La emergente Europa social y el asilo

y J. JOS? RODR?GUEZ UGARTEHay m¨¢s de dieciocho millones de trabajadores de la Uni¨®n Europea (UE) que est¨¢n en paro, el 10,8% de su poblaci¨®n activa. Es tan grave la situaci¨®n, y desborda tanto a los Gobiernos estatales, que el cierre de la f¨¢brica Renault en Vilvorde (B¨¦lgica) ha desencadenado las primeras eurohuelgas y euromanifestaciones multinacionales. El 28 de mayo habr¨¢ manifestaciones sindicales en toda Europa -tambi¨¦n en las principales ciudades de Espa?a- pra reivindicar una Europa social. Ser¨¢ a un mes de la reuni¨®n de la cumbre de la UE para concluir la Conferencia Intergubernamental (CIG) de reforma del Tratado de Maastricht. Se pretende presionar para que este tratado incorpore objetivos de protecci¨®n social.

Si nos remontamos a?os atr¨¢s, comprobaremos que la UE ha puesto en pr¨¢ctica pol¨ªticas de solidaridad con las regiones desfavorecidas (fondos estructurales), que han impulsado su nivel de renta, pero ha caminado fatigosamente en el di¨¢logo social, que sigue anclado en el ¨¢mbito de los Estados. Entre 1968 y 1996 s¨®lo se han aprobado una treintena de directivas -poco ambiciosas- sobre derechos sociales (una de las ¨²ltimas, la de los comit¨¦s de empresa europeos, de 1996, incumplida impunemente por Renault).

Parece claro que en Europa la apuesta por lo comercial y lo monetario -cuya trascendencia positiva no negamos- requiere un equilibrio con lo socioecon¨®mico. Eso requiere voluntad pol¨ªtica de los Gobiernos, y desgraciadamente no se ve que la sensibilidad de ¨¦stos vaya m¨¢s all¨¢ de lo ret¨®rico.

Un caso paradigm¨¢tico es el Gobierno espa?ol, del que ni una sola idea ha salido a favor de la Europa social, pero que ha situado como elemento central de su posici¨®n ante la reforma de Maastricht la propuesta de un seco recorte en el derecho de asilo, uno de los derechos humanos emblem¨¢ticos, protector de quienes son perseguidos por motivos pol¨ªticos, religiosos, ¨¦tnicos, de nacionalidad o de pertenencia a un grupo social determinado y, por ello, pieza b¨¢sica de una Europa que quiera ser social. Por iniciativa del Gobierno espa?ol, a causa de la tramitaci¨®n de solicitudes de asilo de dos etarras en B¨¦lgica -que no fueron concedidas-, el Consejo Europeo de Dubl¨ªn (diciembre 1996) inst¨® a la CIG "a enmendar los tratados para establecer claramente como principio que ning¨²n ciudadano de un Estado miembro de la Uni¨®n pueda solicitar asilo en otro Estado miembro". Esta misma semana se ha conocido un nuevo texto del Gobierno espa?ol que matiza lo anterior con una f¨®rmula rocambolesca y casi ininteligible que no soluciona el problema de fondo. Y este problema es que la propuesta vulnera el Convenio de Ginebra y la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos de 1948 (art¨ªculo 14), que obligan a un examen individual de toda petici¨®n de asilo. Tales tratados, por cierto, han impedido e impiden dar asilo a un acusado de terrorismo.

La propuesta espa?ola se basa en que los Estados miembros son democr¨¢ticos, y en que entre ellos es in¨²til el asilo porque sus nacionales gozan de una ciudadan¨ªa europea. Ambos argumentos son poco convincentes. Respecto al primero, no se puede negar la eventualidad de que cualquier pa¨ªs de la Uni¨®n (o candidato a serlo) evolucione hacia una situaci¨®n en que el respeto de los derechos humanos deje mucho que desear. Pero nos interesa reflexionar sobre todo sobre el segundo argumento, seg¨²n el cual la ciudadan¨ªa europea har¨ªa innecesario el asilo en la Uni¨®n.

