Felon¨ªa fiscal

EL SECRETO fiscal es uno de los derechos modernos m¨¢s significativos de los ciudadanos en un sistema democr¨¢tico. Respetarlo con escr¨²pulo es el primer deber de toda Administraci¨®n tributaria. La importancia radica tanto en el mantenimiento de la pnivacidad (razones de principio) como en la defensa preventiva de posibles agresiones facilitadas por la publicidad de la situaci¨®n patrimonial del contribuyente (razones instrumentales). El derecho al secreto fiscal no solamente est¨¢ salvaguardado por los Gobiernos; otras instituciones privadas, como la banca, han defendido hasta la intransigencia el principio de la opacidad de los ingresos y gastos de cada ciudadano. El secreto de los datos fiscales no es un capricho ni un privilegio de tercer orden que se pueda devaluar impunemente.Pues bien, el Gobierno de Aznar, en su empe?o por demostrar los supuestos favores fiscales concedidos por el Ejecutivo anterior -socialista- a supuestos "amigos pol¨ªticos", est¨¢ vulnerando gravemente este derecho. Sea porque filtra los expedientes fiscales sujetos a investigaci¨®n en el Congreso, sea porque no protege con el debido celo el secreto. La actuaci¨®n de Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, que mencion¨® durante su comparecencia ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso los datos del expediente de Julio Feo -ex secretario general de la Presidencia con Felipe Gonz¨¢lez-, bajo el nombre supuesto de "Carlos", resulta ya discutible y peligrosa. Pero las graves filtraciones que se han registrado despu¨¦s -la ¨²ltima, la del diputado popular Del Burgo contra la ex directora de la Agencia- permiten albergar una m¨¢s que razonable sospecha de que el Gobierno est¨¢ dosificando en su propio beneficio la informaci¨®n fiscal proveniente de la Agencia y sentando as¨ª un grave precedente de vulneraci¨®n del secreto fiscal, que puede acabar afectando a m¨¢s contribuyentes. Es decir, la utilizaci¨®n de la Hacienda p¨²blica -?tambi¨¦n!- como arma pol¨ªtica.

Hacienda y algunos diputados del PP est¨¢n creando una situaci¨®n absurda en tomo a la investigaci¨®n de la supuesta amnist¨ªa tributaria: mientras el Gobierno niega al Parlamento los nombres y la informaci¨®n concerniente a las actas de inspecci¨®n que dice prescritas, un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n los expedientes aparecen publicados en la prensa o la radio consortes, o voceados con ¨¢nimo inquisitorial por algunos portavoces pol¨ªticos de su partido. Por una parte, se ninguna a la comisi¨®n, y por otra, se hacen mangas y capirotes de la obligaci¨®n del Gobierno de guardar el secreto fiscal, creando inseguridad. Y, por tanto, miedo. El argumento de que muchos de estos expedientes est¨¢n en tr¨¢mite en los tribunales y que resulta dif¨ªcil evitar su filtraci¨®n cuadra p¨¦simamente con la aparici¨®n selectiva de nombres.

Adem¨¢s de ello, las filtraciones beneficiosas para los intereses pol¨ªticos del Gobierno no han sido demasiado afortunadas hasta el momento. Las acusaciones de regalo tributario a La Caixa han provocado la irritaci¨®n de CiU, socio parlamentario de Aznar, y el supuesto perd¨®n de una deuda de 95 millones de pesetas a Julio Feo ha quedado en una interpretaci¨®n interesada, quiz¨¢ prevista para distraer la atenci¨®n del espectacular caso Cascos-Amedo, puesto que el expediente tributario est¨¢ en estos momentos en los tribunales.

El secreto fiscal no es algo que el Gobierno pueda administrar a su capricho para socavar a tal o cual pol¨ªtico de la oposici¨®n. Las filtraciones continuadas no colaboran precisamente a reforzar la confianza de los contribuyentes en la seriedad de quienes gestionan sus datos confidenciales. Los responsables actuales de la Agencia Tributaria deber¨ªan proponerse acabar de una vez por todas con esta manipulaci¨®n pol¨ªtica, por m¨¢s que resulte c¨®moda y ventajosa para los intereses del Ejecutivo. Si no se pone fin a esta pr¨¢ctica, el Gobierno ser¨¢ c¨®mplice de un acto de felon¨ªa contra los ciudadanos. ?Qu¨¦ credibilidad puede merecer el Estatuto del Contribuyente que Aznar ha prometido como piedra angular de su programa si su Administraci¨®n fiscal ni siquiera puede garantizar el derecho de los ciudadanos al secreto?