fiscal de la Audiencia Nacional.

El otro candidato, Eduardo Fungairi?o, declar¨® ayer que "nadie est¨¢ autorizado para otorgar carn¨¦s de dem¨®crata", a?adiendo que hasta 1978 todos los fiscales se vieron obligados a jurar los principios fundamentales del franquismo. Sin embargo, no todos fueron fiscales del TOP, un tribunal que acab¨® sus d¨ªas juzgando y condenando a estudiantes de bachillerato acusados de asociaci¨®n y propaganda ilegal. Por mucha buena conciencia que tengan estos gobernantes de ahora -y ¨¦sa es una diferencia con los de la UCD-, alguien deber¨ªa recordarles esas cosas.

Si se ha llegado a esta situaci¨®n es, en parte, por la falta de previsi¨®n del fiscal general, Ortiz ?rculo, que, en un ejercicio de justicia salom¨®nica, destituy¨® al anterior fiscal jefe, Jos¨¦ Aranda, sin contar con una alternativa: el otro ¨²nico candidato era el citado Fungairi?o, uno de los fiscales expedientados por las irregularidades que Aranda no habr¨ªa combatido con suficiente energ¨ªa. Tener que elegir entre un fiscal expedientado y un ex fiscal del TOP, involucrado adem¨¢s en el esc¨¢ndalo de la puesta en libertad del mafioso Bardellino, es una situaci¨®n que pudo y debi¨® haberse evitado.