Desigualdad ante la ley

EL JUEZ de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o decidi¨® ayer emprender un nuevo rumbo en el asunto Sogecable. Tras las declaraciones tomadas a tres consejeros de la sociedad, sin adoptar medidas cautelares contra ninguno de ellos, cambi¨® de ¨¢nimo y prohibi¨® salir de Espa?a a Carlos March y Leopoldo Rod¨¦s, con obligaci¨®n de presentarse peri¨®dicamente en el juzgado. Al segundo, como miembro de la comisi¨®n ejecut¨ªva de la sociedad, le obliga, adem¨¢s, a estar permanentemente localizado en un n¨²mero de tel¨¦fono.Excepto el efecto intimidatorio para los consejeros que restan a¨²n por declarar -dos meses despu¨¦s de la apertura de diligencias previas-, nada explica el cambio. La posici¨®n de Carlos March en Sogecable es milim¨¦tricamente exacta a la de los consejeros anteriores. ?Por qu¨¦ entonces el trato diferente? ?Tal vez por su mayor relevancia social? Desde ayer, dos empresarios que simbolizan un capitalismo moderno, comprometido en ambos casos con la promoci¨®n de la cultura, no podr¨¢n abandonar el pa¨ªs por pertenecer al consejo de una sociedad que legalmente utiliza su fondo de abonados de id¨¦ntica manera que otras empresas de televisi¨®n de pago en Europa.

Por lo dem¨¢s, y a la luz del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que tanto le gusta invocar en sus autos, G¨®mez de Lia?o tendr¨¢ que explicar este trato desigual a los iguales. Son ya varias las decisiones tomadas en este caso por el juez que cuando menos atentan contra la ecuanimidad. La aceptaci¨®n en minutos de una complicada denuncia basada en acusaciones period¨ªsticas, la acumulaci¨®n de sorprendentes acusadores populares o la arbitrariedad en conceder o denegar permisos de salida del pa¨ªs son s¨®lo una muestra. Nada parece importarle al juez que la obligaci¨®n establecida en la nueva ley de televisi¨®n digital -promulgada ayer- de depositar las aportaciones de abonados en una cuenta especial sea un reconocimiento expl¨ªcito de que hasta ahora no hab¨ªa ninguna limitaci¨®n legal en la materia.

Las acciones judiciales se producen al mismo tiempo que las medidas del Gobierno contra la empresa que ha lanzado Canal Sat¨¦lite Digital y en combinaci¨®n con un desaforado concierto de ataques desde las peanas period¨ªsticas del poder. Todo viene a corroborar que estamos, y as¨ª se ha entendido ya en no pocos ¨¢mbitos espa?oles y extranjeros, ante un ataque concertado contra un grupo de comunicaci¨®n inc¨®modo para los actuales gobernantes. Y para ello se recurre a la intimidaci¨®n y a la amenaza. Detestable desde las tribunas period¨ªsticas, terrible desde el Gobierno y sobrecogedor desde la justicia.