Los ciudadanos y la Hacienda p¨²blica

Se est¨¢ tramitando en el Congreso uno de los pocos proyectos de ley que el Gobierno del PP ha remitido a esa C¨¢mara: el de derechos y garant¨ªas de los contribuyentes. En opini¨®n de muchos de los que lo conocen, tiene un con tenido recopilador de normas ya existentes que, pese a su cercana promulgaci¨®n, ahora se repiten o se refuerzan terminol¨®gicamente. Comparto este punto de vista, ya que me apoyo en el hecho de que en el inicio de esta d¨¦cada, el Gobierno del PSOE efectu¨® una se rie de reformas cuya finalidad era elevar la calidad de los servicios tributarios, mejorando las garant¨ªas de todos cuantos actuaban en ellos. Modific¨® un viejo y obsoleto modelo de relaciones impositivas caracterizado por la insensibilidad, la incapacidad para aprender y adaptarse, que actuaba sobre ciudadanos pasivos c¨®moda mente instalados en el paradigma imposici¨®n-protecci¨®n.El cambio de modelo se hizo para levantar otro m¨¢s abierto y participativo, en el que la administraci¨®n tributaria facilitaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales informando y asistiendo a los ciudadanos, a la vez que empleaba procedimientos cada vez m¨¢s r¨¢pidos, simples y precisos para ayudar al pago de los impuestos. De esta forma colaboraba con los cumplidores, a la vez que reprim¨ªa a los que voluntaria y conscientemente apostaban por el incumplimiento fiscal.

Estas reformas permitieron dar un gran salto hacia adelante, tanto en el comportamiento de la administraci¨®n tributaria como en el de los ciudadanos. La primera pas¨® a desempe?ar una doble funci¨®n. De un lado, impulsaba tareas habituales y rutinarias al servicio de un objetivo recaudatorio que se apoyaban en un claro componente coactivo, toda vez que las aportaciones voluntarias nunca han sido lo suficientemente abundantes como para llenar las arcas p¨²blicas. A la vez, extend¨ªa la pedagog¨ªa pol¨ªtica, en una sociedad de derechos en ascenso, reduciendo el antagonismo entre los contribuyentes y la Hacienda p¨²blica. Buscando reconciliar a los ciudadanos con su fiscalidad, evitando que aquello que unos no pagan, debiendo hacerlo lo terminen pagando otros porque poseen mayor esp¨ªritu c¨ªvico o porque tienen menos posibilidades de defraudar.

Los ciudadanos, aunque propensos a entender la tributaci¨®n como un imperativo categ¨®rico al que no siempre hab¨ªan de someterse, aceptaron que los impuestos son el precio que se paga por la civilizaci¨®n y que ning¨²n test sirva mejor que el tributario para poner en su verdadero sitio tanto a las personas como a los grupos sociales (Ord¨®?ez).

En este contexto, la definici¨®n de relaciones entre los ciudadanos y la Hacienda p¨²blica -incorpora al menos la parte m¨¢s program¨¢tica del proyecto de ley- es cualitativamente poco novedosa, ya que apenas si acrecienta los derechos ya reconocidos por las leyes actualmente en vigor y que han ve nido siendo garantizados por la jurisprudencia. Es m¨¢s, a partir de esta circunstancia, creo que bien pudiera haberse ahorrado una gran parte de esta iniciativa legislativa -por innecesaria-, cuya oportunidad considero que en modo alguno se justifica en la protecci¨®n y en el desarrollo de los derechos de los contribuyentes, ya que ¨¦stos no ven¨ªan siendo v¨ªctimas de un comportamiento desp¨®tico por la administraci¨®n tributaria.

Por ello, otra ha de ser la motivaci¨®n que ha tenido el PP para remitir el proyecto de ley a las Cortes. Analiz¨¢ndolo, se pone inmediatamente de relieve una orientaci¨®n dirigida a abrir una brecha en la pol¨ªtica de cumplimiento tributario que llev¨® a cabo el PSOE. Desde este panorama, el llamado estatuto del contribuyente es un texto desequilibrado y discriminatorio.

Desequilibrado, dado que las normas y los principios no pueden exigirse en una sola direcci¨®n, puesto que al hacerlo as¨ª se ocasiona un profundo desajuste. Recuerdo que Bernard de Mandeville, en la F¨¢bula de las abejas, sosten¨ªa que los manejos habilidosos de los pol¨ªticos diestros hab¨ªan de conducir a la conversi¨®n de los vicios privados en virtudes p¨²blicas. Pese a lo atinado que ha. resultado en m¨²ltiples ocasiones tal consejo, el Gobierno del PP lo ha echado en saco roto.

Pero, adem¨¢s, ha ignorado un hecho tan b¨¢sico que manifest¨® alguien tan destacado en la teor¨ªa de la Hacienda como Carl Shoup cuando dec¨ªa que la administraci¨®n tributaria es clave para la pol¨ªtica tributaria. Pues bien, apenas se dice algo en favor de ella en el texto que analizo. Resulta notorio el olvido que se hace de los criterios destinados a posibilitar el trabajo de quienes son los encargados de aplicar el sistema fiscal haci¨¦ndolo compatible con el ejercicio de los derechos de los administrados.

