Alcaldada en Melilla

TODO PARECE indicar que Ignacio Vel¨¢zquez, todav¨ªa alcalde de Melilla por el Partido Popular, recurri¨® el s¨¢bado pasado a una trampa ins¨®lita -aunque ya utilizada otras veces, por su p¨¢rtido- para evitar que prosperase la moci¨®n de censura presentada contra ¨¦l por un tr¨¢nsfuga de su grupo, Enrique Palacios, que contaba Con el respaldo del PSOE, la Coalici¨®n por Melilla y la Uni¨®n del Pueblo Melillense. Vel¨¢zquez prohibi¨® el voto de Palacios invocando una sentencia del Supremo de 1990, aplicada en el pueblo leridano de La Fuliola, seg¨²n, la cual se puede anular el voto de un concejal cuando concurren "intereses particulares o personales". Esta sentencia fue tambi¨¦n aplicada con ¨¦xito por el PP como recurso para evitar una moci¨®n de censura en el Ayuntamiento de Humanes (Madrid).Los concejales que promovieron la moci¨®n de censura en Melilla fueron elegidos en la lista del PP, y pretenden cambiar el alcalde con el apoyo de los partidos que formaban la oposici¨®n municipal. La pr¨¢ctica del transfuguismo es una forma de distorsionar el mandato de las urnas. Los partidos que han apoyado la moci¨®n deber¨ªan haber rechazado hacerlo, cualesquiera que fueran los argumentos de los tr¨¢nsfugas del PP -siempre es posible encontrarlos- para promover la operaci¨®n. Pero que el transfuguismo sea odioso no significa que sea ilegal. Hay sentencias del Supremo que confirman el c¨¢racter personal del mandato. Nadie podr¨¢ obligar al tr¨¢nsfuga a renunciar a su esca?o y, por tanto, a su voto en la instituci¨®n de que se trate.

Por ello, no es leg¨ªtimo el intento del alcalde de reventar la moci¨®n mediante el expediente de negar el derecho- al voto a su rival. Vel¨¢zquez utiliz¨® como forzado subterfugio una sentencia que se refiere a supuestos muy diferentes. Hablar de intereses personales del candidato es una obviedad: tiene el inter¨¦s de ser alcalde. No tiene nada que ver con la sentencia en la que, efectivamente, el tribunal anul¨® una votaci¨®n porque apreci¨® la existencia de beneficios materiales cuantificables en el caso de cambio de alcalde. Otra sentencia, ¨¦sta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, plantea, para un caso similar, la imposibilidad de distinguir, en abstracto, los intereses pol¨ªticos individuales de los generales. Aunque esta sentencia sea de un tribunal de rango inferior, parece probable que sea ratificada por el Supremo, dado que en nada contradice, sobre el fondo de la cuesti¨®n, la del alto tribunal en el caso de L¨¦rida.De la mezcla de transfuguismo y triqui?uelas legales no pod¨ªa resultar nada bueno. Es un avance que la direcci¨®n del PP deplore "todo el proceso" ocurrido en la alcald¨ªa melillense. La actuaci¨®n del alcalde Vel¨¢zquez se agrava por el hecho de que ocultara el subterfugio legal a los ¨®rganos ejecutivos del partido. La situaci¨®n es lo suficientemente complicada como para que el Gobierno est¨¦ obligado a resolverla deforma r¨¢pida y razonable, sin sesgos partidistas, para cortar un clima de enfrentamiento que puede ser peligroso.