De Palma a Zamora v¨ªa Valladolid

El ejercicio del poder ofrece a los partidos numerosas oportunidades para financiarse ilegalmente mediante comisiones clandestinas obtenidas a cambio de la adopci¨®n por la Administraci¨®n municipal, auton¨®mica o central bajo su control de medidas favorables a los donantes (recalificaciones de terrenos, contratas de obras p¨²blicas, concesiones de suministros, licencias de juego, etc.). Existen abundantes indicios de que casi todas las formaciones pol¨ªticas han aprovechado su privilegiado lugar en los centros de decisi¨®n para allegar fondos a trav¨¦s de operaciones il¨ªcitas que quebrantan la Ley Electoral de 1985 y la Ley de Financiaci¨®n de los Partidos de 1987 y que incurren en las figuras delictivas del cohecho y de la extorsi¨®n.Antonio Maura defini¨® el caciquismo de la Restauraci¨®n como un sistema conforme al cual "delincuentes honrados comet¨ªan delitos inocentes"; cien a?os despu¨¦s, los dirigentes de los partidos tienden a justificar la financiaci¨®n ilegal de sus organizaciones con la coartada de que las comisiones ocultas no van a engrosar sus cuentas corrientes particulares. Sucede, sin embargo, que tales sobornos sirven para pagar los sueldos, gastos de representaci¨®n, viajes, viviendas y aparato burocr¨¢tico de esos dirigentes mientras permanecen en la oposici¨®n y para sufragar las costosas campa?as que les hacen ganar las elecciones y conquistar el poder; de a?adidura, el car¨¢cter clandestino de la financiaci¨®n ?legal de los partidos favorece la proliferaci¨®n de p¨ªcaros que desv¨ªan hacia sus propios bolsillos la recaudaci¨®n obtenida en nombre de unas siglas.

As¨ª pues, la corrupci¨®n individual de los militantes que se enriquecen personalmente es inseparable de la corrupci¨®n institucional de los partidos que se financian mediante el tr¨¢fico de influencias: las fronteras entre lo p¨²blico y lo privado terminan por desvanecerse. La financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos es una pr¨¢ctica habitual en, los pa¨ªses democr¨¢ticos (como demuestran los recientes esc¨¢ndalos surgidos en Italia, Alemania, Francia, Gran Breta?a y Estados Unidos) y constituye un fen¨®meno transversal que recorre todas las ideolog¨ªas y siglas. La extensi¨®n de esa nociva patolog¨ªa suele ser directamente proporcional al espacio de poder ocupado por cada partido: resulta l¨®gico que la visibilidad de sus desafueros aumente cuando acumulan el gobierno central, regional y municipal.

Era inevitable, por lo tanto, que los ¨¦xitos electorales en 1995 y 1996 del PP (al frente ahora del Ejecutivo, de diez comunidades aut¨®nomas y de la gran mayor¨ªa de las capitales provinciales) dirigiesen los focos de la atenci¨®n p¨²blica, concentrados durante las anteriores legislaturas sobre el caso Filesa y otras operaciones de financiaci¨®n ilegal del PSOE, hacia las zonas opacas y las l¨ªneas de sombra de los populares. Sobrese¨ªdo el caso Naseiro en Valencia por defectos procesales y condenados ya por sentencia firme los responsables del caso Hormaechea en Cantabria, del caso Pe?a en Burgos y del caso P¨¦rez Villar en Le¨®n, el PP afronta ahora el caso S¨®ller (que sentar¨¢ en el banquillo a Gabriel Ca?ellas, ex presidente de Baleares), el caso Zamora (fruto de las denuncias contra altos cargos populares de la Diputaci¨®n entre 1987 y 1991) y el caso Tecnomedia (relacionado con las actuaci¨®n del actual Secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel Angel Rodr¨ªguez, cuando era portavoz de la Junta de Castilla y Le¨®n en Valladolid). Pero los moh¨ªnes de doncella ofendida con que el presidente Aznar replic¨® la semana pasada en el Congreso a una pregunta referida al caso Zamora muestra que el PP no ha aprendido nada de los errores cometidos por el PSOE al no distinguir entre la corrupci¨®n institucional de los partidos (con la inevitable secuela de la picaresca individual de algunos militantes) y la honradez personal de sus dirigentes.