No hace falta insistir mucho en que con la ausencia de una Europa social no existe tal pretendida ciudadan¨ªa. A este respecto, resulta muy esclarecedor el Informe del Comit¨¦ de Sabios por una Europa de los derechos c¨ªvicos y sociales cuando afirma: "En este momento, la ciudadan¨ªa de la Uni¨®n, definida en los art¨ªculos 8 y 8E del Tratado, carece de sustancia". La llamada ciudadan¨ªa europea, desde Maastricht, permite el voto y la elegibilidad de extranjeros comunitarios en elecciones municipales y al Parlamento Europeo, pero poco m¨¢s (programas educativos, movilidad de estudiantes, cooperaci¨®n entre universidad y empresa y otras cuestiones simb¨®licas).

Como dijimos antes, en la UE hay una ausencia manifiesta de pol¨ªtica en materia de derechos c¨ªvicos y sociales, que es el nervio sobre el que descansa una ciudadan¨ªa moderna que merezca ese nombre. Por eso es tan importante que el Tratado de Maastricht incorpore la Carta Social Europea de 1961, as¨ª como las cuatro exigencias que ha planteado la Conferencia de Madrid por una Europa de los Derechos C¨ªvicos y Sociales (Madrid, 27-28 de febrero de 1997): inserci¨®n en el Tratado de la Uni¨®n Europea de un nuevo t¨ªtulo sobre el empleo, conectado con la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria; incorporaci¨®n de un Comit¨¦ de Empleo, de rango equivalente al Comit¨¦ de Pol¨ªtica Econ¨®mica y Monetaria; constituci¨®n de un fondo de inversi¨®n destinado al fomento y creaci¨®n de empleo, y armonizaci¨®n de los contratos de trabajo at¨ªpicos. Es urgente esa regulaci¨®n para prevenir reestructuraciones en sectores sensibles, porque la ausencia de autoridad de las instituciones europeas en esas materias es notoria, como se ha constatado en el caso del cierre de Renault, aunque sendos jueces de B¨¦lgica y Francia lo hayan paralizado, lo que abre una cierta luz en el camino de la Europa social.

Si todas estas insuficiencias son negativas para los nacionales de los pa¨ªses de la Uni¨®n, afectan a¨²n m¨¢s discriminatoriamente a los inmigrantes de pa¨ªses extracomunitarios, a los que deber¨ªa extenderse una ciudadan¨ªa europea que rompiese con la vieja identificaci¨®n entre ciudadan¨ªa y nacionalidad. Pero no parece que vayan por ah¨ª los vientos dominantes (v¨¦anselos acuerdos de Schengen). El resultado ha sido animar a las corrientes m¨¢s reaccionarias y racistas (Le Pen) a lanzar una dur¨ªsima diatribaantieuropea, antieurope¨ªsmo compartido parad¨®jicamente por algunos sectores de extrema izquierda.

El vac¨ªo en lo social y propuestas de supresi¨®n o limitaci¨®n de derechos c¨ªvicos (como el asilo) contribuyen a deslegitimar el proyecto europeo ante la opini¨®n p¨²blica de la Uni¨®n. Esta opini¨®n se pregunta si se est¨¢ erosionando el modelo de sociedad europea de bienestar, si se est¨¢ degradando nuestra cultura democr¨¢tica, cuya l¨®gica inexcusable descansa en que, a pesar de la ceguera del mercado, son las personas lo que m¨¢s cuenta.

Sabemos que s¨®lo los grandes movimientos sociales han sido capaces, en el contexto de importantes crisis, de avances progresistas. Lo novedoso de hoy es que eso adquiere una dimensi¨®n supranacional. Est¨¢n emergiendo, en efecto, voces cada vez m¨¢s n¨ªtidas sobre la necesidad de que el Tratado de la Uni¨®n configure una verdadera estrategia social para Europa que empiece por hacer del empleo el componente b¨¢sico de la misma. Aqu¨ª estar¨¢ el elemento clave del futuro para hacer de Europa lo que a¨²n no ha llegado a ser: un proyecto com¨²n.