Acusaci¨®n sin base

QUEDAN YA pocas dudas, incluso para los m¨¢s despistados, de que las acusaciones lanzadas por distinguidos representantes del Gobierno contra la Administraci¨®n tributaria anterior por una supuesta amnist¨ªa fiscal para sus amiguetes carecen de base y constituyen un atropello pol¨ªtico. De la documentaci¨®n conocida p¨²blicamente se desprenden abundantes casos de desidia administrativa, que incluyen expedientes de inspecci¨®n con tres y hasta cuatro a?os de tramitaci¨®n, lo que prueba una ca¨®tica gesti¨®n de la inspecci¨®n fiscal. Esa desidia es imputable sin duda a un d¨¦ficit de gesti¨®n en el ¨¢rea tributar¨ªa, com¨²n a los Gobiernos anteriores y al actual. Pero hasta hoy no se ha aportado prueba alguna de la acusaci¨®n inicial de trato de favor. La documentaci¨®n aportada revela que cuando empezaron a ser firmes las sentencias judiciales que pon¨ªan en cuesti¨®n la doctrina de Hacienda sobre los plazos de inspecci¨®n y liquidaci¨®n se aceleraron los periodos de tramitaci¨®n.Lo que empez¨® con una dram¨¢tica acusaci¨®n de fraude o prevaricaci¨®n, jaleada d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n por pol¨ªticos demagogos y columnistas adictos al Gobierno, se est¨¢ convirtiendo en una comedia bufa ante la incapacidad de la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda para facilitar hasta ahora la informaci¨®n pertinente que confirme no ya la supuesta amnist¨ªa fiscal, que el propio secretario de Estado, Juan Costa, ha desmentido a rega?adientes, sino siquiera el hecho de que los famosos 600 expedientes, con una deuda tributaria de 200.000 millones, hayan prescrito seg¨²n la ley.

La comisi¨®n que investiga los expedientes presuntamente conducidos a la prescripci¨®n ha informado delicadamente al Gobierno de que falta el 80% de la informaci¨®n relevante para analizar las circunstancias judiciales de los casos supuestamente afectados. En el inicio, seg¨²n Costa, eran 600 y despu¨¦s se convirtieron misteriosamente en 5.200. Igualmente, el presidente de la comisi¨®n ha hecho saber que la documentaci¨®n entregada contiene errores e inexactitudes evidentes. Incluso algunos de los expedientes parecen haberse perdido.

Para determinar si los expedientes han prescrito o no es necesario examinar la tramitaci¨®n uno a uno. Cada d¨ªa que pasa cobra mayor fuerza la hip¨®tesis de que los responsables actuales de Hacienda interpretaron como prescritos aquellos expedientes con m¨¢s de seis meses de interrupci¨®n en las tareas inspectoras, sin tener en cuenta que existen otras actuaciones -como, por ejemplo, la presentaci¨®n de alegaciones por parte del contribuyente- que pueden dilatar el proceso.

Tambi¨¦n, poco a poco, empieza a dibujarse la sospecha de que Hacienda no ha comprobado uno a uno tales expedientes -algunos de los cuales tienen m¨¢s de mil follos-, por lo cual resulta razonable suponer que muchos ni siquiera han prescrito. El Gobierno tiene hasta ma?ana para presentar la informaci¨®n suplementaria requerida por la comisi¨®n; si no se disipan las incertidumbres habr¨ªa que concluir que el Gobierno actu¨® no solamente con impertinencia y abuso al acusar de un fraude pol¨ªtico a sus antecesores, sino que su profesionalidad es harto discutible.

El caso de las actas amnistiadas quedar¨ªa simplemente en el rid¨ªculo para los acusadores y en un vodevil m¨¢s o menos divertido para la opini¨®n p¨²blica si no fuera porque se echa encima la campana sobre la renta mientras la Administraci¨®n tributaria consume tiempo y recursos en buscar y confirmar expedientes prescritos. Gracias a la exquisita habilidad de Aznar, Rato y Costa, los contribuyentes van a calcular y elaborar sus declaraciones en el mejor de los climas posibles: con los inspectores tributarlos desprestigiados por una acusaci¨®n poco meditada, la capacidad gestora de la Administraci¨®n cuestionada y la mancha persistentemente extendida del fraude fiscal consentido desde las propias instituciones. No parece el mejor est¨ªmulo para presentar una declaraci¨®n correcta y exacta.