La percepci¨®n que tiene que sentir el que se arriesga a incumplir las normas tributarias ni se ha destacado ni se ha potenciado. Aparece aqu¨ª un primer problema, puesto que una actuaci¨®n receptiva de la administraci¨®n tributaria tiene que fundamentar la calidad del servicio que presta, en el combate que desencadena para erradicar las conductas insolidarias, concibiendo su relaci¨®n con los ciudadanos como una tarea compleja en la que es imprescindible definir prioridades y, sobre todo, establecer un fuerte compromiiso pol¨ªtico.

La esfera tributaria siempre est¨¢ pre?ada de intereses que resultan conflictivos y problem¨¢ticos de equilibrar y armonizar. Por ello, constituye una grave equivocaci¨®n el que no se d¨¦ una respuesta a las demandas democr¨¢ticas de quienes preguntan: ?por qu¨¦ se escucha a algunos grupos m¨¢s que a otros?, ?por qu¨¦ en relaci¨®n con los diferentes rendimientos se hacen unas tareas y no otras?, ?por qu¨¦ se pone ¨¦nfasis en corregir la presunta arbitrariedad de un funcionamiento actuante de la Hacienda p¨²blica, a la vez que se articula un procedimiento en el que la administraci¨®n de las pruebas se dificulta tanto que puede resultar una aut¨¦ntica obra de arte hacer una correcta inspecci¨®n a algunos contribuyentes?

Desde el ¨¢mbito pol¨ªtico debe darse una respuesta a estas preguntas y a otras similares. Situado en ¨¦l, considero que la amenaza m¨¢s permanente que se esconde tras el escenario actual est¨¢ en el creciente abandono que se detecta de los compromisos que hac¨ªan que los ciudadanos en m¨²ltiples momentos y en lugares distintos se encontraran como iguales.

La extensi¨®n de una abundancia material sin precedentes en nuestra reciente historia, la confianza cada vez m¨¢s firme en que de ahora en adelante tendremos un nivel de vida superior al que actualmente tenemos, ha posibilitado el que se abra un enfoque distinto de los problemas, en el que la desigualdad vuelve a establecerse y a afianzarse. Como consecuencia de ¨¦l, el respeto social que caracteriz¨® al tr¨¢nsito hacia la democracia y a la etapa de Gobierno del PSOE corre el riesgo de perderse en perjuicio del trabajo manual honrado.

Desde esta perspectiva manifiesto que en las sociedades democr¨¢ticas existe la posibilidad de defender el inter¨¦s personal, pero la cohesi¨®n exige su elevaci¨®n y refinamiento hasta alcanzar "un inter¨¦s personal instruido" (Lasch), en el que el apoyo a esos derechos individuales se acompa?a del respeto a los derechos del resto de los ciudadanos aunque s¨®lo sea porque se espera que todos hagan lo mismo.

La pol¨ªtica -y la pol¨ªtica fiscal como expresi¨®n de la misma- no puede reducirse a la satisfacci¨®n de las demandas individuales, por selectas que ¨¦stas sean. Pese a la cerraz¨®n de los poderosos, a los s¨ªntomas de balcanizaci¨®n en la opini¨®n p¨²blica y a la ignorancia creciente hacia aqu¨¦llos que viven del trabajo productivo en las sociedades, hay intereses globales para cuya cristalizaci¨®n no basta con que se realicen tareas en favor de este o aquel grupo de intereses. La defensa de los intereses generales de los, ciudadanos obliga a mostrar la direcci¨®n que quiere llevarse, situ¨¢ndola por encima de los enfoques particulares que pueden tener algunos de ellos, aunque tan s¨®lo fueran usuarios, clientes proveedores.

Conducir la nave del Estado buen puerto implica se?alar el esquema de preferencias fiscales mostr¨¢ndole a los ciudadanos las orientaciones que se pretende seguir. Desprenderse de la enredadera construida en la tela de ara?a que forman: auditores, consultores, escuelas de negocio, subcontratistas y pol¨ªticos neoliberales. Y todo, porque existen otros factores de legitimaci¨®n.

Quiz¨¢s por ello creo que nos encontramos con que el PP defiende los intereses de unos pocos, a la vez que renuncia a la complicidad de la mayor¨ªa y, lo que es peor, a sus puntos de vista. Tras su actuaci¨®n no cuesta nada ver que en el estatuto de los contribuyentes est¨¢n entrelazados los planteamientos de esos grupos a los que expresamente he aludido, lo que hace que nos hallemos ante un texto ya innecesario, que est¨¢ desequilibrado y que es discriminatorio pol¨ªtica y socialmente.

Que constituye, adem¨¢s, un elemento a?adido a una pol¨ªtica que viene aplic¨¢ndose desde junio de 1996, cuyo hilo conductor, una vez y otra vez, viene consistiendo en reducir la importancia de la capacidad de pago en la determinaci¨®n de la aportaci¨®n fiscal de los ciudadanos y en acentuar la desigualdad tributaria.