Costa admite ante Garz¨®n que no tiene pruebas de la 'amnist¨ªa fiscal' del PSOE
El juez Baltasar Garz¨®n acorral¨® ayer al secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, a prop¨®sito de lasdiligencias que tramitan sobre los 600 expedinentes supuestamente prescritos. Costa admiti¨® ante el magistrado y el fiscal, Vicente Gonz¨¢lez Mota, que no tiene pruebas sobre sus afirmaciones -respaldadas por Rodrigo Rato y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar- de que el Gobierno del PSOE realiz¨® presuntamente una amnist¨ªa fiscal encubierta, al dejar prescribir 600 expedientes con 200.000 millones de pesetas de deuda tributaria.
Garzon Ileg¨® a mostrar a Costa un recorte de peri¨®dico con las declaraciones de Aznar en las ante que ¨¦ste acusaba a Ios anteriores Gobiernos socialistas de favorecer a algunas personas y en las que aseguraba que, si se hubieran cobrado los 200.000 millones se hubiera podido aumentar el sueldo a los funcionanos en 1997. El magistrado le pregunt¨® si ten¨ªa pruebas que sostuvieran esas afirmaciones y Costa admiti¨® que no las ten¨ªa.Garz¨®n pregunt¨® tambi¨¦n a Costa la raz¨®n por la que no ha b¨ªa denunciado la existencia de delito fiscal, cuando, seg¨²n las informaciones que el propio secretario de Estado proporcionaba, la cuant¨ªa de lo defraudado exced¨ªa con mucho el l¨ªmite de 15 millones de pesetas en cada uno de los expedientes.
Tanto Garz¨®n como el fiscal realizaron un duro interrogatorio de m¨¢s de dos horas al alto cargo, en el que Costa se mostr¨® muy nervioso, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Prueba de que la declaraci¨®n de Costa no fue un mero tr¨¢mite son los ocho folios de transcripci¨®n que el presidente de la Agencia Tributaria ley¨® minuciosamente antes de firmar.
A la salida del juzgado, Costa manifest¨® que hab¨ªa informado gen¨¦ricamente de los expedientes porque casi la totalidad de los mismos se encuentra en la v¨ªa contencioso administrativa y algunos en la v¨ªa judicial. Costa anunci¨® su compromiso a facilitar a Garz¨®n cualquier informaci¨®n concreta que le sea solicitada por el juzgado. No obstante, ese compromiso es ineludible, ya que la Agencia Tributaria est¨¢ obligada por ley a proporcionar cualquier dato que el juzgado reclame para investigar un delito, debido a que son datos que ¨²nicamente est¨¢n afectados por el secreto fiscal.
El juez reclamar¨¢ pr¨®ximamente nuevos datos para tratar de determinar si en los expedientes existen indicios de que se hubieran producido delitos fiscales.
Cesiones de cr¨¦dito
Por otro lado, la juez Teresa Palacios, encargada del caso de las cesiones de cr¨¦dito del Banco Santander, pidi¨® ayer al fiscal y al resto de las partes personadas en el proceso que le informen sobre si debe remitirlo al Supremo por existir un aforado entre los acusados. Pero el caso no corresponder¨¢ al Supremo, sino al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto que el acusado es Luis Fernando, Cartagena, consejero de Obras P¨²blicas del Gobierno Valenciano, miembro del PP, que presuntamente suscribi¨® 164 millones en cesiones de cr¨¦dito, que, seg¨²n Hacienda, no ha regularizado.
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