El Tribunal Supremo absuelve al abogado Gorostiza de colaboraci¨®n con ETA

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirm¨® ayer la absoluci¨®n del abogado Txemi Gorostiza, defensor habitual de presos de ETA, del delito de colaboraci¨®n con banda armada del que le acusaban el fiscal y la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT). El tribunal considera que la grabaci¨®n de las conversaciones que mantuvieron en prisi¨®n Gorostiza y el jefe del comando Madrid, Jos¨¦ Ignacio de Juana Chaos, en la que el abogado le propon¨ªa que ETA atentase contra directores de prisiones, fue inconstitucional porque no fue hecha con autorizaci¨®n judicial, sino que fue comunicada al juez 17 d¨ªas despu¨¦s de realizada.

Gorostiza mantuvo el 12 de enero de. 1993 varias conversaciones con varios presos de la banda terrorista, y entre ellos Ignacio de Juana Chaos, del que hab¨ªa sido abogado, aunque en aquella ocasi¨®n no actuaba como tal, como estableci¨® el Supremo en una sentencia anterior.En esa conversaci¨®n, Gorostiza dec¨ªa en relaci¨®n con los atentados a directores de prisiones lo siguiente: "Estamos aburridos; ya no sabes lo que hacer, si repetirlo cuatro veces para que con cuatro veces comprendan que no vale s¨®lo mandar una cartita, que la desactivan all¨ª, en el patio... Les dices eso y te dicen: 'Es que est¨¢is en las nubes, es que no sab¨¦is, es que no se puede'. ?C¨®mo que no se puede? Si son 90 los makos [c¨¢rceles] que hay en el Estado, hay 90 directores".

El tribunal no ha tenido en cuenta el contenido de las conversaciones, que claramente propon¨ªan el asesinato de directores de establecimientos penitenciarios, porque ha considerado que, las grabaciones fueron obtenidas vulnerando un derecho fundamental, y, por tanto, no pueden servir como prueba, puesto que se trata de una prueba viciada. La Audiencia Nacional ya se pronunci¨® en este mismo sentido, si bien la sentencia fue recurrida por el fiscal y la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo.

El Supremo, al desestimar los dos recursos y confirmar la absoluci¨®n del abogado, ha condenado al fiscal y a la AVT a pagar las costas del proceso.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado C¨¢ndico Conde-Pumpido, declara "plenamente correcto" el criterio de la Audiencia Nacional al considerar que "no puede ser valorado como prueba el contenido de la conversaci¨®n supuestamente incriminadora para el acusado, derivado de una intervenci¨®n inconstitucional acordada administrativamente y sin la preceptiva autorizaci¨®n judicial, de las comunicaciones entre determinados internos y sus abogados". Y agrega: "Lo cierto es que el posible conocimiento de dicha conversaci¨®n se deriva directamente de una decisi¨®n de intervenci¨®n de comunicaciones constitucionalmente il¨ªcita, y en consecuencia no puede surtir efecto como prueba".

El alto tribunal admite que est¨¢ preocupado por "la gravedad del fen¨®meno terrorista, la necesidad de reforzar sin ingenuidades la respuesta del Estado y la triste realidad de la utilizaci¨®n abusiva del derecho de defensa como veh¨ªculo de colaboraci¨®n con la banda armada". Sin embargo, el Supremo agrega que "desea destacar que la tutela efectiva del derecho de defensa constituye una conquista de siglos de civilizaci¨®n que debe ser garantizada incluso en las m¨¢s dif¨ªciles circunstancias".

Defensa del Estado

"No hay indefensi¨®n del Estado frente a dichos ocasionales abusos", puntualiza la sentencia, "pues la ley previene el remedio al autorizar excepcionalmente en supuestos de terrorismo la intervenci¨®n de las comunicaciones con los letrados cuando existen indicios de su utilizaci¨®n abusiva, pero siempre con el previo control jurisdiccional.

La soluci¨®n para evitar que las pruebas se declaren inv¨¢lidas, seg¨²n el Tribunal Supremo, es bien sencilla: "Respetar escrupulosamente los imperativos legales". "Es precisamente el respeto de la legalidad", precisa la sentencia, "reflejo de la voluntad mayoritaria, lo que diferencia, distancia y encumbra al Estado de Derecho respecto de quienes le agreden desde la violencia y el terror".

El Supremo se?ala que los medios leg¨ªtimos contra el terrorismo son los ¨²nicos eficaces y compatibles con el Estado de Derecho.