`Dura lex? (para todos)

QUIENQUIERA QUE sea el que decida estas cosas ha acordado pagar las fianzas de los 22 miembros de la direcci¨®n de Herri Batasuna (HB) encarcelados. Todos est¨¢n acusados de un presunto delito de colaboraci¨®n con banda armada a cuenta de la difusi¨®n de un v¨ªdeo de ETA durante la ¨²ltima campana electoral. La decisi¨®n, comunicada ayer por la direcci¨®n provisional constituida tras las detenciones, se produce un d¨ªa despu¨¦s de, que el juez rebajara de cinco millones a 500.000 pesetas las fianzas de 18 de los dirigentes presos. Pero tambi¨¦n van a pagar las fianzas no rebajadas de los cuatro miembros de la Mesa Nacional que se entregaron el viernes en la frontera tras haber permanecido durante 70 d¨ªas en el extranjero intentando convencer a la opini¨®n p¨²blica de varios pa¨ªses de que el motivo de las detenciones era que HB hab¨ªa puesto sobre la mesa la ¨²nica propuesta realista de paz: la llamada alternativa democr¨¢tica, que ETA present¨® por primera vez en abril de 1995, en el mismo comunicado en el que asum¨ªa la responsabilidad del intento de asesinato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, entonces l¨ªder de la oposici¨®n.Pese a la presentaci¨®n edulcorada de los fines y medios de ETA y HB realizada por esos propagandistas, la campa?a ha obtenido un eco reducido; infinitamente menor del que hace algunos a?os alcanzaban iniciativas similares en pa¨ªses como B¨¦lgica o Francia. Por otra parte, un llamamiento de HB a la huelga general en protesta por las detenciones se zanj¨® el pasado 7 de marzo con un llamativo descalabro.

La decisi¨®n de pagar las fianzas es probablementre el resultado de ese doble fracaso. Desde hace semanas existe en el Pa¨ªs Vasco la impresi¨®n de una cierta desorientaci¨®n y falta de iniciativa de la direcci¨®n interina. Ello provoc¨® una conferencia de prensa reciente, en la que uno de los dos portavoces p¨²blicos de esa direcci¨®n declar¨® textualmente que el Estado "est¨¢ desbordado por la capacidad pol¨ªtica que est¨¢ demostrando HB". Tal vez los dirigentes encarcelados no compart¨ªan ese criterio, o tal vez dos meses en prisi¨®n les han parecido mucho.

Esto es lo que han insinuado en las, ¨²ltimas horas algunas personas del mundo nacionalista democr¨¢tico: que quienes incitan a los presos de ETA a aguantar 15 o 20 a?os de c¨¢rcel, se oponen a las iniciativas de reinserci¨®n de los presos y hasta les incitan de vez en cuando a hacer huelgas de hambre, son incapaces ellos mismos de aguantar dos meses de cautiverio.

A ra¨ªz de las detenciones, algunos partidos criticaron lo que consideraban que era hacer el juego a HB. Discutibles criterios de oportunidad pol¨ªtica fueron invocados contra la aplicaci¨®n escueta de la ley. Se tem¨ªa la explotaci¨®n propagand¨ªstica, interior y exterior, que HB pudiera hacer de la imagen de las detenciones, reiterada durante semanas, y a la eventual movilizaci¨®n de respuesta. Sin embargo, quienes criticaban la decisi¨®n adoptada por la justicia no ofrec¨ªan otra alternativa que la impunidad: que los jueces, la polic¨ªa, los partidos pol¨ªticos y la poblaci¨®n en general fingieran no haberse enterado de que unos ciudadanos convocados por la justicia para tomarles declaraci¨®n la desafiaban abiertamente declarando en conferencias de prensa que no pensaban presentarse. La experiencia de estos a?os indica que toda provocaci¨®n sin respuesta es considerada por ese mundo como tierra conquistada, y lo que suscita es una provocaci¨®n mayor. Pasados dos meses, se ha demostrado: primero, que se puede vencer el miedo, como se comprob¨® el d¨ªa de la convocatoria de huelga general; segundo, que es posible una aplicaci¨®n sobria de la ley sin que ello sea hacer el juego a quienes se creen con derecho a pasar de ella.

El criterio de legalidad tiene que ser tambi¨¦n el dominante a la hora de considerar el esc¨¢ndalo suscitado por la noticia de que el dirigente de HB Jon Id¨ªgoras cobrar¨¢ la pensi¨®n m¨¢xima por invalidez. Existe cierta confusi¨®n al respecto, pero parece l¨®gico pensar que si la Seguridad Social ha resuelto favorablemente la petici¨®n es que su cuota hab¨ªa sido pagada. La ley obliga a seguir pagando las cotizaciones de los trabajadores suspendidos de empleo y sueldo. Por tanto, tendr¨ªa derecho a la pensi¨®n. Otra cosa es que sea l¨®gico que los ciudadanos se escandalicen de que pueda cobrarla alguien que no es que haya estado (temporalmente) suspendido de empleo, sino que no ha pisado su te¨®rico lugar de trabajo m¨¢s all¨¢ de algunos minutos en dos legislaturas. Pero entonces lo que hay que hacer es cambiar el reglamento, no forzar una excepci¨®n con argumentos ad hominem (como ese de que si no se considera espa?ol que no cobre del Estado). La eventual revisi¨®n de ese punto del reglamento podr¨ªa servir tambi¨¦n para reconsiderar otros privilegios que los diputados se han adjudicado a s¨ª mismos con car¨¢cter general.