No hay derecho

GRAVE ES que una mayor¨ªa parlamentaria apruebe una ley que despierta dudas sobre su constitucionalidad. Grave tambi¨¦n que lo haga a sabiendas de que choca con el ordenamiento europeo, lo que pone de relieve el calado del europe¨ªsmo de sus impulsores. Pero lo m¨¢s grave es que el Gobierno decida legislar abiertamente a favor de una de las dos empresas que pretenden competir en el mercado de la televisi¨®n digital, con el apoyo de los diputados de IU que controla el partido comunista- y a costa de abrir una nueva brecha con sus aliados catalanes.El objetivo de esta ley, que ha empeorado el urgent¨ªsimo decreto-ley que la origin¨®, es cristalino: favorecer el proyecto de plataforma digital que impulsa el Gobierno con el concurso de Telef¨®nica, RTVE y la mexicana Televisa, frente a la de Canal Sat¨¦lite Digital, que ya funciona y que en poco m¨¢s de dos meses cuenta con m¨¢s de 30.000 abonados y otras tantas peticiones de suscripci¨®n.

La ley obliga a que los operadores se pongan de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto impone el sistema multicrypt, que impulsa Telef¨®nica y que todav¨ªa no existe en el mercado. La ley deja as¨ª a Canal Sat¨¦lite Digital a expensas de lo que decida su competidor, al que concede en la pr¨¢ctica derecho de veto. ?No es esto un abuso de poder? Es tal el desprop¨®sito que, como se se?al¨® ayer en el Congreso, si no se diera tal acuerdo y la tecnolog¨ªa alternativa tardara en fructificar, Espa?a quedar¨ªa al cabo de dos meses sin televisi¨®n digital. As¨ª no se protege a los consumidores, por mucho que la demagogia anguitista insista en ello para justificar un voto injustificable, sino que se perjudica gravemente a los ¨²nicos consumidores que existen: los abonados a Canal Sat¨¦lite. Esta empresa ya ha hecho p¨²blica su decisi¨®n de seguir emitiendo con absoluta normalidad, prestando el servicio que han contratado sus suscriptores, adem¨¢s de recurrir a todas las instancias legales pertinentes, espa?olas y europeas.

Porque la ley viola principios fundamentales del ordenamiento europeo al imponer una homologaci¨®n nacional de los descodificadores distinta a la del resto de Europa. Y ello pese a que las autoridades espa?olas han sido previamente apercibidas desde la Comisi¨®n. Algunos parecen haber olvidado que no estamos ya en la Espa?a de la autarqu¨ªa, sino en una Europa en la que las mercanc¨ªas circulan libremente por un mercado ¨²nico. Lo que se vende en Francia no se puede prohibir en Espa?a, salvo en situaciones excepcionales. No ha sido muy riguroso el ministro de Fomento al afirmar que aplica en Espa?a la soluci¨®n recogida en la ley brit¨¢nica. Nada m¨¢s lejos de la verdad: los brit¨¢nicos, tan pragm¨¢ticos, no han ido ni contra la competencia (entre empresas) ni contra la l¨®gica (con un sistema a¨²n no desarrollado).

Y es que desde par¨¢metros europeos es imposible entender la obcecaci¨®n gubernamental. ?Por qu¨¦ un consumidor espa?ol o una empresa espa?ola ha de sufrir unas limitaciones que no tienen los franceses, italianos o luxemburgueses? Para reforzar la paradoja, se quiere inscribir esta ley en la directiva europea de Televisi¨®n sin Fronteras. Y es cierto que tales fronteras -al menos en cuanto a descodificadores- no existen en Europa... si excluimos a Espa?a.

Cabe tambi¨¦n una menci¨®n a los dep¨®sitos. La ley aprobada ayer introduce la novedad de que habr¨¢n de ingresarse en una cuenta especial del Mercado de las Telecomunicaciones. Entre otras consideraciones, una obvia: tal inclusi¨®n implica el reconocimiento de que hasta, ahora nada ordenaba hacerlo. No est¨¢ mal que el propio Gobierno reconozca lo que todo el mundo ya sab¨ªa, con la excepci¨®n de alg¨²n litigante profesional y la fiel infanter¨ªa que puebla los medios de comunicaci¨®n al servicio de La Moncloa.

La votaci¨®n de ayer tendr¨¢, adem¨¢s, evidentes efectos pol¨ªticos. En un tema importante, en el que est¨¢n en juego principios b¨¢sicos de toda democracia -como la no retroactividad y la libertad de empresa-, Aznar ha decidido pactar con el paleocomunismo de Anguita, en claro desaf¨ªo a su principal aliado, Jordi Pujol, quien p¨²blicamente les ha hecho saber su descontento. El Gobierno, de forma incomprensible, trastoca todos sus planteamientos liberalizadores, que sin duda han servido para apuntalar la situaci¨®n econ¨®mica, cuando se enfrenta al mundo de la comunicaci¨®n. S¨®lo la necesidad de da?ar a quienes consideran medios poco obedientes a sus consignas explicar¨ªa el extra?o pacto sellado ayer entre el sector m¨¢s duro de IU y la derecha liberal que dice representar el PP. Molins lo advirti¨® ayer: CiU no tolerar¨¢ que el Gobierno se apoye m¨¢s en los votos de IU.