De hecho y de derecho

AUNQUE ES imposible sustraerse a la sensaci¨®n de que el Gobierno y el Partido Popular est¨¢n intentando aplazar sine die la elaboraci¨®n de una ley que reconozca jur¨ªdica y socialmente a las parejas de hecho, no cabe duda de que es un asunto lo bastante serio como para debatirlo con serenidad, m¨¢xime cuando su soluci¨®n ha sido postergada irresponsablemente durante varias legislaturas.La escaramuza parlamentaria del martes pasado, en la que PP y CiU consiguieron a la tercera votaci¨®n, y por s¨®lo dos, votos, rechazar las proposiciones de ley del PSOE e IU que pretend¨ªan regularizar este tipo de parejas, revela que el Gobierno y los diputados conservadores carecen de una idea clara sobre la materia. De ah¨ª que propusieran finalmente crear una subcomisi¨®n que en un plazo m¨¢ximo de tres meses elabore un nuevo texto legal. Si en ese t¨¦rmino consigue el Gobierno presentar una ley consensuada, bienvenido sea el par¨¦ntesis. Si es s¨®lo una t¨¢ctica dilatoria, estar¨¢ agravando la discriminaci¨®n que padecen miles de ciudadanos espa?oles.

Las proposiciones del PSOE e IU pretend¨ªan dar respuesta a la desigualdad real que plantean al menos 150.000 parejas heterosexuales de hecho -es decir, no casadas o unidas por la Iglesia o- el juzgado-, y no menos de 100.000 parejas homosexuales, tambi¨¦n de hecho, que conviven en Espa?a. En la legislaci¨®n actual, estas uniones carecen de derechos reconocidos, lo que origina cuando menos situaciones de abierta injusticia. La futura ley ha de adecuarse a la realidad si no quiere dar carta de naturaleza a los ingredientes discriminatorios que perviven en la legislaci¨®n vigente.

Cometer¨ªa un error el Ejecutivo si cede a la tentaci¨®n de minusvalorar la importancia de esta cuesti¨®n y pretende posponerla ad calendas graecas. Por el momento, el aplazamiento "para buscar un acuerdo parlamentario" podr¨ªa ser interpretado como el deseo de PP y CiU de fijar el l¨ªmite de aceptaci¨®n en el reconocimiento de las parejas heterosexuales, que es precisamente el contenido de la ley que est¨¢ preparando la Generalitat para el ¨¢mbito catal¨¢n y en la que se excluye a las parejas del mismo sexo.

Est¨¢ claro que el reconocimiento de todas las parejas de hecho -homosexuales o heterosexuales- a efectos de pensiones, gastos de convivencia, asistencia sanitaria del o de la c¨®nyuge y pensi¨®n de viudedad, puede originar un fuerte debate social. De ah¨ª que, sea conveniente buscar un acuerdo amplio, pero siempre que los derechos de las personas no aparezcan, en ¨²ltima instancia, condicionados por sus preferencias sexuales. Ese punto determinar¨¢ hasta d¨®nde est¨¢ dispuesto a llegar este Gobierno en el reconocimiento de las realidades sociales.

Es, parad¨®gicamente, en el ¨¢mbito de las parejas heterosexuales donde pueden surgir los aspectos m¨¢s pol¨¦micos desde un punto de vista jur¨ªdico. Si se igualan las condiciones de las parejas de hecho en materia de pensiones, sucesi¨®n o asistencia sanitaria, podr¨ªamos encontrarnos, seg¨²n algunos expertos, ante una discriminaci¨®n de las parejas con v¨ªnculos contractuales, puesto que con menos obligaciones se generar¨ªan los mismos derechos. Esta contradicci¨®n de car¨¢cter jur¨ªdico, que podr¨ªa plantear incluso una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, no puede ser infravalorada y exige un minucioso debate en sede parlamentaria. Siempre que exista, eso s¨ª, voluntad pol¨ªtica de encontrar una soluci¨®n que no sea meramente coyuntural.

Lo peor ser¨ªa que el Gobierno se escudara en la ausencia de consenso pol¨ªtico o social para dejar las cosas como est¨¢n, lo que mantendr¨ªa la desprotecci¨®n de las parejas no sancionadas civil o religiosamente. El reconocimiento legal es imperativo y el primer paso para corregir una desigualdad patente y una discriminaci¨®n continuada.