?Apoyan todos el mismo pacto?

El Gobierno y la oposici¨®n, la CEAPA y la CONCAPA (asociaciones de padres laicos y cat¨®licos, respectivamente), los sindicatos y las patronales dicen que es necesario un acuerdo educativo que perdure en la alternancia de gobiernos. Su consecuci¨®n depende de que las organizaciones sociales reflexionen sobre los puntos de inter¨¦s com¨²n. Para eso puede ser ¨²til mirar el problema con una cierta distancia, como se hace con un cuadro. El Libro Blanco de 1969, previo a la Ley General de Educaci¨®n, describ¨ªa la coexistencia de dos sistemas educativos: "Uno para las familias de categor¨ªa sociecon¨®mica media y alta (los centros privados), y otro para los sectores sociales menos favorecidos (los centros estatales)". Era un problema a superar.La Ley General de Educaci¨®n (1970) dio los primeros pasos. El cambio m¨¢s decisivo fue el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n y lo que de ¨¦l se ha derivado, sin olvidar los Pactos de la Moncloa, que conllevaron la construcci¨®n de muchos centros p¨²blicos. Tambi¨¦n es importante la normativa de admisi¨®n de alumnos, prevista en la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), que con tiene los mismos criterios para los centros concertados y los p¨²blicos. Debieran mejorarse su cumplimiento y no flexibilizarse, como ahora pretende el Ministerio de Educaci¨®n y Cultura (MEC). El ministro socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall aplac¨® la guerra escolar con los conciertos. Rechaz¨® las cr¨ªticas que hicimos algunos sectores progresistas y las mayores exigencias del sector privado diciendo que los conciertos no se derivaban de la Constituci¨®n o de los acuerdos internacionales,' sino de la voluntad del Gobierno de integrar los centros privados que lo deseasen en la oferta educativa que el Estado debe garantizar. La CONCAPA no lo valor¨® entonces y llam¨® a movil¨ªzaciones en defensa de una ense?anza privada elitista. Ahora, con otra direcci¨®n m¨¢s inteligente, pide un pacto, apostando por la pol¨ªtica educativa conservadora.

El Gobierno deber¨ªa adoptar una posici¨®n equidistante. No es ¨¦sa la imagen que ofrece la ministra de Educaci¨®n, Esperanza Aguirre, cuando asume como buena para todos los ciudadanos la tesis de someter los centros a la ley de la oferta y de la demanda, que su director general de Centros, Francisco L¨®pez Rup¨¦rez, reitera en libros y ponencias. Tesis que se enfrenta a la que defiende un sistema educativo compensador, con m¨¢s recursos para quienes m¨¢s lo necesiten. ?Comparten esa idea mercantilista las familias que viven en las zonas rurales o en los barrios donde la posibilidad de elegir es m¨¢s te¨®rica que real? Ese modelo quitar¨¢ recursos a los centros p¨²blicos, que contribuyen a la integraci¨®n y a la atenci¨®n de las minor¨ªas.

Dio una imagen m¨¢s flexible Juan Carlos Guerra Zunzunegui, portavoz del PP en la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso, cuando, en unas jornadas de la Confederaci¨®n de STE, respondi¨® afirmativamente a la conveniencia de evitar que se trasvase dinero p¨²blico a los centros de los barrios acomodados en detrimento de la mayor¨ªa.

El Gobierno debe decidir si, como opci¨®n democr¨¢tica, dedica los recursos necesarios para que todos puedan aprovechar las posibilidades del presente o si mira al pasado reforzando una doble red encubierta. Debiera escuchar a la opini¨®n p¨²blica que le exige el incremento del presupuesto educativo, imprescindible para la correcta aplicaci¨®n de la reforma y para la culminaci¨®n de un proceso de transferencias compensador de desequilibrios.