La 'nueva' pol¨ªtica del agua

Tras casi un a?o de gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado ya pruebas concretas de la inexistencia de una voluntad pol¨ªtica definida en materia hidr¨¢ulica y, en particular, de la inexistencia de prioridades ambientales en esta materia. M¨¢s all¨¢ de las grandilocuentes declaraciones de principios sobre los nuevos criterios que iban a inspirar la pol¨ªtica del agua eficacia, di¨¢logo, rigor y de una continua descalificaci¨®n de lo llevado a cabo en esta materia por Gobiernos anteriores, los hechos reales son los siguientes:1. En los Presupuestos Generales del Estado de 1997 se ha producido una dr¨¢stica disminuci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica en general, que, en el caso concreto de la inversi¨®n ligada a la pol¨ªtica del agua -obras hidr¨¢ulicas, depuradoras, conservaci¨®n y mejora de cauces, control de calidad de las aguas- ha ca¨ªdo en casi 60.000 millones (le pesetas respecto a 1996. De hecho, durante el presente ejercicio s¨®lo se prev¨¦ ejecutar -y con dificultades presupuestarias ciertas- aquellas obras ya licitadas o contratadas.

2. La titular del departamento ha anunciado que esta disminuci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica se ver¨¢ ampliamente compensada mediante incentivos a la iniciativa privada (aportaciones al capital de empresas mixtas, para lo que el ministerio dispone de 45.000 millones de pesetas, en el cap¨ªtulo 8, de su presupuesto) y otras f¨®rmulas de financiaci¨®n extrapresupuestarias (concesi¨®n administrativa, obras con' pago diferido).

Este conjunto de actuaciones son ya posibles a partir de las disposiciones contenidas en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de 1997 -en las que se prev¨¦ incluso que las confederaciones hidrogr¨¢ficas participen en, el capital de empresas concesionarias de obra hidr¨¢ulica-, pero, en la pr¨¢ctica, no se ha producido todav¨ªa el menor avance.

Es m¨¢s, sobre la previsi¨®n de distribuci¨®n territorial de estas actuaciones, sobre el contenido concreto de las mismas o los costes para los usuarios de las obras, la ministra se ha negado, en el Parlamento de la naci¨®n, hasta la fecha, a dar explicaciones o a asumir compromisos. Cabe resaltar, por ejemplo, que dif¨ªcilmente se podr¨¢ contar con la iniciativa privada para llevar a cabo determinadas inversiones prioritarias desde el punto de vista ambiental (por ejemplo, restauraci¨®n de cauces, control de avenidas o vigilancia de la calidad del agua), ya que en estos supuestos resulta dif¨ªcil rentabilizar la inversi¨®n privada, mediante la repercusi¨®n de su coste hacia los usuarios.

3. Una cuesti¨®n especialmente preocupante es la ralentizaci¨®n del Plan Nacional de Depuraci¨®n de las aguas residuales, aprobado en 1995, y qu¨¦ debe permitir el cumplimiento de las exigencias europeas en esta materia en el horizonte final del a?o 2005. Los acuerdos establecidos en 1995 entre el anterior Gobierno y las 17 comunidades aut¨®nomas comportaban el compromiso de una aportaci¨®n anual del orden de unos 40.000 millones de pesetas, con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y al Fondo de Cohesi¨®n de la UE. Dado que en 1997 s¨®lo se prev¨¦n. 15.000 millones de pesetas en el presupuesto del citado ministerio, los calendarios de cumplimiento de este plan peligran -en el a?o 1998 hay que alcanzar ya determinados objetivos, absolutamente alejados -en el caso de Cantabria, Galicia o el Pa¨ªs Vasco-, y con ello las propias ayudas europeas vinculadas a esta finalidad.

4. Tras varias denuncias desde el PSOE y otros grupos pol¨ªticos y sociales, la ministra de Medio Ambiente parece dispuesta a poner sobre la mesa el borrador de la reforma de la Ley de Aguas, en la que un reducido grupo de personas viene trabajando durante los ¨²ltimos meses. Las filtraciones posibles, a pesar del extremo secretismo en torno a este texto han permitido conocer las intenciones ministeriales, muy discutibles, sobre la creaci¨®n del mercado del agua. Las f¨®rmulas de movilizaci¨®n de las concesiones que dan derecho al uso del agua se inspiran en el ejemplo de California, donde este tipo de transacciones, en realidad, apenas afectan al 2% del consumo total de agua. Tambi¨¦n aqu¨ª, como en el caso de la financiaci¨®n extrapresupuestarias, resultan inciertos los efectos en t¨¦rminos de coste para los usuarios, as¨ª como en t¨¦rminos de satisfacci¨®n de necesidades a nivel territorial.