Construcci¨®n de la ciudad y medidas liberalizadoras

Ante la carest¨ªa del suelo, la medida anunciada por el Gobierno de poner en el mercado la mayor cantidad posible de suelo urbanizable podr¨ªa parecer la mejor de las medidas. La pregunta que nos asalta entonces es: "?C¨®mo es posible que no lo hubi¨¦ramos pensado antes?".Ciertamente, las cosas no son tan simples. La legislaci¨®n urban¨ªstica espa?ola es compleja; sobre todo porque hace un esfuierzo enorme para atender a la funci¨®n p¨²blica y social del urbanismo y, a la vez, respetar los derechos de la propiedad privada (del suelo).

Las sucesivas leyes del suelo, que se han ido promulgando en Espa?a han venido a proclamar el principio de la funci¨®n p¨²blica del urbanismo; han ido encaminadas a consolidar el concepto de la construcci¨®n ordenada de la ciudad; respetan la propiedad privada del suelo y, por tanto, el derecho de los propietarios a beneficiarse de las plusval¨ªas que genera la acci¨®n urban¨ªstica; pero tambi¨¦n mantienen que la comunidad ha de participar de esas plusvalias.

En base a estos principios y a los instrumentos que los desarrollan, nuestras ciudades han ido creciendo de forma m¨¢s ordenada en los ¨²ltimos 20 a?os. Se contemplan las dotaciones y equipamientos (educativos, sociales o zonas verdes, etc¨¦tera) que deben acompa?ar a las nuevas zonas residenciales; se prev¨¦n sus infraestructuras, as¨ª como la adecuada conexi¨®n de estas nuevas ¨¢reas residenciales con el resto de la ciudad... Sin duda, no es s¨®lo coincidencia que esta nueva forma de construir la ciudad se produzca en paralelo a la recuperaci¨®n de la democracia en Espa?a, la elecci¨®n de los alcaldes por sufragio universal y la participaci¨®n de la ciudadan¨ªa en los procesos que le afectan.

Por supuesto, queda a¨²n mucho camino por recorrer. Desde la ¨®ptica del ciudadano, nuestras ciudades no son el mejor de los mundos posibles. Desde la ¨®ptica urban¨ªstica, el proceso de construcci¨®n de la ciudad es lento, poco ¨¢gil, a veces r¨ªgido; lo que se traduce en la dificultad de disponer de suelos urbanizados en la forma y modo adecuados, y que repercute en el encarecimiento de los mismos. Esta situaci¨®n es resultado del funcionamiento lento y r¨ªgido de los mecanismos previstos en la legislaci¨®n urban¨ªstica. Pero tambi¨¦n del comportamiento de los propietarios del suelo; en unos casos, por su escasa disposici¨®n a participar en el proceso urbanizador; en otros, por la retenci¨®n y el acaparamiento especulativos que ejercen sobre los suelos urbanizables.

Pero los responsables del urbanismo estamos pensando tambi¨¦n en otras claves. Pensamos tambi¨¦n en las claves de la calidad ambiental de las ciudades ya construidas, en la recuperaci¨®n de sus centros hist¨®ricos, en la integraci¨®n social de sus distintos colectivos, en la consecuci¨®n de ciudades m¨¢s sostenibles en t¨¦rminos econ¨®micos y ambientales. Porque el problema esencial de la ciudad del siglo XXI no va a estar en resolver su crecimiento f¨ªsico, que ha sido, sin duda, el problema del siglo XX, sino en atender a la ciudad consolidada, a la ciudad ya construida, a la renovaci¨®n y recualificaci¨®n de la ciudad existente.

Y en este escenario, el Gobierno anuncia que la medida m¨¢s adecuada para abaratar el precio de la vivienda es la generalizaci¨®n de la condici¨®n de suelo urbanizable a todo el territorio, salvo el de especial valor ambiental o cultural. Es necesario que esa afirmaci¨®n tan gener¨ªca se concrete en una norma; pero expresada en tales t¨¦rminos, es anticonstitucional, contraviene el principio de la funci¨®n p¨²blica del urbanismo y es pura demagogia.

Anticonstitucional. Porque las competencias en materias de ordenaci¨®n del territorio y urbanismo las tienen, de acuerdo con la Constituci¨®n y los respectivos estatutos de autonom¨ªa, las comunidades aut¨®nomas. Por tanto, es bastante arriesgado que el Gobierno de la naci¨®n se atreva a dictar una medida que se entrometer¨ªa en la ordenaci¨®n que cualquier comunidad aut¨®noma haya previsto de su territorio y constituir¨ªa una injerencia en la potestad de las corporaciones locales en la clasificaci¨®n de suelo.

Contraviene el principio de la funci¨®n p¨²blica del urbanismo, aunque no niego que tenga su sentido en t¨¦rminos de estricta l¨®gica econ¨®mica y de los intereses de los propietarios del suelo r¨²stico. En la situaci¨®n actual, la mayor parte de los suelos son, desde la terminolog¨ªa urban¨ªstica, suelos no urbanizables. Los ayuntamientos, a trav¨¦s de su plan general, clasifican una parte de su t¨¦rmino como urbanizable y de esa forma prev¨¦n c¨®mo quieren que crezca su ciudad. El urbanismo es as¨ª una funci¨®n p¨²blica, en la medida en que son los poderes p¨²blicos los que dirigen la construcci¨®n de la ciudad.

Queda ciertamente por aclarar c¨®mo regular¨¢n las comunidades aut¨®nomas o los ayuntamientos las condiciones de urbanizaci¨®n y edificaci¨®n en los suelos urbanizables. Pero se contraviene el principio de la planificaci¨®n de la construcci¨®n de la ciudad desde el inter¨¦s p¨²blico, de forma que los resultados de esta medida, por imprevisibles, resultan de dif¨ªcil evaluaci¨®n.

Y pura demagogia. Porque una cosa es disponer de suelo urbanizable y otra muy distinta es disponer de suelo urbanizado. Suelo urbanizable se puede obtener por decreto ley o en cualquier documento urban¨ªstico: basta con dibujarlo en el plano. Y as¨ª est¨¢ ya dibujado. El Ministerio de Fomento conoce perfectamente que en Espa?a hay suelo clasificado como urbanizable para construir ocho millones de viviendas: las que no vamos a necesitar.

Una declaraci¨®n como urbanizable de la mayor parte del territorio puede sonar bien, particularmente a los propietarios del suelo. Pero no garantiza la existencia de suelos urbanizados, ni mucho menos en condiciones adecuadas para la construcci¨®n de la ciudad en las condiciones de calidad por las que venimos apostando. Y, desde luego, es muy cuestionable que produjera per se un abaratamiento de su precio. Pero ¨¦sa es ya otra historia.